Atrás quedaron las manifestaciones con centenares de miles de personas, con banderas cuatribarradas de miles de metros cuadrados, con lazos amarillos en cualquier barandilla, y es probable que queden unos cuantos lustros para que se vuelvan a ver unas manifestaciones de semejantes dimensiones. Quizá tendría que ser al revés, y las muestras identitarias hacerlas más numerosas cuando las cosas van mal, cuando los independentistas han perdido la mayoría social y política en el Parlament y en la calle. La llegada de Salvador Illa a la presidencia de la Generalitat y su mensaje inclusivo y transversal para que la Diada la celebren "tanto los que se declaran independentistas como los que no", pone fin a unos actos institucionales que eran de parte, mientras que los independentistas tratan de ocultar su fracaso con manifestaciones fraccionadas para que no se vea la debilidad en la que se encuentran, por cansancio vital y político y por la división del movimiento 'indepe', sin que aparezca en el horizonte una posibilidad de recuperación de la unidad, a la espera de lo que decidan los tres partidos, Junts, ERC y la CUP, que celebrarán congresos para revitalizarse y fijar que tipo de relación tendrán con el Gobierno.
Las ofrendas ante el monumento a Rafael Casanova, el símbolo de la resistencia barcelonesa a las tropas borbónicas, han transcurrido con menos tensión que en otras ocasiones pese a los abucheos a ERC y a pesar de que los partidos 'indepes' están lamiéndose las heridas -PP y Vox no han participado- las proclamas en favor de la independencia han marcado las intervenciones, a las que se han unido las ofrendas de los clubes de fútbol catalanes, en especial la del FC Barcelona, que es más que un club, y al que el escritor Manuel Vázquez Montalbán denominaba como el ejército simbólico de Cataluña.
De forma simultánea a las ofrendas florales, en el Congreso de los Diputados se desarrollaba la sesión de control al Gobierno, con la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, como protagonista ante la ausencia de Pedro Sánchez, por su viaje a China, para responder sobre la financiación singular de Cataluña, pactada entre el PSC y ERC para hacer a Illa presidente de la Generalitat, en el debate con la portavoz parlamentaria de Junts, Miriam Nogueras.
Y es ahí donde se ha demostrado que el Gobierno y su socio necesario, con el que se ha visto obligado a negociar la ley de amnistía, hablan lenguajes distintos y es imposible el entendimiento. No solo por las largas cambiadas de Montero y la indefinición del acuerdo con ERC, sino porque la portavoz independentista tiene un proyecto de máximos del que no se apea y ha vuelto a verbalizar: quiere una disposición adicional en la Constitución como la que constitucionaliza el concierto económico vasco, y todo lo que se encuentre por debajo de ese umbral le parece poco. Traducido a la política del día a día y en línea con lo que ha dicho en numerosas ocasiones, le importa una higa la gobernabilidad de España y por eso volverá a rechazar la senda de gasto que presente el Gobierno, con lo que la tramitación de los Presupuestos Generales será imposible. No quiere saber nada que no sea contar con la llave de la caja en Cataluña. Nada le importa que comunidades autónomas y ayuntamientos pierdan diez mil millones de euros para financiar servicios públicos. Comparado con la independencia fiscal de Cataluña es pecata minuta.