El Consejo de Medio Ambiente de la UE aprobó formalmente este lunes en Luxemburgo la Ley de Restauración de la Naturaleza (LRN), una norma que tiene por objeto establecer medidas para restaurar al menos el 20% de las zonas terrestres y marinas de la UE de aquí a 2030 y todos los ecosistemas que necesiten restauración de aquí a 2050. La aprobación ha sido posible gracias a la ministra de Medio Ambiente de Austria -cuyo Gobierno se había mantenido hasta ahora en contra de la ley-, que ha votado a favor del texto cambiando así el resultado final que se esperaba.
Según el comisario de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius, el texto es «justo, equilibrado y sólido, adaptándose a las demandas de todos los actores y responde a una crisis en la biosfera. Es una acción contra el cambio climático, básica también para los sistemas hídricos, la seguridad alimentaria, los bosques, la biodiversidad, en definitiva, una medida clave para el futuro». El problema es que ese «adaptándose a las demandas de todos los actores»" no es del todo cierto, ya que esta norma ha tenido a gran parte del sector agrario en contra desde el primer momento.
«El sector primario, y nuestros agricultores, sobre todo, tienen un enorme desafío delante con el cambio climático y tienen una gran dependencia de la calidad de los suelos y la calidad de la biodiversidad. No aprobar esta ley sería un gran error y una gran amenaza para nuestros ecosistemas y la actividad agrícola. A algunos nos hubiera gustado recibir más respaldo social, pero lo importante es no dar marcha atrás y cerrar favorablemente esta ley, tras el respaldo favorable en el Parlamento Europeo y en los trílogos», señaló Teresa Ribera, ministra para el Reto Demográfico, que no se sabe si no es consciente de las demandas del sector primario o prefiere ignorarlas directamente.
El sector ya ha reaccionado a esta nueva norma. Es general hay dudas sobre la financiación que se empleará para aplicar la ley y las organizaciones agrarias temen que los fondos necesarios puedan salir de los que en principio están destinados a la Política Agraria Común (PAC). También hay inquietud por las consecuencias que pueda tener para agricultores y ganaderos, sobre todo para aquellos que ejercen su actividad dentro de áreas protegidas.
Otra fuente de preocupación es el hecho de que es imposible que la UE pueda exigir a los productores de terceros países los mismos requisitos medioambientales, dejando vendidos una vez más a los comunitarios: «Es prácticamente una utopía pensar que la UE puede imponer en terceros países que se incluyan estas exigencias medioambientales», afirman desde COAG. Y preocupa también la postura del Ministerio de Teresa Ribera. Desde ASAJA tienen «nula» esperanza en que el departamento de Ribera establezca una interlocución con el sector para el desarrollo de un plan estratégico que marque la aplicación de la norma en España y han dudado que les vayan a citar «para debatir de tú a tú, para proponer ideas, para proponer la aplicación correcta».
Unión de Uniones presentará una iniciativa para derogar los artículos que tienen un impacto negativo para el sector agrario español y europeo una vez se haya conformado el nuevo Parlamento Europeo. La organización destaca las excesivas cargas ambientales que ya soportan los agricultores y ganaderos con el aumento consiguiente de los costes. E inciden en que, en muchos casos y en muchas explotaciones, no han demostrado una incidencia favorable en los objetivos ambientales o climáticos perseguidos.
Unión de uniones recuerda que esta ley afectará a las prácticas llevadas a cabo en tierras de uso agrícola y ganadero y que podrán implicar la obligación de introducir elementos paisajísticos, reducir el pastoreo, detener el uso de fitosanitarios, fertilizantes químicos y estiércol animal; y que también puede exigir el abandono de explotaciones y terrenos para permitir que los ecosistemas desarrollen sus propias dinámicas. Todo ello sin que, además, se contemple una dotación financiera adicional para cubrir y compensar estas nuevas exigencias, un problema del que se quejan todas las organizaciones agrarias.
«Parece que los agricultores nunca salimos a la calle», se quejan desde la organización. «Precisamente, unas de las reivindicaciones que teníamos era no seguir aprobando medidas agroambientales mal entendidas que solo se traducen en aumento de cargas y costes», añaden.
El coordinador estatal de la organización, Luis Cortés, ha dicho que la ley «no tiene ni pies ni cabeza» y que hay artículos donde se ponen condicionantes «absurdos», como el abonado con materia orgánica o el uso de parcelas abandonadas para que la naturaleza vuelva a su estado inicial. «Vamos a hacer una ley para abandonar terrenos agrarios cuando hay escasez de alimentos (...) Nuestra misión ahora será intentar presionar para que se derogue, porque no es buena para la agricultura, la ganadería ni para la naturaleza», ha finalizado Cortés.
ASAJA, COAG y UPA.
