Fidel de la Calle solo tenía 18 años cuando entró a trabajar en la antigua Uralita de Valladolid, por entonces denominada Iberit, una empresa dedicada a fabricar materiales de construcción y situada en la carretera de Madrid. Leyó un anunció en un periódico, se presentó ante la Dirección de Personal y al día siguiente ya estaba con el mono puesto. Y allí comenzó su contacto con el amianto, un material cancerígeno que se utilizaba para hacer placas de uralita y tuberías, entre otras cosas.

Su primera función allí fue cargar y descargar camiones con ese material, con unos equipos de protección que se limitaban a unos guantes para evitar heridas en las manos. «Por entonces no había nada, porque ni siquiera se sabía que el amianto era malo», recuerda. Años después pasó al almacén, donde siguió en contacto con piezas elaboradas con amianto.

Él entró en la fábrica en 1972, seis años después de que la planta iniciase su actividad, pero no fue hasta 1982 cuando empezó a sospechar, junto al resto de sus compañeros, que todos tenían peligro de sufrir problemas de salud. «Por entonces Uralita tenía otras cinco fábricas en España, y desde allí nos empezó a llegar información sobre problemas y denuncias que se estaban poniendo, sobre todo en la de Barcelona»asegura. Fue en la ciudad catalana donde aparecieron los primeros afectados por asbestosis, un tipo de fibrosis pulmonar causada por la inhalación de fibras de asbesto, otra denominación del amianto. «En ese momento es cuando empezamos a hacer reuniones y cuando se creó una comisión nacional», señala.

En Valladolid no apareció el primer caso hasta el año 1990, con un mesioteloma, un tipo de cáncer que solo produce el amianto. Dos años después llegó el segundo caso, con un trabajador, montador de tubos, que no regresó de sus vacaciones porque le detectaron el mismo cáncer y falleció a los tres meses. A partir de ese momento se intensificaron las reivindicaciones para pedir más medidas de seguridad.

De la Calle critica la falta de contundencia del Gobierno ante este problema, y pone como ejemplo a Francia, donde se prohibió el uso del amianto en 1984, mientras que en España se optó por reducir la concentración de este material en los procesos de fabricación. Hasta el 15 de junio de 2002 no llegó la prohibición. Y hasta ese día se siguió utilizando en Uralita.

Este jubilado, actual presidente de la Asociación de Víctimas del Amianto de Valladolid y en su día miembro del comité de empresa, fue uno de los más de 600 empleados que trabajaron allí, de los que unos 150 fallecieron de cáncer. Buena parte de los demás desarrollaron enfermedades que han condicionado su vida. A De la Calle le diagnosticaron asbestosis años después de prejubilarse, en un reconocimiento médico. «Yo ya notaba que respiraba peor, que me ahogaba y no podía andar muy deprisa», asevera. Fue el primer paso para que la Seguridad Social le concediese la incapacidad permanente.

Pese a que se trata de un enfermedad muy seria, sostiene que para él no fue un golpe muy duro que se lo dijeran, porque, de algún modo, se había acostumbrado a convivir con estas noticias, aunque fuera a través de sus compañeros. «Al principio era muy duro, porque muchas mujeres se quedaron sin marido y muchos hijos sin padres, pero al final acabas acostumbrándote a ir a los entierros de los compañeros y te resignas porque sabes que no hay medicamento ni intervención quirúrgica que lo pueda impedir», señala.

A sus 67 años, el estado de salud de Fidel empeora poco a poco. «Los pulmones van encogiendo y yo me ahogo mucho, y ahora, con la mascarilla, ni te cuento», reconoce. Todos los días utiliza un inhalador para «abrir el sistema pulmonar», pero es consciente de que su patología, hoy por hoy, no tiene cura.

Como tantos otros, él emprendió acciones legales contra la empresa y el juez acabó dándole la razón, por lo que recibió una indemnización de 60.000 euros. Además, la Seguridad Social le concedió un recargo de prestación del 40 por ciento.