Sí, en las Cortes de Castilla y León también se trataron temas relacionados con la Comunidad en dos jornadas marcadas por la crispación política y el ruido que envuelven los pactos del PSOE para la investidura de Pedro Sánchez. Aunque a duras penas, pues la amnistía y la condonación de la deuda volvieron a brotar en el debate parlamentario con referencias forzadas en casi cualquier moción debatida, la sesión plenaria de ayer sirvió para que el legislativo ejerciera sus funciones y diera luz verde a distintos acuerdos. El más relevante fue la aprobación de la proposición de ley para bonificar el 95% de las tasas del servicio veterinario durante dos años, hasta el 31 de diciembre de 2025, y la prórroga durante otros dos de la exención de las tasas por las licencias de caza y pesca. La ley, planteada por PP y Vox y cuyo debate giró de nuevo en torno a la amnistía y la deuda, fue respaldada por todo el arco parlamentario, excepto por el procurador Francisco Igea (Cs), que se abstuvo, al entender que se trata de «un regalo clientelar» a los cazadores y pescadores.
Los socios de Gobierno, a través de los procuradores Ángeles Prieto y José Antonio Palomo, enmarcaron la iniciativa en el respaldo permanente al mundo rural, mientras que la socialista Rosa Rubio, que votó a favor, dudó de que sea así y apuntó a «la demagogia» y a «pescar votos» entre agricultores y ganaderos, según informa Ical.
La jornada también sirvió para que el proyecto de ley de Patrimonio Cultural siga su tramitación en las Cortes después de que el pleno desestimará la enmienda a la totalidad del Grupo Socialista, con los votos en contra de PP, Vox y Ciudadanos, la abstención de UPL-Soria Ya y de Por Ávila y el único «sí» de Unidas Podemos. El procurador socialista Ignacio Martín Benito, en la presentación de la enmienda a la totalidad, calificó de «innecesaria» la nueva ley que el consejero del ramo, Gonzalo Santonja, defendió el patrimonio como motor económico, turístico y para fijar población y afirmó que se regula el papel de los agentes en su gestión.
Las Cortes instaron igualmente a que el Gobierno realice las modificaciones necesarias para mejorar las pensiones y cobertura social de los profesionales de la abogacía, unos 65.000, que tienen contratado con la Mutualidad un sistema que se ha demostrado «insostenible» y que limita sus derechos sociales. La PNL presentada por el Grupo Popular, aprobada con el voto a favor de todos los grupos y la abstención socialista, pide regular un tránsito al régimen de la Seguridad Social (RETA) de los mutualistas de la abogacía y la procura que lo soliciten. Por último, y también sin ningún voto en contra, se aprobó pedir a la Comisión Europea un estudio sobre el impacto en el sector cárnico de la revisión de la norma europea de bienestar animal.