«Construir viviendas de protección oficial no es rentable». Durante muchos años buena parte de los constructores repetían este mantra para denunciar el escaso margen que podían conseguir con unas viviendas cuyo precio de venta está limitado. A mediados del pasado año 2022 la Junta de Castilla y León actualizó los coeficientes para la determinación de los precios máximos de venta, adjudicación y de referencia para el alquiler de este tipo de viviendas, después de que estuvieran diez años congelados. Una medida que, según las asociaciones de constructores y promotores de Valladolid, ha servido para dinamizar la oferta y las ventas.

Aunque quizá sea necesario dejar un margen más amplio de tiempo para analizar el impacto de la medida, lo cierto es que en 2023 se vendieron 774 viviendas protegidas, un 20% más que en el año anterior y la cifra más alta de los últimos cinco años, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. Un avance que no solo se basa en las proyectadas desde las administraciones y empresas privadas, sino que la actualización de precios ha hecho que particulares que tenían posibilidad de vender su VPO porque cumplen las condiciones para hacerlo (por ejemplo, que pasen diez años desde su compra), se hayan decidido a ponerlas en el mercado.

Las distintas administraciones tienen proyectadas para los próximos años más de 1.600 viviendas sociales entre la capital y la provincia. Un concepto en el que se incluyen fórmulas muy variadas, aunque el alquiler destinado a los jóvenes suele ser el principal objetivo. Una de las más novedosas son las conocidas como viviendas colaborativas, donde cada propietario tiene su inmueble dentro de un espacio en el que se ofrecen servicios comunes. Un patrón que se ha repetido en buena parte de las últimas promociones anunciadas.

Por ejemplo, las 202 para las que el Ayuntamiento dio licencia el pasado mes y que serán promovidas por la Junta de Castilla y León a través de la sociedad pública Somacyl. Cincuenta estarán situadas en la calle Mieses, en Huerta del Rey, y 152, en la calle Campo Charro, en el barrio de Parque Alameda. Todas ellas estarán destinadas a alquileres sociales y forman parte del proyecto Constelación, puesto en marcha por el anterior equipo de Gobierno para poner parcelas municipales sin uso a disposición de quienes quieran desarrollar proyectos con interés social. Ese mismo concepto tienen las 56 viviendas que Somacyl proyectará en la calle Jardines de Sabatini, en Los Viveros, y las 107 en la calle Julio Senador Gómez, en la ladera de Parquesol, muy cerca del ascensor estrenado en mayo de 2023. Entre todas suman 365 de la Junta, que se elevan a 584 si se tienen en cuenta las distintas actuaciones en otros puntos de la provincia, tal y como reconoció el consejero de Vivienda, Juan Carlos Suárez-Quiñones, en la reciente visita al edificio rehabilitado de Puente Colgante, donde también está pendiente la adjudicación definitiva de otras 63 viviendas en régimen de alquiler social para jóvenes.

Impulsadas por el Gobierno

No obstante, será el Gobierno el que proyecte el grueso de las viviendas sociales en Valladolid dentro de su política de traspasar suelo del Ministerio de Defensa al de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para su posterior desarrollo urbanístico. Hace casi un año se cerró una de estas operaciones, con la venta de 8,25 millones de metros para construir 20.000 viviendas en 34 municipios de 14 comunidades. Y Medina del Campo ocupa un lugar destaca en esta planificación, con 750 inmuebles que se levantarán en el antiguo cuartel Marqués de la Ensenada. Todos irán destinadas a alquiler social. Al igual que las 320 proyectadas dentro de esta operación en el acuartelamiento de La Rubia, entre el callejón de la Maestranza y la carretera de Rueda. Ambas actuaciones forman parte del Plan de Vivienda en Alquiler Asequible del Gobierno.

Por su parte, el Ayuntamiento de Valladolid aprobó en agosto del año pasado la construcción de 47 viviendas para alquiler social en la confluencia de las calles Frambuesa y Eneldo, en Puente Jardín. Estarán justo al lado de otro edificio promovido por el Ayuntamiento, ya terminado, con otras 25 viviendas de alquiler social. 
Hay otro proyecto municipal en el aire. El de las 36 viviendas en alquiler para jóvenes que se iban a levantar en la antigua azucarera, en Las Norias, y que finalmente se ubicarán en otro lugar aún por definir, tal y como reconoció recientemente el concejal de Urbanismo