En julio del año 2007 se estrenó el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (VioGén), una herramienta que nació con varios objetivos. Por ejemplo, integrar en un mismo lugar toda la información de interés que las diferentes instituciones y órganos tengan sobre los casos de violencia de género. Y, en base a ello, establecer un determinado nivel de riesgo y poner en marcha las medidas de seguridad asociadas al mismo.
Los datos que hacen referencia a Valladolid ponen de manifiesto que el número de casos con seguimiento activo han seguido una línea ascendente en el último lustro. De hecho, en agosto de este año se llegó a los 665, la cifra más alta de la última década, que ha descendido ligeramente en octubre hasta los 660. Bien es cierto que, de ellos, casi la mitad, 326, están dentro del nivel de riesgo 'no apreciado'. En estos casos, el protocolo se limita a informar a la víctima de sus derechos y facilitar medidas de autoprotección.
En la provincia hay otras 287 mujeres que tienen un riesgo 'bajo', lo que implica, entre otras cosas, que los agentes se ponen en contacto con ella de forma esporádica para comprobar que no hay ningún problema. También se informa al agresor de que la mujer tiene medidas de protección policial y se le insta a entregar a la Policía las armas en caso de que tenga licencia para ellas, mientras se requiere a la autoridad judicial que se retire la misma. En este nivel de riesgo también se pueden establecer medidas complementarias, como acompañar al denunciado a recoger sus enseres a casa en el caso de que la autoridad judicial acuerde la salida de la misma, o la confección de una ficha con datos relevantes de la víctima y del agresor para que la patrulla la lleve siempre consigo.
Con las 44 mujeres que tienen un riesgo 'medio' se aplica un protocolo bastante más intenso. Por ejemplo, se hace una vigilancia «ocasional y aleatoria» de la víctima en su domicilio y lugar de trabajo, del mismo modo que también se vigila la entrada y salida de sus hijos en el colegio (la mitad de las mujeres con esta protección tienen menores a su cargo). El riesgo 'medio' también implica acompañar a la víctima cuando tenga que llevar a cabo trámites judiciales, asistenciales o administrativos que puedan suponer un peligro para ella. Entre las medidas complementarias que se pueden añadir está el traslado a la víctima a un centro de acogida.
La situación más complicada es la de las tres mujeres que actualmente tienen un riesgo 'alto'. Aparte de la vigilancia de ella y sus hijos en domicilio, centro de trabajo y colegios, se le insta a su traslado a un centro de acogida o a la casa de un familiar, especialmente durante los primeros días, si no se ha procedido a la detención del agresor. En este nivel, también se establecen contactos esporádicos con personas del entorno del agresor y de la víctima, como vecinos, familiares, compañeros de trabajo, etcétera. Actualmente no hay ninguna mujer en nivel de riesgo 'extremo'. En estos casos, se establece una vigilancia permanente de la víctima y de los movimientos del agresor y se diseña un plan de protección personalizado.
Recursos policiales
Evidentemente, todas estas medidas implican unos recursos policiales que, según denuncian los sindicatos, no siempre son los más adecuados. Fuentes del Sindicato Unificado de Policías (SUP) sostienen que en Valladolid solo hay tres agentes dedicados a estas medidas de protección. Es lo que se conoce como la Unidad de Prevención, Asistencia y Protección (UPAP). Cada uno de ellos tiene asignadas unas 90 mujeres con diferentes medidas. Esta unidad, a su vez, está integrada en la de Atención a la Familia y Mujer (UFAM), que cuenta con 18 efectivos en Valladolid. «Hay que invertir en más medios de la Policía para que las víctimas estén más protegidas, no solo en otros estamentos», señalan desde el sindicato.
Una petición que viene avalada por un incremento de determinados indicadores sobre violencia de género. Aunque en el primer semestre se han presentado 618 denuncias, un 6,9% menos que en el mismo periodo del año pasado, según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), los asuntos atendidos por los letrados del Turno de Oficio específico de Violencia de Género del Colegio de la Abogacía de Valladolid (Icava) han aumentado un 43% desde el año 2014, hasta alcanzar su número más alto en 2022, con 762 expedientes. La letrada Rosa María Gil López, una autoridad en el tema, considera que hay una razón por la que no se termina de atajar este problema: «se está haciendo todo lo posible desde determinados sectores sociales, fundamentalmente políticos, para desvirtuar la violencia de género, señalando que no existe, denominándola violencia intrafamiliar o negando la realidad de los hechos... esto va a peor». Según ella, esto va «absolutamente en perjuicio de la lucha contra la violencia de género», pese a que se vayan a cumplir 20 años de la aprobación de la ley integral en esta materia. López también cree que «la gente joven cada vez está menos concienciada con este tema», no solo porque algunos hombres la nieguen, sino porque «algunas jóvenes siguen con los estereotipos de 'cuánto me quiere porque me controla'».
Aparte de los 660 casos activos en Viogén, hay otros 7.206 que a día de hoy permanecen inactivos, lo que eleva el número total de víctimas a 7.048.