La Fiscalía de Valladolid solicita una condena de tres años de cárcel para un empresario agrario rumano y un año y nueve meses para su suegra, ambos de origen rumano, por la creación de una mercantil ficticia, a cuyo frente puso a la segunda como testaferro, con el único propósito de eludir el pago de cuotas de sus trabajadores a la Seguridad Social, con la que contrajo una deuda superior a los 106.000 euros.
Esa es al menos la versión de los hechos esgrimida por el Ministerio Fiscal, que imputa al primero la autoría de un delito de fraude de cotizaciones a la Seguridad Social y a la suegra su intervención en calidad de cooperadora necesaria. Ambos serán juzgados el próximo día 24 de noviembre en la Audiencia de Valladolid, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.
Además de las peticiones de cárcel ya referidas, la acusación pública interesa multas de 300.000 y 150.000 euros, respectivamente; la pérdida de derechos para la obtención de subvenciones o ayudas públicas y beneficios o incentivos fiscales y, en concepto de responsabilidad civil, el abono conjunto y solidario de un total de 106.717,99 euros a la Tesorería General de la Seguridad Social.
El acusado, S.B, venía dedicándose a la actividad empresarial de prestación de servicios agrícolas (poda, recolección, recogida, vendimia...) desde al menos el año 2013 a través de la empresa 'Butica Sorin', con domicilio en Valdestillas (Valladolid) y para la que tenía varios trabajadores dados de alta en la Seguridad Social, con la que mantenía varias deudas.
Así, para eludir el pago de cuotas de sus empleados, el encausado creó otra mercantil, 'Sabine Vasile', con el mismo objeto social, similar plantilla y actividad, y sin embargo puso al frente de la misma a su suegra y también procesada, S.V, ocultando que en realidad era él quien administraba y dirigía. Para dar más apariencia de legalidad se incluyó a sí mismo como trabajador de la plantilla.
A través de esta nueva sociedad, el empresario realizó distintos trabajos agrícolas con diversos agricultores entre septiembre de 2013 y enero de 2015, periodo en el que logró eludir el pago a la Seguridad Social de las cuotas correspondientes tanto al Régimen General como al Reta, hasta un montante de más de 106.000 euros que ahora le son reclamados, con los intereses correspondientes de demora.
Fue el 24 de febrero de 2015 cuando la Dirección Provincial de la TGSS de la Seguridad Social dictó resolución por la que declaró a esta empresa como ficticia y declaró altas fraudulentas las correspondientes a la totalidad de los trabajadores.