El ex ministro de Transportes José Luis Ábalos ha presentado un nuevo escrito ante el Tribunal Supremo en el que acusa a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de realizar "filtraciones" sobre su vida, algo que --a su juicio-- "denota tintes de inquina y venganza".

Así se pronuncia en un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, que ha enviado a la Sala de lo Penal para que corrija la decisión del magistrado Leopoldo Puente de seguir adelante con la investigación patrimonial contra él y su hijo, Víctor Ábalos, y de mantener a la UCO como policía judicial en esta causa.

La defensa, a cargo del letrado Aníbal Álvarez, critica la actuación de los agentes de la Benemérita y hace referencia a una publicación en la prensa el pasado 20 de febrero --cuando acudió a declarar como investigado-- relativa a JRG, expareja del ahora diputado del Grupo Mixto.

"Salió un titular en un rotativo sobre la vida privada de mi defendido (la cual poco o nada ha de interesar a nadie de esta causa o ajena a ella)", apunta, al tiempo que incide en que no puede más que señalar "una casualidad tras otra".

Ábalos insiste en que "casualmente" de dicho artículo de prensa "se extraen capturas de pantalla provenientes del móvil de Koldo García, que para más inri, el mismo se encuentra nada más y nada menos que en poder de la UCO".

Para la defensa, ello deja claro "la falta de imparcialidad de tan honorable Unidad" y su actuación "extralimitada". "A pesar de lo expuesto por este magistrado instructor en el auto en el que indicaba que la presente causa era delicada a fin de evitar filtraciones, es la citada UCO quien procede a realizar dichas filtraciones únicamente sobre la vida de mi defendido, lo que además denota tintes de inquina y venganza", subraya.

En su recurso, además de criticar la decisión magistrado de mantener a la UCO al frente de la investigación policial, también reprocha que siga adelante con la investigación patrimonial. "Esta parte no puede más que disentir de la justificación mostrada tanto por el magistrado como por las acusaciones", señala.

Insiste en delimitar el análisis de las conversaciones con Torres 

Ábalos afea que se le preguntara por el inmueble en Perú que, a su juicio, "poco o nada tiene que ver con las presentes actuaciones, no solo por el marco temporal (...) sino que además ni siquiera ostentaba el cargo de ministro". En este sentido, insiste en que "deben acotarse a determinadas fechas e hitos temporales".

Para la defensa, el hecho de que se incluyera dicho inmueble en el interrogatorio supone una extramilitación que sesga los derechos del ex ministro en lo que califica como una "investigación prospectiva" no solo de él sino de su hijo.

Además, Ábalos vuelve a afear que Puente indagase en las comunicaciones de los investigados y las referencias que en dichas conversaciones pudieran hallarse con relación a su hijo; al ministro Ángel Víctor Torres o subordinados suyos; al secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán; o con cualquier otra persona aforada ante el Supremo.

La defensa reclama a la Sala de lo Penal que delimite "aún más" dichas intervenciones, "toda vez que como puede deducirse Ángel Víctor Torres, debido al cargo que ostenta, tiene varias decenas de subordinados dado que se trata de una estructura jerárquica en la que (...) son todos ellos subordinados del ministro".

Recurre la retirada del pasaporte

El exministro ha recurrido la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del país y las comparecencias quincenales que le impuso la pasada semana el juez del Supremo Leopoldo Puente.

Puente acordó estas medidas cautelares contra Ábalos tras comparecer como investigado el pasado día 20, al haber obtenido el suplicatorio del Congreso.

La defensa de Ábalos ha presentado un recurso de reforma ante el juez, subsidiario de apelación ante la Sala, en el que pide que "deje sin efecto" las medidas restrictivas de retirada de pasaporte así como la obligación de comparecer los días 1 y 15 de cada mes.

"Alternativamente, y para el improbable caso que no se revocase la citada resolución, solicitamos que la obligación de comparecer los 1 y los 15 de cada mes con independencia de que se realice ante la secretaría de esta Sala Segunda de ese Tribunal Supremo, se puedan realizar también en la ciudad de Valencia, donde tiene el domicilio familiar, así como si se encontrase fuera del mismo ante el juzgado o tribunal del territorio nacional donde se encuentre en esa fecha", señala el escrito, al que ha tenido acceso EFE.

La defensa argumenta que Ábalos no pretende sustraerse de la acción de la Justicia, que "carece de un total absoluto riesgo de fuga", que no pretende viajar al extranjero y en caso de que así fuera "tiene obligación de volver dado que es diputado", al margen de destacar que "las cautelares, ante su ya delicada situación personal y popular, denostarían aún más si caben su imagen".

Al termino de su comparecencia, el juez dictó un auto en el que dice que "persisten los indicios de la posible comisión de diferentes ilícitos penales" que "podrían colmar, cuando menos," los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho, sin citar la malversación, como sí que hizo en anteriores ocasiones.

Puente señaló que estas medidas "resultan precisas, en atención a la particular gravedad de los hechos delictivos que se le atribuyen, con el fin de asegurar, en la medida razonablemente posible, que el investigado no pueda en lo porvenir sustraerse a la acción de la justicia y que comparecerá en la causa cuando fuere llamado".