Seis trabajadores del Centro Regional Zambrana, cuatro de seguridad y dos educadores, fueron agredidos el pasado sábado por parte de una docena de internos de entre 16 y 20 años en un grave altercado que, desde la propia plantilla, se describe como "motín". El Cuerpo Nacional de Policía ya investiga los hechos después de que se formalizara la presentación de denuncia, mientras fuentes oficiales de la Consejería de Familia aseguran a El Día de Valladolid que ya se han tomado "medidas disciplinarias y organizativas" contra los jóvenes implicados.
Sucedió en el patio del centro, después de la comida. Los educadores tomaron la decisión de que un interno debía subir a su unidad por mal comportamiento, en lugar de participar en la actividad que tenían prevista, y éste se rebeló lanzándoles piedras e incluso losetas de adoquín, con el agravante de que se le sumaron unos once internos más, mientras otros cuatro intentaban sin éxito mediar en el conflicto.
Cuatro trabajadores de seguridad resultaron heridos antes de conseguir arrinconar a los amotinados en un lado del patio, así como dos educadores, de los cuales tres y uno, respectivamente, seguían de baja médica este martes.
"Ante este hecho, se han adoptado las medidas cautelares disciplinarias necesarias para evitar que vuelva a ocurrir", aseguran desde la Consejería de Familia, sin entrar en detalles, "y también se han tomado medidas reorganizativas de los internos", presumiblemente, por haberles separado de algún modo, dentro del espacio del centro, para intentar que no vuelvan a sumar fuerzas de la manera en que lo hicieron el pasado sábado.
Los educadores, en cambio, sostienen desde hace meses que "la escalada de violencia en el Zambrana" se debe a la falta de medidas que penalicen a los internos cuando cometen alguna irregularidad. Sobre todo desde que un joven de 14 años muriera tras ser reducido por personal de seguridad en marzo de 2022, si bien la investigación se archivó al concluir que se debió a causas naturales.
"Progresiva pérdida de autoridad" de los educadores
UGT ofreció una rueda de prensa el 19 de septiembre, concretamente, en la que advertía de la "progresiva pérdida de autoridad que están sufriendo los educadores", quienes a su vez habían trasladado previamente a los sindicatos su sensación de "desprotección" por parte de Junta y su propia empresa (la francesa Clariane, antes Grupo 5) debido a un supuesto "exceso de permisividad" con los internos, por falta de medidas contra aquellos que no respetan las normas o incurren en agresiones verbales o físicas; así como por "falta de respaldo" a los educadores, al afirmar que son ellos los que suelen tener que solicitar acudir a la mutua o emprender acciones legales por cuenta propia, sin el respaldo de la empresa o la dirección del centro.
El altercado del pasado sábado coincide que no ha llevado a los educadores a presentar denuncia formal ante el Cuerpo Nacional de Policía, pero porque esta vez los afectados dicen desconocer de quiénes recibieron los golpes. Sí denunció el personal de seguridad, en cualquier caso, que además sufrió al día siguiente otra agresión.
Amenazados con armas blancas a las puertas del Zambrana
Asimismo, una educadora presentaba denuncia recientemente por otro hecho, después de que, al volver de una salida con "un chico de bandas latinas", cuando ya estaban llegando, se toparan con un coche del que bajaron cuatro jóvenes que les amenazaron con armas blancas, si bien tuvieron tiempo de correr y llegar a la puerta del centro. Y poco antes, el 28 de septiembre, se producía otra agresión que también fue denunciada.
Respecto a la pérdida de autoridad, los trabajadores reclaman por ejemplo que el centro recupere el sistema de 'economía de fichas' que aplicaban hasta hace sólo unos meses y que consistía en detraer una parte de la asignación económica semanal que tiene cada interno si comete una irregularidad, dado que ahora, según insisten los trabajadores, no tienen más herramienta de control que el diálogo, y lo consideran insuficiente.
En este centro viven casi 60 jóvenes de entre 14 y 21 años que cumplen medidas de internamiento ordenadas por los diferentes juzgados de la Comunidad, y en lo que va de año han sido agredidos físicamente "al menos" diez educadores y una psicóloga, además del personal de seguridad "en numerosas ocasiones", mientras las amenazas verbales son "prácticamente diarias".