Todos los ayuntamientos deberán haber elaborado antes de 2023 un censo de edificios municipales en los que se haya utilizado amianto para su construcción y un plan para eliminar este material. Su uso masivo en las edificaciones de hace décadas provocó enfermedades mortales a los trabajadores que estuvieron expuestos a él de forma prolongada. Desde asbestosis, un tipo de fibrosis pulmonar, a cáncer de pleura, pasando por cáncer de pulmón y otras patologías.

El Ayuntamiento de Valladolid trabaja desde hace años en ello. De hecho, en octubre de 2016 se aprobó por unanimidad en el pleno elaborar un inventario de edificios públicos con amianto y un calendario para su progresiva eliminación. Una tarea que no ha sido fácil, pero que ya está lista. Al menos la primera fase, es decir, la elaboración del censo.

El área de Medio Ambiente ha revisado 59 edificios públicos de gestión municipal, entre los que se encuentran 46 centros de enseñanza. Los otros trece son centros cívicos, de mayores y la propia Casa Consistorial. Bien es cierto que se trata de un inventario al que podrían incorporarse más edificios más adelante. El resultado es que en 35 de ellos se ha encontrado algún componente con presencia de amianto. Es decir, casi en el 60 por ciento. Los elementos sometidos a observación han sido las cubiertas, las bajo cubiertas, las bajantes de fecales y residuales, las cámaras ventiladas, los colectores enterrados, los pavimentos de vinilos, los elementos decorativos y las piezas y restos de materiales de construcción.

La Concejalía de Medio Ambiente comenzará las obras de retirada de este material el 1 de julio en varios colegios. La adjudicación de estos trabajos es «inminente», con un plazo de ejecución de seis meses y un presupuesto de poco más de 79.000 euros. Concretamente, en siete centros escolares se desmontarán las bajantes pluviales y se cambiarán por otras metálicas que tengan la misma capacidad hidráulica y estética similar. Para ello están reservados 42.508 euros a cargo de la propia Concejalía de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Los otros 36.500 euros saldrán del Área de Educación y servirán para cambiar diversas cubiertas por otras metálicas.

La concejala de Educación, María Sánchez, incide en que los ciudadanos que utilizan habitualmente los inmuebles donde hay amianto no están en peligro, ya que el riesgo se limita a las personas que lo manipulan. «En estos edificios no está a la vista ni es accesible, de modo que no supone ningún problema», explica. La responsable del área de Medio Ambiente también sostiene que la intención del Ayuntamiento siempre ha sido adelantarse a la normativa que está preparando el Gobierno para obligar a los ayuntamientos a actuar en este sentido. El Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico tiene listo un proyecto de ley de residuos y suelos contaminados que también incluye restricciones al uso del plástico, entre otras medidas. Además, Sánchez incide en que la retirada de este material se llevará a cabo por empresas autorizadas y especializadas, de modo que la salud de los ciudadanos no estará comprometida en ningún momento.

Pero lo cierto es que, en lo que se refiere al amianto, estas primeras actuaciones solo son un pequeño paso para atajar un problema que afecta a multitud de edificios de viviendas y empresas privadas, sobre las que todavía la Administración no va a actuar. Lo saben muy bien en la compañía Amianto Valladolid, dedicada a la retirada de este tipo de estructuras. Aunque algunos de sus trabajos han sido para el sector público, la mayor parte pertenecen al privado. Por ejemplo, retirada de cubiertas de naves de empresas y bajantes de edificios de particulares.

Y siempre con estrictas medidas de seguridad, como los trajes de protección y las mascarillas especiales que filtran el 99 por ciento de las partículas. Además, cada vez que van a trabajar a algún sitio tienen que montar allí una cabina de descontaminación, es decir, una «zona limpia» que consiste en un compartimento con ducha en el que los trabajadores eliminan las posibles fibras de amianto. Desde esta compañía se recuerda que es recomendable retirar las placas de fibrocemento-uralita cuando tienen quince años,  «y están agrietadas, deterioradas y han perdido sus características mecánicas». Sus trabajos, sobre todo en Castilla y León, han ido en aumento en los últimos años por la mayor concienciación del peligro que representa este material para la salud. El gerente de la empresa, Marcos Garrido, explica que todo el material que se retira se mete en unas cápsulas antes de trasladarlo en camiones a centros de residuos peligrosos como Cetransa. «Cuando llega allí lo tapan con tierra porque no se hace ningún tratamiento para la uralita, debido al peligro de que suelte fibras de amianto», añade.

Según el registro de empresas con riesgo por amianto, más de 1.800 trabajadores de Valladolid están expuestos a este material, si bien es cierto que las medidas de seguridad que se aplican hoy en día nada tienen que ver con las de hace décadas, que eran mínimas o inexistentes. El sindicato CCOO calcula que en España hay tres millones de toneladas de amianto instalado, por lo que su retirada completa supondría un trabajo ingente.

En Valladolid. A nivel local, el ejemplo más claro de los devastadores efectos que puede tener este material para la salud se produjo en la empresa Uralita, situada en la carretera de Madrid desde 1966, donde se fabricaba material de la construcción como cubiertas y tuberías. La mayor parte de los 600 trabajadores que pasaron por allí acabaron con problemas respiratorios y muchos de ellos denunciaron a la compañía y acabaron ganando el juicio. Todavía hoy en esa zona, junto a la rotonda de San Agustín, hay pancartas que reclaman la descontaminación de la zona, ya desmantelada, aunque ña Asociación de Víctimas del Amianto en Valladolid recuerda que no se ha actuado en el subsuelo. Este colectivo denunció en 2013, a través de la Fiscalía, a la empresa Reyal Urbis, propietaria de los terrenos, por un delito contra el medio ambiente por el «estado de abandono» en el que consideraban que se encontraban esas instalaciones y el peligro para la salud que eso suponía para los vecinos de la zona. No obstante, la Audiencia de Valladolid decidió archivar el caso dos años después al entender que Reyal Urbis adquirió los terrenos en 2006, cuando ya estaban desmantelados.

En Europa. Todo hace indicar que en los próximos años se desarrollarán normativas que obliguen al sector privado y residencial a retirar el amianto de sus instalaciones. No en vano, el año que viene finaliza el periodo voluntario que ha dado la Unión Europea para su desaparición en los países miembros, con la intención de que sigan los trabajos en los próximos años y se elimine completamente en 2028.