El director de ASAJA en Bruselas, José María Castilla, ha manifestado que «hoy es un día triste que va a recordar todo el sector agropecuario». «Parece ser que ha sido pasar las elecciones europeas y que nada ha cambiado, seguimos con poner al campo como si fuera parte del problema y no de la solución». Aunque serán los Estados miembros los que tengan que realizar los planes para aplicar la nueva ley, ASAJA ha remitido a «la experiencia de los planes estratégicos de la PAC, donde citan al sector pero no cuentan con él». Según Castilla, la nueva legislación presenta tres problemas principales: no se sabe cómo se financiará la restauración que pretende, no hay mención a las exigencias a los países terceros o a las «cláusulas espejo» y, además, esa responsabilidad de los países, a su juicio, provocará desigualdades. «Pongamos que hay Estados miembros como España, que es más ambientalista, y otros como Portugal, más agrarista; esto va a producir claramente una distorsión en los mercados».
El presidente de la organización, Pedro Barato, ha declarado que «la aprobación de esta ley es una clara traición a los agricultores y ganaderos de España. Nuestra ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha ignorado las necesidades y preocupaciones del sector, optando por respaldar una normativa defectuosa que carece de una financiación clara y coherente para la restauración de los ecosistemas en toda la UE. Esta precipitada decisión nos aboca a un futuro incierto, plagado de disputas legales a nivel regional, nacional y europeo».
Barato ha enfatizado la falta de transparencia y previsión en la aprobación de esta ley, que deja sin respuesta la crucial cuestión de la financiación: «La ley, tal como está, no es aplicable ni aceptable sobre el terreno. Se ha perdido una valiosa oportunidad de revisar y hacer más realista este texto. Una segunda lectura podría haber garantizado una normativa más justa y viable». Tras las promesas electorales, donde la agricultura ha sido un tema central de debate, esta decisión representa una primera señal preocupante para los agricultores y ganaderos sobre las intenciones de sus gobiernos nacionales y de la próxima Comisión Europea, reflexionan desde ASAJA.
Por su parte, fuentes de la organización agraria COAG han mostrado «preocupación» porque no se conoce cómo se va a aplicar la ley y cómo se va a apoyar a los agricultores de las tierras afectadas para que lleven a cabo los cambios que implique esta ley. En este sentido, han resaltado que España tiene un 39% de la superficie de áreas sensibles o protegidas, parte de ella en zonas donde la agricultura es bastante intensa como el Mar Menor o Doñana; en este ámbito esperan tener «interlocución y poder poner las cartas sobre la mesa sobre lo que va a pasar con esta actividad agrícola y ganadera», además de poder participar en la elaboración del plan estratégico para aplicar la ley. Del mismo modo que ASAJA, esta organización también ha mostrado inquietud sobre si se aplicará la misma exigencia a los productos de terceros países.
Sin embargo, desde COAG han matizado que no hay un rechazo radical contra la ley, sino preocupación, porque la UE ha aprobado unos objetivos y corresponde al Gobierno aplicarlos: «Tendremos que incidir para que se nos escuche y no quede ningún agricultor atrás».
El secretario de Relaciones Internacionales de UPA, José Manuel Roche, ha manifestado que «no se pueda aceptar que la restauración de la naturaleza recaiga solo sobre las espaldas de los agricultores», quienes diariamente «cuidan» el medio ambiente. Ha citado Doñana y la laguna de Gallocanta (Aragón) como ejemplos donde la agricultura ya está contribuyendo a dicha restauración. Roche ha recordado que, si bien el texto aprobado es más flexible que el que la UE negoció inicialmente, quedan interrogantes por resolver, como la financiación, y ha pedido una atención especial a la agricultura familiar.
Asimismo, el responsable de UPA ha pedido abordar adecuadamente las necesidades de financiación y se ha opuesto a que se carguen los costes a los fondos de la PAC. «Tiene que quedar claro que estos fondos de la PAC están blindados, que no podrán ser utilizados para estos nuevos planes de restauración y que se tendrán que buscar otros medios de financiación», ha insistido. Además, ha solicitado acompasar las acciones en el tiempo con un grado progresivo de implantación de la nueva norma y una mayor flexibilidad en los plazos propuestos.
El país que facilitó su aprobación recurrirá la ley ante el TJUE.
Austria presentará un recurso de anulación ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de la Ley de Restauración de la Naturaleza, adoptada en el consejo de Medio Ambiente de la UE con el voto a favor de la república alpina, emitido por la ministra del sector (Leonore Gewessler) en contra de la voluntad del jefe del Gobierno, el conservador Karl Nehammer. Así lo ha anunciado un portavoz de la cancillería federal (jefatura del Gobierno), que alega que el voto de Gewessler viola la Constitución del país por no representar la voluntad general de los gobiernos regionales de Austria y de los ministerios afectados. «Suponemos que el TJUE se pronunciará a tiempo, de modo que no será necesario presentar planes nacionales de restauración por adelantado y, por tanto, el innecesario exceso de regulación quedará sin efecto», ha indicado el portavoz.
Desde Luxemburgo, Gewessler ha defendido su proceder y considera que la demanda ante el TJUE no tendrá suficiente base legal. «Lo espero con calma», ha dicho a la prensa; «la decisión de hoy (de adoptar la citada ley) es una victoria para la naturaleza».