Más de 27.000 vallisoletanos soportan unos niveles diarios de ruido muy por encima de los límites saludables. La situación más crítica, derivada sobre todo del impacto del tráfico rodado, se vive en la zona de Filipinos, Arco de Ladrillo y la carretera de Madrid, donde hay unos 3.000 vecinos afectados por altos índices de contaminación acústica. Aunque se ha comprobado que en otras siete áreas de la capital reside un 45% de la población con un impacto medio por este problema.

Para mitigar esta problemática, el Ayuntamiento de Valladolid aprobó en 2018 el mapa del ruido, que se actualizó en junio de 2022 con el plan específico, del que ahora se han desarrollado distintas líneas de acción. El documento, que ahora mismo está en exposición pública para sumar las aportaciones vecinales y de colectivos interesados, debe estar aprobado antes de enero de 2025, tal como exige la Unión Europea.
En el mismo se detalla la necesidad del reasfaltado de las calles más conflictivas con pavimento fonoreductor, la puesta en marcha campañas de concienciación, la aplicación de más restricciones en las zonas de concentración de bares, la realización de controles de los tubos de escapes de las motocicletas y la creación de 'zonas tranquilas' para que los vallisoletanos puedan escapar puntualmente del bullicio urbano.

Estas propuestas, que se plantean desde el área de Medio Ambiente para desarrollar en los próximos cinco años, quieren contribuir a rebajar el porcentaje de población que soporta niveles medios de ruido por encima de los límites permitidos, que ahora es del 3%. La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que cualquier sonido por encima de los 65 dB (decibelios) durante el día y 55 dB de noche afecta a la salud de las personas. 
Eso implica que estos vecinos están sometidos a un 'martirio sonoro' que puede tener consecuencias para la salud física y psicológica. Esto se debe, en parte, a que viven cerca de las vías y grandes avenidas que vertebran el tráfico hacia los polígonos, y al deficiente aislamiento acústico de las viviendas. Además, algunas de estas vías no tienen limitada la velocidad a 30 kilómetros por hora y donde existe la limitación, es habitual que no se cumpla por muchos conductores.

080524JT_0010.JPG - Foto: Jonathan Tajes

En este plan de acción se priorizan las medidas y se evalúa su índice de efectividad, aunque se matiza que su aplicación se realizará «en la medida que los presupuestos y recursos en cada área lo permitan». 
La que se considera más inmediata y más efectiva es la de utilizar pavimento fonoreductor en las calles donde se localizan los niveles rojos de saturación acústica. En este caso, la Concejalía de Medio Ambiente, encarga de realizar el plan, ha calculado el coste en base a una aproximación de 15 euros por metro cuadrado de calzada. «La aplicación en la zona de prioridad alta, entorno de Arco de Ladrillo, supondría un coste cercano a 456.000 euros», apunta. Aunque se matiza que «lo lógico es plantear esta sustitución de forma progresiva, a medida que se necesite cambiar las capas de rodadura de estas vías. En global la acción estaría por encima de los 4.044.113 euros».

Una partida presupuestaria que deberá asumir la Concejalía de Tráfico y Movilidad. En esta área también se ha analizado el impacto que tendrían otras medidas, como puede ser la de reducción del tráfico. El plan concluye que la restricción de la circulación, llegando a la peatonalización, es una «acción complicada» desde otros puntos de vista ajenos al ruido. 

Sin embargo, reconoce que el planteamiento de nuevas zonas peatonales debe ser fruto de una «acción global» en la que se consideren también las repercusiones de movilidad en la ciudad. Por contra, no lo que se aconseja no descartar es el uso de señales interactivas para concienciar al público del cumplimiento de las restricciones de velocidad, por motivos de preservación del descanso vecinal.

Ocio y eventos

También hay otras áreas de la capital donde la incidencia del ruido es muy alta, sobre todo por las noches, como sucede en la zona centro por los efectos del ocio nocturno. De hecho, es uno de los caballos de batalla de los vecinos. Aquí ya se han declarado dos zonas saturadas acústicamente (ZAS) en Coca y San Miguel. Además, se está estudiando la implantación el próximo año de una tercera en Cantarranas, y está previsto también iniciar las mediciones para declarar una cuarta en la zona de Catedral-Paraíso. 

En el plan de acción también se contempla implementar limitaciones zonales para controlar que solo se realicen eventos musicales o deportivos cada dos semanas. Incluso se abre la posibilidad a que cada área estudie la prohibición de la planificación de actividades dos días seguidos y con una duración máxima de dos horas en una misma zona de influencia, excepto en periodo de ferias.

Y entre los requisitos para la organización de dichos eventos se propone implementar la obligatoriedad de mantener una distancia mínima de cuatro metros de los altavoces a las fachadas residenciales. En el caso de grandes eventos, que superen el aforo de 5.000 personas, se plantea la necesidad de uso de pantallas acústicas portátiles.

También se plantea a la Concejalía de Movilidad, que se encarga de gestionar los permisos de las terrazas, que en la revisión de la ordenanza que las regula se incluya la casuística de las ubicadas en las zonas ZAS: con revaloración de autorizaciones, posible disminución de aforo, área, horario etc.. Y también advierte de la necesidad de un estudio acústico previo con estimaciones de impacto en la zona. 

El plan no se olvida del control de las obras en la vía pública y propone medidas para los trabajos nocturnos, entre 23:00 y 8:00 horas. En este caso, apuesta por exigir un certificado acústico a la maquinaria de uso al aire libre, un estudio acústico, medidas correctoras y empleo de pantallas acústicas portátiles, que se va a utilizar en las obras.

Con las medidas propuestas se estima que se puede reducir de forma global un 21,22 % la población expuesta a una probabilidad de desarrollar enfermedades cardíacas isquémicas y molestias intensas. También se debería bajar de forma global en un 21,68 % los expuestos a una probabilidad de desarrollar alteraciones graves del sueño.

Una vez aprobado, el plan debe ser revisado y modificado cada cinco años.