La deuda con los bancos ya llevó a finales de 2015 al soterramiento a una vía muerta. La falta de liquidez de la sociedad Valladolid Alta Velocidad (VAV), integrada por el Ayuntamiento, la Junta y el Ministerio de Fomento, y la deuda de más de 400 millones que mantenía con un pull bancario fue el detonante que llevó al entonces alcalde, Óscar Puente, a pedir su liquidación.
Casi diez años después estamos en la cuenta atrás, de la que queda poco más de una semana, para conocer otra vez el futuro de esta sociedad. Esta vez, el ultimátum llega desde el Ministerio de Transportes, vía Adif, que requirió el pasado día 10 al Ayuntamiento para que cumpla sus obligaciones en los pasos pendientes de licitar, en la reurbanización de la calle Salud y en el suelo de los talleres. Y además, le reclama que ingrese su aportación anual, que este año es de 11 millones, o invocará la disolución de la misma.
Desde el Consistorio vallisoletano se reiteran en que no se ha producido «ningún incumplimiento». El equipo de Gobierno repite una y otra vez que contestarán «en tiempo y forma» al requerimiento, pero no aclaran si pagarán o no los 11 millones de euros pendientes. Uno de sus argumentos para pedir el aplazamiento de esta cuota es que la sociedad VAV tiene suficiente dinero en caja para afrontar los pagos pendientes, de las obras en ejecución, como la de la reforma del túnel de Labradores o la variante de mercancías.
Cuentas de la VAV
¿Cuánto dinero tiene en caja la sociedad? Según las últimas cuentas aprobadas y publicadas, las correspondientes al ejercicio de 2023, la sociedad Valladolid Alta Velocidad tenía en 73,38 millones de euros en efectivo. Un dinero que se contabiliza en Tesorería y que equivale a la cantidad disponible para el funcionamiento ordinario de la misma.
Un colchón que tiene la contraparte en otro apunte de las cuentas anuales, el que refleja que las deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo asciende a 589,2 millones de euros, de los que 396,47 corresponderían al crédito mercantil y a los intereses del mismo, que se arrastran de la operación frustrada del soterramiento.
¿De dónde procede esta deuda si en junio de 2017 se acordó que Renfe y Adif asumieran el agujero patrimonial para evitar la disolución de la sociedad VAV? En aquel momento el déficit era de 404 millones. En noviembre de ese mismo año, ambas entidades desembolsaron 196,9 millones y suscribieron una subrogación en el contrato de línea de crédito con el pull de entidades bancarias por 342,1 millones de euros, que se incrementó al año siguiente en 2,7 millones. A esto hay que añadir 70 millones de euros en intereses, a fecha 31 de diciembre de 2023.
Además, cada año, hasta la finalización del convenio, que se puede dilatar hasta 2033, los intereses se incrementan en una media de 10 millones. En el momento de la subrogación del crédito se acordó que el primer año el tipo sería del 2,57% por ciento, revisable anualmente en función de la evolución del coste medio de la deuda. De hecho, en 2018 ya se elevó al 3,75%.
La advertencia de disolución que ha puesto Adif sobre la mesa y el recordatorio de la asunción de la deuda entre los socios dibuja un escenario muy incierto. Hasta el momento Adif y Renfe 'avalan' esa deuda, que sigue en las cuentas de la VAV porque el compromiso es que recuperarán ese dinero con la venta de los terrenos liberados con la operación de integración ferroviaria. Esos suelos corresponden a los antiguos talleres de Renfe, a un solar en la calle Recondo y los espacios que se liberaran en la actual estación de autobuses, la antigua estación de La Esperanza y el polígono de Argales. En este sentido, la titularidad de esos suelos también está en el requerimiento de Adif. La empresa recuerda, en el escrito que presentó en la Comisión de Seguimiento del Convenio de 2017, que no se ha cumplido ese compromiso.
Tanto el pago de las cuotas anuales como la permuta de los terrenos son básicos en la arquitectura financiera de la sociedad. En las anotaciones de las cuentas se recuerda que las aportaciones que los socios (Adif, Renfe, Junta de Castilla y León y Ayuntamiento de Valladolid) realizan anualmente, y que este año el Ayuntamiento pide paralizar porque hay dinero en caja, se podrían recuperar con la venta de los terrenos liberados. Eso sí, matiza que serán reembolsadas si hubiera fondos después de devolver a Renfe y Adif el total del crédito mercantil y los intereses.
AL DETALLE
¿Cómo se pagará la deuda con Renfe y Adif?
En las cuentas de 2023 se detalla que en el caso de que el precio alcanzado por la venta todos los terrenos, aportados por parte de los accionistas a la Sociedad Valladolid Alta Velocidad, fuera inferior al de las existencias entregadas o pendientes de entregar por esta a los accionistas, que totalizaban a 31 de diciembre de 2023 un valor de 396.470.628 euros, de conformidad con el Convenio suscrito en noviembre de 2017, se deberán adoptar los acuerdos que correspondan para solucionar el posible déficit para que no afecte al patrimonio neto de la sociedad.
¿Qué suelos se liberarán?
Las empresas públicas Adif y Renfe 'avalan' parte de la deuda, que sigue en las cuentas de la VAV, porque el compromiso es que recuperarán ese dinero con la venta de los terrenos liberados con la operación de integración ferroviaria. Esos suelos corresponden a los antiguos talleres de Renfe, a un solar en la calle Recondo y los espacios liberados en la actual estación de autobuses, la antigua estación de La Esperanza y el polígono de Argales.
¿Por qué existe esa deuda?
Hace ya más de dos décadas se fio la viabilidad de soterrar a la venta de estos suelos, donde se planteaba generar un nuevo 'skyline'. La crisis acabó con el cuento de la lechera de vender las más de 70 hectáreas por casi 1.100 millones de euros. Esa valoración originaria de 2003 bajó más de un 20 por ciento en 2011, hasta los 928,7 millones. Y desde entonces la hucha que suponían esas parcelas fue menguando hasta los 397,3 millones en que se valoraron en 2015. Cuatro años después, el valor remontó a los 401,5. Una cifra que coincidía con la deuda que la sociedad Valladolid Alta Velocidad, encargada de ejecutar este proyecto, mantenía con los bancos por el préstamo que pidió para ejecutar varias dotaciones, como los nuevos talleres de Renfe, vinculados a la operación.
Las últimas tasaciones se han realizado con el nuevo escenario de la integración en superficie y con la revisión del Plan General de Ordenación Urbana, aprobada en 2020. Esto implica que en el valor de los suelos se tiene en cuenta el convenio que firmó en 2017 el Ayuntamiento con la Junta y el Gobierno central para financiar las obras de sutura de la vía mediante más de una veintena de pasos inferiores y pasarelas, y el cambio del modelo de financiación.