La Guardia Civil de Valladolid investiga al titular de una explotación ovina, en el municipio de Renedo de Esgueva, por un delito contra los animales, por el "abandono" y falta de medidas de bienestar, higiene y sanitarias de las reses, y otro contra los derechos de los trabajadores, por tener un empleado en la finca a una persona extranjera sin contrato laboral.

Según informó hoy el instituto armado en un comunicado, en febrero recibió un aviso sobre el "colapso parcial" de una explotación ovina en Renedo de Esgueva. Ante el "riesgo inminente" para la seguridad de los animales, los técnicos municipales iniciaron los trámites para declarar la ruina del inmueble y proceder a su desalojo urgente. Además, se señaló la falta de control sanitario, que podría constituir un delito de maltrato animal, como recoge Ical.

Tras una inspección conjunta con el Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de la Junta, se confirmó el deterioro de las condiciones higiénico-sanitarias de bienestar animal, incluso se habían agravado, manteniéndose el mal estado que se reflejó en un informe emitido en agosto de 2023 por el Servicio de Sanidad y Producción Animal. En ese momento se retiraron siete cadáveres, se apreciaron ovejas enfermas y presencia de roedores, evidenciando un "estado deplorable".

Como resultado de las investigaciones llevadas a cabo por la Guardia Civil y por los servicios veterinarios oficiales, el propietario fue investigado el 8 de marzo por delitos contra los animales, por el abandono y falta de medidas de bienestar, higiene y sanitarias de las reses, causando la muerte de alguna y poniendo en peligro la integridad de otras. Asimismo, se denunció administrativamente la creación de un estercolero sin autorización municipal.

La Guardia Civil intervino en esta explotación en varias ocasiones desde 2013, informando sobre las deficiencias sanitarias. El delito contra los animales, según recordó, puede acarrear multas o trabajos comunitarios, además de la inhabilitación para trabajar con animales. La explotación carecía de licencia desde 2015 y fue dada de baja administrativa en el registro en 2020, ignorando las obligaciones de desalojar a los animales. Además, se descubrió que el titular empleaba a una persona extranjera sin permisos legales, por lo que fue investigado por un delito contra los derechos de los trabajadores.

La Guardia Civil de Valladolid instruyó diligencias por los hechos, que fueron remitidas al Juzgado de Guardia de Valladolid y a la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo en la provincia.