Salvador Molina, exdirector gerente de Gesturcal, y  Francisco Armero, exdirector financiero de esta empresa pública, que se enfrentan a penas de cuatro años de cárcel por el 'caso de la Perla Negra', coincidieron en su declaración de este jueves, ante el tribunal de la Audiencia Provincial de Valladolid, que el abono de las facturas, tanto las relacionadas con la compra y adecuación del edificio de Arroyo de la Encomienda, como las del malogrado polígono industrial de Portillo, se realizaba por orden directa de la Consejería de Economía y generalmente por mandato del entonces viceconsejero Rafael Delgado.

Salvador Molina, que fue el primero en declarar, explicó que antes de la compra del edificio de Arroyo, Gesturcal tenía experiencias similares en un edificio del Parque Tecnológico de Boecillo que se convirtió en sede de Telefónica, en el Museo de Arte Contemporáneo de León (Musac) y en la Escuela Internacional de Cocina de Valladolid, aunque en todos estos casos Gesturcal asumió plenamente la construcción, según recoge Ical.

A preguntas del Ministerio Fiscal, Molina, que reconoció que en la compra de terrenos de Portillo no tuvo ninguna participación, explicó que aunque de las facturas relacionadas con el edificio de Arroyo se devolvieron por no corresponder a trabajos encargados por Gesturcal, al final se acabaron abonando por orden directa de la Consejería de Economía.

En la misma línea se pronunció Francisco Armero, que reconoció que aunque no hubo ningún contrato firmado entre Gesturcal y Unifica, la empresa encargada de la compartimentación y mejoras del edificio, Gesturcal tuvo que hacer frente al pago por ser una gestión directa de la Consejería. No obstante, Armero reconoció que existía un plan de negocio sobre el edificio de Arroyo que contó con el visto bueno de Hacienda y con el que se pretendía hacer frente a los costes con el pago de las rentas de alquiler.

Por otra parte, sobre el polígono de Portillo, Armero reconoció que se mostró contrario a la firma de un convenio marco con Cementos La Bureba para la adquisición de terrenos, dado la complicada situación financiera que Gesturcal atravesaba en esos momentos.

No obstante, indicó que por orden de Rafael Delgado al entonces presidente de Gesturcal, Jesús Jiménez, se llevó a cabo la operación, que también contaba con el visto bueno del entonces consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, que en una reunión a la que también asistió Delgado y él mismo, planteó continuar con la negociación, pero adquirir menos terrenos de los previstos en un primer momento y que ascendían a dos millones de metros cuadrados.

El administrador de Urban niega que el estudio Lamela tuviera el pliego antes de publicarse en el Bocyl

Por otra parte, el empresario Germán José Martín Giraldo, administrador de Urban Proyecta, la empresa que construyó el Centro de Soluciones Empresariales de Arroyo de la Encomienda y posteriormente lo vendió a Gesturcal, negó este jueves en el juicio del 'caso Perla Negra' que conociera con anterioridad a su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) el pliego de condiciones para el arrendamiento, con opción de compra, de un edificio por parte de la Agencia de Desarrollo Económico de Castilla y León (ADE) en el año 2005.

De esta forma, Martín Giraldo, acusado de un delito continuado de violación de secretos, en concurso con uno de tráfico de influencia por los que el Ministerio Fiscal reclama seis años de cárcel, negó el testimonio de los responsables del estudio de arquitectos Lamela, que aseguraron que desde Urban Proyecta se les hizo llegar el pliego de condiciones cuatro días antes de su publicación en el Bocyl.

A lo largo de su declaración, Martín Giraldo explicó que su empresa llevaba tiempo trabajando en Arroyo con el objeto de construir edificios de oficinas de grandes dimensiones, dada la falta de oferta en Valladolid, e incluso explicó que el proyecto original estaba formado por cuatro torres, similares a las dos construidas, que sumaban una superficie útil total de 35.00 metros cuadrados. Además, y una vez que se desestimó el acuerdo con ADE por no establecer un precio para ejecutar la opción de compra, el administrador de Urban reconoció que el fue el propio Rafael Delgado el que a los pocos meses se pone en contacto con él para transmitir el interés de Gesturcal en adquirir el edificio.

A su vez, también confirmó que el acuerdo de venta se cerró tras haber negociado con el entonces director general de la Consejería de Hacienda, Javier de Andrés Guijarro, y después de que él aceptara una tasación de 52 millones de euros más los costes financieros (4,7 millones). No obstante, Martín Giraldo argumentó que el beneficio para la empresa fue "prácticamente nulo", dado que el margen de negociación que tenía era muy pequeño y se encontraba "asfixiado" por la situación financiera y por la urgencia de devolver el préstamo.

Con relación a los terrenos de Portillo, explicó que Urban Proyecta vendió a "beneficio cero" a Parque Empresarial Portillo los terrenos que había adquirido con anterioridad de formar parte de esta sociedad, a la vez que explicó que Urban abandonó la misma por la diferencias a la hora de desarrollar el proyecto. Además, explicó la falta de beneficio esta operación por la inversión de seis millones de euros que se hizo para desarrollar el plan parcial, así como a los gastos financieros y al pago del impuesto de sociedades.

Además, preguntado por el pago de cinco millones de euros por parte de Gesturcal-Parque de cinco millones de euros cuando Urban Proyecta ya se había desvinculado de Parque Empresarial Portillo, indicó que fue un error que luego se subsanó.

En la jornada de este jueves también declaró Alberto Esgueva Gutiérrez, exdirector de internacionalización de ADE, que negó cualquier relación profesional con Martín Giraldo, al que solo conocía de haber sido su alumno en la universidad. Además Esgueva fue taxativo y aseguró que no tuvo ninguna relación con Urban cuando se decidió la operación de Arroyo ni en la compra de parcelas del malogrado polígono industrial de Portillo. En este sentido, indicó que en el año 2003 vendió su participación en San Cayetano y en 2006 se marchó a vivir fuera de España.

Por último, también prestó declaración el gerente de Urban Proyecta, Ángel Román Montes, que recalcó que no dispuso del pliego de condiciones para el alquiler de un edificio de oficinas antes de su publicación en el Bocyl, a la vez que dejo claro que él no tenía ningún poder de decisión dentro de la empresa.

El juicio se retomará este viernes, a partir de las 11 horas, con el testimonio de los cuatro acusados que aún no han declarado en la vista: Luis Antonio Recio García, Francisco Esgueva Gutiérrez, Luis Ángel Rodríguez Herrero y Carlos González Maestro.