El pleno de las Cortes aprobó hoy la proposición de ley por la que se garantiza la prestación de los servicios autonómicos esenciales en la Comunidad de Castilla y León, presentada por el Grupo Popular, que salió adelante con el acuerdo con Vox, que apeló a "la coherencia", pese a la ruptura del pacto de Gobierno el pasado mes de julio.

El popular Miguel Ángel García Nieto cerró filas con la norma y volvió a rechazar todas las enmiendas de los grupos de la oposición, cuyo voto fue en contra, ya que tanto PSCyL, UPL-Soria Ya y Mixto (Francisco Igea) dudaron de la eficacia de esta ley y de que en la práctica garantice el blindaje de la sanidad, educación y servicios sociales.

"Es un pacto con los ciudadanos de Castilla y León", definió el popular Miguel Ángel García Nieto la proposición de ley por la que se garantiza la prestación de los servicios autonómicos esenciales en la Comunidad de Castilla y León, comprometida por el presidente de la Junta y registrada en solitario por el Grupo Popular.

García Nieto, en la presentación de la nueva norma, argumentó que el objetivo es "no debilitar" los servicios esenciales, blindar los mismos "sin perder un grado de su nivel" y también luchar contra la despoblación, aunque admitió que han aceptado "pocas" de las 76 enmiendas de los grupos de la oposición que justificó en que pretendían cambiar "el objeto de la ley".

"Votamos en contra con mucha pena, podría haber sido un pacto de Comunidad", argumentó el socialista Diego Moreno, convencido de que es "un texto inútil, anodino y un fracaso" porque supondrá que todo se quede como está. "Ha faltado diálogo en la tramitación", recriminó, para recordar algunas de las enmiendas rechazadas como fijar en 48 horas máximo para una cita en Atención Primaria, más financiación o ausencia de un régimen sancionador.

García Nieto rebatió que se trata de un suelo de calidad del que no se bajará para mantener "la excelencia" de la "mejor educación" que se ofrece en España, una de las mejores en sanidad y también en los puestos altos en atención a la dependencia y servicios sociales. "Es corta en extensión pero profunda en contenidos", resumió.

El socialista reconoció que puede existir falta de médicos pero acusó a la Junta de no hacer los deberes en la convocatoria para cubrir las plazas MIR autorizadas y lamentó que esta ley no contemple los puestos de difícil cobertura. "No garantiza nada, es un virgencita que me quede como estoy", remató. "Está ley blinda los servicios para que no se pueda retroceder, solo ir hacia arriba", replicó el popular.

En la defensa de sus enmiendas, el leonesista José Ramón García argumentó que la accesibilidad no está garantizada por la falta de transporte público y que la dispersión evita que los recursos lleguen en igualdad de condiciones. En sus propuestas, solicitó reforzar la atención sanitaria y la existencia de un centro de especialidades a no menos de 50 kilómetros en los núcleos rurales de un municipio grande.

En otra de las enmiendas, proponen que la consulta de un día a la semana sea obligatoria para todos los núcleos de menos de 100 habitantes, con lo que eliminan lo establecido en la norma de que en el caso de los menores de 50 habitantes se reduzca la consulta a la demanda.

Por su parte, la sorianista Vanessa García, que lamentó que solo se hayan admitido tres de sus enmiendas, reclamó incentivos para los puestos de difícil cobertura, corregir los picos de atención en la red de consultorios rurales, reforzar los consultorios locales.

"Estamos en la consumación del timo de la estampita", inició el procurador del Grupo Mixto Francisco Igea, que dudó de que el blindaje que se propone sea real cuando la supresión de un servicio se tomará por el Consejo de Gobierno sin respetar lo que hayan votado las Cortes. "Esta ley no garantiza casi nada, ni la cartera básica de Atención Primaria", reseñó.

También, preguntó que han blindado tras el exceso de muertes en las residencias por la pandemia y respondió que se ha blindado por ley a las macroresidencias y dudó también de que se garantice la calidad y control. "No hay ningún blindaje, los ciudadanos no pueden recurrir a ningún tribunal si se incumple la ley", remató.

En el turno de explicación de voto, la procuradora de Vox Ana Hernando calificó de "sentido común" el voto a favor de su grupo para que todos los ciudadanos tengan los mismos derechos y oportunidades. También, afirmó que se apoya porque incide en los servicios en el medio rural y en las personas que han optado por vivir en los pueblos.

Frecuencia de las consultas

Según recoge la ley, su finalidad es garantizar a los ciudadanos el acceso en condiciones de igualdad a la prestación en el territorio de los servicios públicos de asistencia sanitaria, educación y servicios sociales.

Contempla que la propuesta de supresión de un servicio se elevará al Consejo de Gobierno para su remisión a las Cortes de Castilla y León como una Comunicación de la Junta de Castilla y León para su debate. Tras el resultado de la votación, la Junta decidirá, mediante acuerdo, sobre la supresión del centro o zona.

En cuanto a la frecuencia de consulta en el núcleo donde no radique el centro de salud, se establece a la demanda en las localidades de menos de 50 habitantes; un día a la semana hasta los 100 habitantes de hecho; dos días a la semana hasta 200 vecinos; tres días a la semana hasta 500 tarjetas; consulta diaria de lunes a viernes en núcleos de más de 500 habitantes de hecho.

También se garantiza el mantenimiento de las unidades escolares, mientras haya, al menos, tres alumnos. Respecto de su supresión, no podrá acordarse hasta que no hayan transcurrido, al menos, dos cursos escolares sin actividad educativa por insuficiencia de alumnado.

En la prestación zonificada de los servicios sociales esenciales, en el ámbito rural, la ley recoge que se mantendrán las prestaciones del catálogo de servicios sociales de Castilla y León en cada zona de acción social, así como el volumen de financiación a las entidades locales competentes para el mantenimiento de los equipos y servicios públicos en cada zona de acción social al momento de su entrada en vigor.