Los países de la Unión Europea no lograron el lunes cerrar un acuerdo sobre las normas para regular las nuevas técnicas de edición genética en la agricultura, ante la falta de una mayoría cualificada. En el Consejo de Ministros europeos de Agricultura celebrado en Bruselas, Polonia, Austria, Hungría, Rumanía, Croacia, Eslovenia y Eslovaquia se posicionaron en contra, mientras que Alemania y Bulgaria se abstuvieron por la «sensibilidad del asunto» entre la opinión pública. De esta manera, no se logró el voto positivo del 55% de estados que representen al menos al 65% de la población.

«Estamos cerca de poder lograr un acuerdo sobre una orientación general, pero no tenemos la mayoría necesaria para hacerlo. La presidencia (del Consejo de la UE, que ostenta España) seguirá trabajando de manera constructiva con las delegaciones hasta el final del mandato» para que Bélgica (próxima presidencia europea) pueda cerrar los trílogos con éxito, dijo el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.

España buscaba un acuerdo sobre una propuesta presentada por la Comisión Europea el pasado 7 de julio para actualizar la normativa, ya que la legislación sobre organismos genéticamente modificados (OGM) vigente no es adecuada para regular las nuevas técnicas de edición genética en plantas. El objetivo es que la UE se dote de un marco normativo adaptado a las plantas creadas a partir de esas técnicas, en beneficio de los agricultores, los consumidores y el medio ambiente. A diferencia de los OGM, obtenidos a partir de la introducción en una planta de código genético foráneo para mejorarla, estas nuevas técnicas sólo modifican el genoma de la propia planta o introducen material equivalente.

La comisaria europea de Salud y Seguridad Alimentaria, Stella Kyriakides, dijo al término del debate del Consejo que «estamos muy cerca del acuerdo, aunque hay cuestiones por resolver» y subrayó la gran importancia de esta legislación «para la subsistencia de la agricultura», agradeciendo después los progresos logrados.

Desde que se publicó la directiva sobre la liberación voluntaria de organismos modificados genéticamente en 2001, la biotecnología ha avanzado proporcionando tecnología más precisa, eficiente y segura. Sin embargo, estos nuevos métodos continúan sujetos a la legislación OGM, a pesar de ser técnicas sustancialmente distintas y que fueron desarrolladas de forma posterior a 2001.

La propuesta de Bruselas establece dos categorías de plantas de nuevas técnicas genéticas: la categoría uno, que englobaría las plantas cuyas modificaciones cumplen una serie de criterios para ser consideradas como equivalentes a las plantas convencionales; y la dos (mutagénesis), que sustituye los métodos tradicionales, en los que se empleaban radiación o químicos para obtener mutaciones aleatorias, por nuevas soluciones de ingeniería más rápidas y precisas, como CRISPR-Cas9, que tendrá un tratamiento legal similar al de los OGM en la Unión Europea.

ANOVE pide un impulso.

La Asociación Nacional de Obtentores Vegetales (ANOVE), por su parte, ha pedido a la Presidencia española de la Unión Europea un «último esfuerzo» para acercar posturas sobre las nuevas técnicas de edición genética. «Animamos a la Presidencia española a realizar un ultimo esfuerzo antes de la finalización de su mandato para seguir acercando posturas y alcanzar un acuerdo de compromiso que permita que Europa se aproveche de todo el potencial generado en la I+D+i de la mejora vegetal con las técnicas de edición genética», ha señalado la patronal en un comunicado.

Para ANOVE, la UE precisa de un «marco regulatorio sólido y estable que, basado en la evidencia científica y el principio de precaución pero sin olvidar el principio de proporcionalidad, permita trasladar a la sociedad el resultado de las innovaciones en semillas y plantas mejor preparadas para afrontar los retos del cambio climático, más resistentes a plagas y enfermedades, y capaces de producir más con menos recursos».

Solo en España, las entidades asociadas en ANOVE cuentan con 63 centros de investigación en mejora vegetal  donde trabajan cerca de 3.000 personas vinculadas a la investigación, al desarrollo y a la innovación (I+D+i). La patronal ha asegurado que estas personas «están pendientes del resultado de las negociaciones para trasladar los resultados a la sociedad y contribuir así a resolver los desafíos que plantea el sistema agroalimentario, acrecentados por una situación geopolítica compleja», por lo que «Europa no se puede quedar atrás otra vez».

La ley sobre pesticidads tampoco progresa.

La nueva normativa sobre pesticidas en la agricultura también tiene en vilo al sector. La iniciativa legislativa original de la Comisión Europea (CE), presentada en junio del año pasado, planteaba objetivos legalmente vinculantes a nivel nacional y de la Unión Europea (UE) para reducir en un 50% el uso y el riesgo de los plaguicidas químicos y el uso de los plaguicidas más peligrosos para 2030. Las organizaciones agrarias ya han advertido de que estas restricciones, sin productos que puedan sustituir a los que se prohíben, provocará una marcada reducción de la productividad y se quejan de que no se han realizado estudios suficientes para evaluar los posibles impactos en el sector agrario.

En cualquier caso, los agricultores pueden respirar tranquilos, al menos hasta el mes de junio. El ministro español de Agricultura, Luis Planas, aseguró el lunes que «parece difícil» que la UE logre aprobar la ley sobre la reducción del uso de pesticidas antes de las elecciones a la Eurocámara, que serán dentro de seis meses. «Vamos a ver si este dossier puede concluirse o no -parece difícil- antes de las próximas elecciones europeas», declaró Planas a su llegada a la segunda jornada de la reunión de titulares de Agricultura de los Veintisiete. El mes pasado, el pleno de la Eurocámara ya votó en contra del proyecto legislativo que pretende reducir el uso de los pesticidas en la Unión Europea.