El estado de bienestar, del que tanto presumimos en España, se basa en el conjunto de actuaciones institucionales que tienen como objetivo asegurar la calidad de vida de la población, mejorar la distribución de la renta y la igualdad de oportunidades.  Y entre las políticas que han contribuido decisivamente a mejorar ese bienestar está la gratuidad y universalidad de los servicios sanitarios y de educación.
Esa premisa hasta hace poco incuestionable ha comenzado un proceso de deterioro importante. En parte por efecto de las sucesivas crisis económicas, pero también porque se ha roto definitivamente el consenso que propicio su puesta en marcha. Y ese deterioro lo sufren en primera persona los ciudadanos,  los usuarios de los sistemas públicos. Un ejemplo evidente, incluso en grado de hipérbole, es de el Rut Carpintero, una vallisoletana de 43 años a la que hace unos meses le amputaron las cuatro extremidades. Su caso es extraordinario, poco frecuente, pero eso no es óbice para que tenga las ayudas y prestaciones que necesita una persona con más de un 90% de discapacidad.
El caso de Rut deja al descubierto las debilidades de un sistema de protección que le obliga a adelantar 100.000 euros para la compra de las prótesis que le permitirán volver a tener una mínima autonomía. Un desembolso que no todas las familias pueden afrontar y que no tiene fecha de reintegro. Pero, y aquí viene lo surrealista, en Valladolid no puede recibir la rehabilitación que le permita aprender a usar sus nuevas piernas y brazos. Esto la obliga a buscar ayuda privada en Madrid, lo que implica más gastos.
Pero las vergüenzas del sistema no acaban aquí. El sistema público tampoco le ofrece la ayuda psicológica que necesita una persona que ha encarado la muerte y pagado un precio tan alto como la amputación de sus miembros por sobrevivir. Eso sí, en todo sistema hay recursos que funcionan. Y hay que destacar que en una situación tan compleja, que cambia la vida de todos los miembros de la familia, sí que reciben ayuda a domicilio gracias al Ayuntamiento de Valladolid y un servicio de respiro familiar. Aunque hay un pero en este último, aparentemente mínimo, pero muy importante para Rut y más personas con discapacidad que lo demanda. Coloquialmente se denomina 'canguro'. Y esa infantilización de su situación es un nuevo revés en un camino complejo y con pocas ayudas, donde las palabras, las buenas, importan mucho.