Todo el arco parlamentario, salvo Vox, apoyó ayer la tramitación de la reforma del artículo 49 de la Constitución para eliminar el término «disminuido» y sustituirlo por el de «persona con discapacidad». Que la sociedad va casi siempre por delante de sus instituciones parece una obviedad a la vista de un cambio como este, que ha tardado varias décadas en ver la luz y que no ha logrado el acuerdo de los dos grandes grupos políticos hasta el pasado mes de diciembre. Hace mucho tiempo que el grueso de la ciudadanía ha dejado de llamar «disminuidos» a quienes tienen una discapacidad, sea esta física, sensorial o intelectual; incluso se ha apostado en los últimos años por hablar de «capacidades diversas» y, sin embargo, hasta ahora no ha sido posible materializarlo en la ley de leyes. Mañana se aprobará en la Cámara Baja, tras las cuarenta y ocho horas reglamentarias para presentar alegaciones, y posteriormente pasará al Senado para su convalidación. Es previsible que a mediados de febrero pueda publicarse en el BOE y se acabe de esa forma con una terminología que encierra un componente despectivo y otro discriminatorio.

Es un ámbito este en el que las palabras importan, y mucho, sobre todo, a quienes se ven directamente afectados por ellas, a su entorno más próximo y a los colectivos que trabajan en pro de su plena integración. Porque, si bien es cierto que la propia Constitución reconoce la igualdad de todos los españoles y la no discriminación por el motivo que sea, que a uno le llamen «disminuido» no facilita que sea visto como un individuo con los mismos derechos que los demás. Es ahí donde empieza la discriminación y donde falla lo que tendría que ser respeto a la diversidad, tirando por tierra los esfuerzos normativos y los avances sociolaborales de los afectados. Y es ahí, asimismo, donde desde hace muchos años inciden los colectivos de personas con discapacidad, en eliminar todo tipo de barreras, empezando por la del lenguaje.

Así las cosas, cuesta entender que Vox se diga favorable al cambio, pero se abstenga, aduciendo que la reforma llega en un «clima constante de ataque a la Constitución», cuando se trata de mejorarla en beneficio de un colectivo importante de la sociedad. Tampoco es de recibo que algunos grupos aprovechen para plantear enmiendas, no en el sentido de este cambio, sino con la vista puesta en otras modificaciones de la Carta Magna. La política es, o debe ser, un ejercicio de responsabilidad en beneficio de la ciudadanía y a favor del bien social. Siempre. Y si, pese al clima de crispación y a la polarización reinantes, PSOE y PP han llegado a consensuar un buen cambio, las actitudes de otros no parecen derivar de planteamientos constructivos.