El autobús es un elemento fundamental para la cohesión territorial de Castilla y León. Por eso, tanto la Junta como la patronal del transporte de la Comunidad se mantienen alerta para que sea una prioridad en la futura Ley de Movilidad Sostenible, cuya tramitación ha retomado recientemente el Ministerio de Transportes y que marcará el mapa concesional estatal de autobuses que convivirá con el regional. Tanto desde el Gobierno autonómico como desde el sector se reclama «coordinación» al Estado para una normativa que puede implicar la supresión de 346 paradas en la Comunidad.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 13 de febrero el proyecto de esta ley, ya validado en diciembre de 2022, que decayó al disolverse el Congreso y el Senado para la convocatoria de elecciones generales. La normativa incluye el rediseño del mapa concesional estatal de líneas de autobús, un asunto que suscitó polémica a mediados de 2022, ya que el primer borrador del Gobierno apuntaba a la supresión de 346 paradas en la Comunidad, a lo que se opuso rotundamente la Administración regional. Tras meses de silencio y sin ningún avance, el nuevo equipo del Ministerio de Transportes, encabezado por el vallisoletano Óscar Puente, ya ha trasladado a las comunidades su intención de comenzar las negociaciones para sacar adelante el mapa estatal.

«El Ministerio no nos ha trasladado ningún nuevo documento desde el de mayo de 2022 que pasaron como borrador, con lo cual no tenemos constancia de que se estén planteando o no la supresión de esas 346 paradas», detalló a este periódico la directora general de Transportes y Logística de la Junta, Laura Paredes, que ratificó que «Castilla y León mantiene su posición respecto al mapa concesional» y apostó por una coordinación entre el estatal y el autonómico «para que no se dejen de prestar servicios, independientemente de a quien le corresponde prestar cada uno de sus servicios».

La Junta, como confirmó Paredes, sí ha requerido «expresamente» que es necesaria esa coordinación tras el primer encuentro celebrado el pasado 25 de enero entre los directores generales de las comunidades y el nuevo equipo del Ministerio, donde les confirmaron que se iba a retomar el proyecto y su intención de «tener coordinación» con las autonomías. De momento, Castilla y León no ha recibido noticias del Ministerio para analizar este asunto, aunque sí han anunciado acercamientos con otras regiones como Aragón.

Paredes insistió en los trabajos conjuntos de las dos administraciones: «Si el Ministerio va a dejar de hacer paradas, que nosotros nos oponemos a ello, pues se dejarían de hacer esos servicios». Por ello, perseveró en que «no pueden convivir ambos mapas yendo de forma separada». La directora general de Transportes y Logística reconoció que se va a producir «una reestructuración de gran calado de todos los sistemas de transportes a nivel nacional», incluso hay casos de concesiones que más de 60 años, que se van a modificar tanto desde el Ministerio como desde las comunidades y en las que «se está de acuerdo» que es necesario actuar «porque son muy antiguas e incluso en algunos casos obsoletas». Por ello, ?como añadió Laura Paredes, «el mapa estatal no puede aprobarse sin tener en cuenta qué estamos haciendo las comunidades ni al revés».

Necesidades

Respecto a la Ley de Movilidad Sostenible en concreto, la directora general expresó la necesidad de abordar varios aspectos fundamentales, como son la necesaria financiación del transporte, no sólo el urbano, sino también el metropolitano o interurbano; y la consideración de la movilidad rural como elemento fundamental para combatir el reto demográfico y para garantizar la igualdad de oportunidades para todas las personas, independientemente de donde residan.

Supresión de «los obstáculos normativos»

«Valoramos positivamente la intención del proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, en la confianza de que establezca un marco jurídico adaptado a conseguir un crecimiento inteligente, sostenible e integrador de la movilidad, impulsando al transporte público en autobús como agente clave contra la contaminación». Así valoró el presidente de la Federación Castellano y Leonesa de Transporte en Autobús (Fecylbus), Fernando García, que apostó porque el objetivo de la ley para la financiación del transporte público de viajeros «debe ampliarse a a todas las Obligaciones de Servicio Público del sistema de movilidad, incentivando los modelos de organización del transporte, independientemente del ámbito territorial en que se establezcan (urbano e interurbano), y asegurando su financiación para garantizar este derecho esencial». Además incidió en la importancia de que todos los mapas concesionales de todas las administraciones se coordinen y consesúen «para que la red de redes sea percibida como una única red». Respecto al aspecto económico, García apuntó que «deben suprimirse los obstáculos normativos que encorsetan la capacidad de adaptar los contratos a la evolución real de los costes».

Ayudas para la digitalización 

La Federación de Empresas de Transporte de Mercancías por Carretera (Fetracal), que reúne a asociaciones de Valladolid, Palencia, Segovia, Salamanca, León y Zamora, se mostró preocupada por el desarrollo de la futura ley, ya que el sector considera necesario que se tenga en cuenta la sostenibilidad de las empresas desde el punto de vista medioambiental, económico y social. «El transporte de mercancías se considera un servicio indispensable para la sociedad, y deberán implementarse las medidas adecuadas para que aumente su eficacia y competitividad, y es esencial que se reduzca el desequilibrio en las relaciones comerciales entre los diferentes operadores de la cadena de valor, en el marco de una competencia justa que redunde en beneficio no solo del sector, sino también de los consumidores», explicó su portavoz, Óscar Baños. Además, incidió en que apostarán por la digitalización, para lo que se deben tener en cuenta las especiales características del sector, «con un elevado número de pequeñas empresas, que quizás encuentren dificultades, y necesitarán de todo el apoyo posible». En cuanto a la descarbonización, el sector quiere ser aún más sostenible, pero para ello es imprescindible el apoyo público, para la renovación de material propulsado por energías alternativas.