El presidente de la Audiencia Provincial de Valladolid, Javier Carranza, ha trasladado al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJ) la necesidad de la creación de un nuevo juzgado de primera instancia en Valladolid que contribuya a hacer frente al aumento a la carga de trabajo que actualmente tienen los otros 15, que cifró en un 15% el año pasado. "Todos ellos superan ampliamente el módulo de entrada máxima fijada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)", explica, de modo que considera que esto "justifica sobradamente la creación de un nuevo juzgado de primera instancia en la capital".

En ese mismo informe, Carranza también se refiere a la necesidad de crear una cuarta plaza de magistrado para la sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia, e igualar de este modo los cuatro que tiene la sección Segunda, también de lo Penal. Un refuerzo que, a su juicio, "evitará el bloqueo en el funcionamiento ordinario cuando celebre juicios complejos y de larga duración, supuesto este cada vez más frecuente, o en los supuestos de abstención de magistrados".

Por otro lado, Carranza lamenta que el año 2023 se haya "perdido" en lo que se refiere al Campus de la Justicia, una infraestructura que sigue considerando vital.

Jueces sustitutos

Precisamente a este último tema también se refiere en otra parte del informe. Carranza califica de "ingente" el volumen de nombramientos de jueces sustitutos externos para afrontar la "gran movilidad por concursos de traslado y la concesión de comisiones de servicio que se han producido a lo largo de 2023", así como "el importante número de enfermedades, a veces recurrentes, y los percances y accidentes de los titulares", que "han generado continuados periodos de vacancia de titular en los juzgados".

Según él, el sistema actual de sustituciones no es eficiente. Y lo explica al señalar que "estas vacancias no han podido ser afrontadas con los sustitutos de la provincia que, después de sucesivas renuncias, quedaron reducidos a cuatro que, además, han estado la mayor parte del año 'bloqueados' al tener que hacerse cargo de sustituciones de larga duración, incluso de un año, como ocurre en el caso del Juzgado de Medina de Rioseco". Carranza añade que esta circunstancia "ha obligado a solicitar sistemáticamente la designación de jueces sustitutos de la comunidad autónoma que, a su vez, han generado varias incidencias por su escasa experiencia, por su renuncia inicial a la sustitución e, incluso, por su renuncia sobrevenida en una sustitución ya iniciada.

En este sentido, añade que "estas circunstancias han puesto de manifiesto, ahora de manera especialmente álgida, que el sistema de sustitución voluntaria no funciona adecuadamente y no está suficientemente remunerado, no sólo porque muchas veces no hay jueces sustitutos voluntarios en la jurisdicción o localidad de que se trate, sino también porque los que hay renuncian a su nombramiento invocando incompatibilidad con el trabajo de su propio juzgado".

Teniendo en cuenta estos antecedentes, considera que "parece preciso aumentar el rigor a la hora de formar las listas de jueces sustitutos externos, provinciales y comunitarios, y de magistrados suplentes, de forma que se tenga en cuenta, además de otros factores, sus antecedentes de renuncias injustificadas u otras incidencias negativas, a fin de evitar que vuelvan a formar parte de ellas personas que realmente no quieren o no están en disposición de hacerse cargo de las sustituciones cuando sean llamados para ello".

En lo que se refiere a Valladolid, considera insuficientes los nueve jueces sustitutos asignados, porque "la experiencia de los últimos cinco años demuestra que más de la mitad de ellos renuncian en la primera ocasión en que son llamados o declinan actuar en ciertas jurisdicciones".

Resumen de 2023

En lo que se refiere al balance del año pasado, incide en que supuso la vuelta a la normalidad tras los dos años de pandemia y el levantamiento entre finales de 2022 y principio de 2023 de todas las restricciones existentes. Aunque también destaca el contratiempo que supuso las huelgas de los letrados de la Administración de Justicia primero y de los funcionarios después. "Ello, unido al notable incremento de la entrada de asuntos, especialmente en la jurisdicción civil, ha provocado una notable elevación en el nivel de pendencia de asuntos que no ha sido afrontada por parte del CGPJ y del Ministerio de Justicia con plan de choque alguno o con una adecuada y bien remunerada planificación de refuerzos y auto refuerzos", finaliza.