La Fiscalía mantiene para el ex presidente de Asaja Valladolid, Lino Rodríguez, una petición de condena de 13 años y seis meses por un delito de administración desleal, otro de falsedad documental en concurso con apropiación indebida y un tercero de falsedad en documento mercantil, por la denominada ‘Operación cebada’, fruto de la denuncia presentada por el tesorero de la organización agraria en el año 2013.

En la última jornada del juicio que arrancó el pasado 24 de febrero en la Audiencia Provincial contra la ex cúpula de Asaja y la mujer de Lino Rodríguez, Ana Isabel de la Fuente, el abogado del expresidente de Asaja, Jesús Verdurgo, volvió a plantear la vulneración del derecho a la defensa de su cliente por no conocer los hechos de la acusación y por no acotar los mismos en el tiempo, a la vez que argumentó que los delitos ya han prescrito.

A su vez, Verdugo sostuvo que se ha vulnerado el principio de intervención mínima y se preguntó qué hacia el derecho penal juzgando este caso, cuando se debería haber resuelto vía civil. También  advirtió de que los informes policiales del caso, a los que calificó de “inquisitivos”, se han convertido en periciales, a pesar de carecer los inspectores del CNP de los conocimientos técnicos adecuados.

En su alegato final, el Ministerio Fiscal recalcó que Lino Rodríguez tenía el control total de Asaja y de sus sectoriales, hasta el punto que reparte los cargos de estas sociedades entre los miembros de la junta directiva de la organización agraria, y que este control también se extendía a la contabilidad y a la disposición del dinero, que lo manejaba a “su santa voluntad”.

En este sentido, recalcó que en la vista ha quedado probado que el tesorero entre 1990 y 2013 Alberto Cano, la persona que denunció la presunta trama, no ejerció nunca como tal y solo fue, como algunos testigos recalcaron, un “títere” en manos de Lino Rodríguez. Además, también recordó que Alberto Cano solía dejar firmadas chequeras enteras en blanco y que fue expulsado de la organización por el propio presidente de Asaja cuando presentó la denuncia.

En su argumentación, el fiscal también aseguró que el contrato de Lino Rodríguez con Derco, una asociación sin ningún tipo de actividad, fue falsificado, pero además no fue autorizado por la junta directiva de Asaja. Es más, afirmó que la directiva de la organización solo se enteró de la existencia del contrato cuando se presentó la denuncia.

A su vez, sostuvo que el control de las cuentas de Asaja era nulo, dado que la contabilidad, que también la controlaba Lino Rodríguez, no se presentaba a la junta directiva, mientras que a las pocas asambleas generales que se celebraron, sólo se llevaban informes generalistas. También apuntó que muchos de los gastos que el expresidente de Asaja realizó durante esos años con las tres tarjetas que llegó a tener a su nombre son de difícil justificación, ya que alguno corresponde a viajes a Disneyland Paris, tiendas de moda en Milán o billetes de avión para él y su mujer en un viaje a Nueva York, además de otros en joyerías, perfumerías, tiendas de muebles...

Dos años de investigación

El fiscal, que también mantiene su petición de penas para el resto de acusados, terminó su intervención afirmando que aunque hay “más cosas” en estos “tristes” 25 años de la historia de Asaja Valladolid, “hemos llegado hasta aquí” gracias al trabajo de la jueza de instrucción y a la dedicación completa de los inspectores de Policía que dedicaron dos años de su carrera a la investigación de este caso.

Por su parte, el abogado defensor de Lino Rodríguez, sostuvo que en una organización empresarial en la que trabajaban un decena de personas era imposible que su cliente controlara todos los movimientos, y sostuvo que era lógico que percibiera un sueldo dado que tenía dedicación exclusiva. Además, recalcó que no se ha demostrado que él falsificara su propio contrato laboral y que durante los 25 años de su gestión al frente de Asaja las cuentas fueron aprobadas en las asambleas generales.

Para la esposa de Lino Rodríguez y administradora de la gestoría Sodeprin, Ana de la Fuente, la Fiscalía mantiene dos años de prisión por un delito de falsedad documental en concurso con apropiación indebida; para Fernando Redondo, exsecretario de Asaja, seis años por apropiación indebida, y para Gerardo Rico, ex vicepresidente de, cinco años de prisión por apropiación indebida y falsedad en documento mercantil. Los abogados de los tres han solicitado la libre absolución de sus clientes.

“Tanto monta”

Mientras tanto, la acusación ejercida por Asaja, sostuvo mucho de los argumentos del fiscal y apuntó que tampoco figura ningún acuerdo de la asamblea o de la junta directiva autorizando a Lino Rodríguez a duplicar el sueldo, a la vez que enumeró numerosos gastos cargados a tarjetas de la organización que no se puede justificar como de representación ya que están relacionados con el pago de cuotas en colegios , seguros familiares o tiendas de ropa. “Lino y su esposa se beneficiaron de un entramado fraudulento. Tanto monta, monta tanto, Lino Rodríguez como Ana Isabel de la Fuente”.

Por último, el abogado que ejerce de la acusación por parte de la cooperativa Indycons, aseguró que en la vista se ha demostrado que Lino Rodríguez y Gerardo Rico urdieron un plan para transferir dinero desde Indycons a Campo de Peñafiel, otra cooperativa fundada por Asaja, con el único objetivo de que “acabará en sus bolsillos”, y recalcó que las facturas presentadas para intentar justificar este traspaso son falsas.