Un tercio de los casos de maltrato se produce en los pueblos

R.G.R / Ó.F.
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Las mujeres que viven en localidades pequeñas tienen más difícil el acceso a recursos y miedo a denunciar por si se enteran los vecinos

Un tercio de los casos de maltrato se produce en los pueblos - Foto: Óscar Solorzano

Aparte del miedo y la culpabilidad, uno de los sentimientos más frecuentes entre las víctimas de violencia de género es la vergüenza. El pánico a que otros se enteren de lo que está sufriendo, aunque no tenga ninguna responsabilidad sobre ello. Y ese factor es mucho más importante en los pueblos pequeños, donde casi todo el mundo se conoce y donde las noticias corren casi a más velocidad que en las redes sociales.

Las asociaciones que trabajan con estas mujeres sospechan que hay muchos casos silenciados, denuncias que no se ponen en los pueblos por este motivo. Y por otros, como una mayor dificultad de acceso a los recursos.

Y, pese a estas dificultades, un tercio de las mujeres que ha pedido ayuda este año por violencia de género procede del ámbito rural. Al menos eso es lo que se desprende de los datos de la Asociación de asistencia de víctimas de agresiones sexuales y malos tratos (Adavasymt). En lo que va de año, este colectivo, con casi tres décadas de experiencia, ha gestionado 110 casos nuevos, frente a los 98 de todo el año pasado. Y, de ellos, 36 se han registrado en el ámbito rural. «Hay una mayor reticencia de las mujeres a poner la denuncia y que se conozca su caso, porque en los pueblos pequeños se siente esa presión de los vecinos y vecinas», explica Sofía Larrea, trabajadora social de la asociación. Es decir, que la cifra real podría ser mayor.

Además, se da la circunstancia de que en esas zonas no existen algunos recursos que sí están disponibles en la capital, como el Centro Municipal de Igualdad. «Al final tienen que recurrir al centro de acción social que tengan más cerca o a una comisaría de la Guardia Civil, lo que, en ocasiones, implica desplazarse a otro pueblo», añade. Y, en determinadas circunstancias, cada pequeña dificultad puede ser decisiva para tomar la decisión de denunciar o no hacerlo.

Circunstancias que también confirman desde la asociación Fademur, colectivo de mujeres rurales que trabaja con víctimas de violencia de género. Marta Torres es la responsable del programa Cultivando Igualdad, que ayuda a mujeres maltratadas. Explica que el acceso a los recursos contra el maltrato sí existen en el medio rural, pero  las mujeres no siempre los conocen. «El hecho de acudir al cuartel de la Guardia Civil, donde seguro que la conocen, imposibilita que las mujeres denuncien. Allí puede estar su primo, su amigo o su vecino, y eso no es viable». Por ello, desde la asociación han puesto en marcha una iniciativa de lugares seguros, donde puedan denunciarse este tipo de casos sin pasar por el escarnio público del maltrato. «Hemos creado una red de lugares, como oficinas de correos o de un sindicato agrario, donde las denuncias se pueden hacer desde el anonimato», comenta Torres. 

Asegura que los casos de violencia de género en el medio rural siempre han estado presentes, pero que ahora son todavía más numerosos. Una afirmación que se contrasta teniendo en cuenta los casos que se atienden desde los centros de acción social pertenecinetes a la Diputación. Son los espacios que atienden de forma mayoritaria a las víctimas en los pueblos y su trabajo aumenta año a año.  

más víctimas. Desde el año 2019, los trece centros han trabajado específicamente con 887 mujeres víctimas de la violencia de género. En 2019 fueron 123 y en este 2023 ya son 247. El aumento es notable. Funcionan como puerta de entrada a cualquier persona que demande servicios sociales y atienden, entre otras personas, a mujeres víctimas de violencia de género que, o bien demandan expresamente ayuda o que, yendo a pedir otra clase de recursos, se detecta que puede ser víctima de violencia de género.

Realizan, tras las primeras comprobaciones, una intervención directa y seguimiento, o bien se deriva el caso al programa específico de la corporación local. A través de este programa de atención a víctimas, en 2021, gracias a un convenio con el Colegio de Abogados de Valladolid, se atendieron 169 casos y se llevaron a cabo 246 actuaciones (órdenes de protección, 78; denuncias, 50; juicios rápidos, 65; diligencias previas, 40, y consultas, 13). Un año después, en 2022, las atenciones se elevaron hasta las 372 (órdenes de protección, 89; denuncias, 94; juicios rápidos, 129; diligencias previas, 51 y consultas, 9), todas ellas pertenecientes a 193 mujeres. Es decir, el incremento en el último año con datos completos creció un 51 por ciento. Los centros de atención se coordinan además con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, con los que mantienen reuniones periódicas de seguimiento de los casos. 

Otra de las tareas específicas que realizan es la emisión de acreditaciones como Víctimas de Violencia de Género a las mujeres que lo solicitan, para presentar en diferentes organismos para facilitar el acceso al mercado laboral, el bono social eléctrico, comedor escolar, etcétera. Desde estos centros se han emitido 57 acreditaciones en el año 2022 y, hasta octubre de este año, 47.

El servicio de Teleasistencia como recurso de apoyo permite un seguimiento de las mujeres víctimas de violencia o amenazadas y paliar, en la medida de lo posible, situaciones de riesgo. Es un servicio a nivel nacional responsabilidad de la Federación Española de Municipios y Provincias y gestionado a través de Cruz Roja, donde las corporaciones locales se adhieren, para la gestión de los casos de las mujeres víctimas de violencia de género de su ámbito competencial. La Diputación de Valladolid se unió a este programa en el año 2006. En líneas generales, el número de mujeres con este recurso se ha mantenido estable al equilibrarse las nuevas altas con las bajas que se van produciendo. El acceso al mismo se realiza a través de los CEAS y no existe lista de espera. A día de hoy, son 72 las mujeres en activo y, a lo largo de este año, se han realizado 31 altas y se han producido 45 bajas.

La Diputación también tiene suscrito un convenio de colaboración con la congregación religiosa  de Adoratrices para el mantenimiento de la casa de acogida 'Micaela', para mujeres víctimas de violencia de género. En el año 2019, se ofreció alojamiento a diez mujeres con sus cinco hijos menores de edad y en este año se ha atendido ya a once familias.