La lucha contra el tabaco en nuestro país se inició allá por el año 1988, con la entrada en vigor del primer Real Decreto, que fue toda una revolución. Hasta entonces, no era raro ver a un profesor fumando en el aula o a un médico mientras pasaba consulta, escenas que ahora nos parecerían aberrantes. Aquella primera norma aplicó restricciones al consumo en estos lugares y en los transportes públicos (aunque se reservaba la mitad de las plazas para fumadores) y se prohibía la venta a menores.

Las restricciones se fueron ampliando en pequeñas dosis hasta la llegada de gran ley antitabaco, que se aprobó en diciembre de 2005 para entrar en vigor el 1 de enero del año siguiente. Con ella se eliminaban las zonas para fumadores en colegios y centros formativos, en centros sanitarios, en los trenes… y sobre todo, unas medidas que fueron muy polémicas, se prohibía fumar en centros de trabajo y hostelería (total en locales de menos de 100 metros y con zonas de fumadores en los más grandes). En 2011 se amplió la norma y se eliminaron las excepciones en bares y restaurantes, se prohibió fumar cerca de centros sanitarios, educativos y parques infantiles. A pesar de la fuerte resistencia del sector hostelero, el paso de los años ha venido a demostrar que la situación ha mejorado enormemente y todos los ciudadanos hemos ganado en salud.

Muy resumida, ésta es la trayectoria de la sociedad española contra el tabaco y sus nefastas consecuencias sanitarias. Han pasado casi 36 años desde aquella primera norma, que supuso el inicio de una carrera de fondo para eliminarlo de cualquier espacio público. Aún no se ve la meta, pero hoy en día está mucho más cerca, especialmente desde la aprobación de la primera gran ley antitabaco en 2006, lo que no tiene que hacernos aflojar sino incrementar las restricciones en el ámbito público. Hay que recordar que la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria calcula que el consumo de tabaco causa 100.000 muertes al año en España. 

Con estos antecedentes, llegamos al año 2024 y vemos cómo hemos cambiado respecto al tabaco en estos 18 años. Los datos oficiales nos indican que la venta de cigarrillos se encuentra en Valladolid en la cifra más baja desde que hay registros. Los 22 millones del pasado año no llegan a la mitad de los que se compraban cuando se puso en marcha la primera ley antitabaco. Los puros y el tabaco de pipa se han mantenido más o menos al mismo nivel desde 2011 y se ha incrementado mucho el tabaco de liar. Todo ello nos lleva a concluir que caminamos en la buena dirección liberando de humos los espacios públicos e incluso algunos privados, pero que aún queda mucho trabajo por hacer en dos ámbitos: la concienciación ciudadana y la regulación legislativa.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ya anunció hace unas semanas que entre sus prioridades para esta legislatura se encuentra "sacar del cajón» el plan para endurecer la ley antitabaco, alumbrado por Salvador Illa en el 2020 y finiquitado hace año y medio, con las aportaciones de las sociedades médicas, pero que aún no ha visto la luz. Este plan integral de prevención y control del tabaquismo 2021-2025 contemplaba equiparar los vapeadores al tabaco tradicional en los límites y prohibiciones, ampliar los espacios libres de humo a terrazas, playas o coches con menores y embarazadas, aumentar los impuestos a los productos con nicotina y el empaquetado genérico de las cajetillas.

Sería importante que esta vez sí viera la luz esta normativa y diera un impulso a la lucha contra el tabaquismo, sin enzarzarse en disputas políticas o intereses partidistas. Especialmente relevante es el inicio de restricciones a los vapeadores, una nueva forma de 'fumar' que está inoculando a los jóvenes esta adicción, en muchos casos sin información sobre sus peligros. Basta leer que el 53 por ciento de los estudiantes entre 14 y 18 años de Castilla y León ya lo ha probado, según la Encuesta sobre el uso de drogas en enseñanzas secundarias de España, una cifra que en 2014 se reducía al 14,6 por ciento. Este fuerte incremento nos debe hacer reflexionar sobre la necesidad de informar de los peligros de los vapeadores y de restringir su uso y consumo al mismo nivel que el tabaco.

Como ya dije antes, además de la legislación, hay que seguir ahondando también en la concienciación personal. Especialmente los jóvenes deben aprender desde su casa y desde el colegio los daños que produce el tabaquismo, que está enclavado dentro de las drogodependencias. La Asociación Contra el Cáncer (AECC) realiza una labor maravillosa en su tarea de difundir los peligros para la salud de todo tipo de tabaco y de facilitar una salida para aquellos que siguen 'enganchados' al cigarrillo, el vapeador o cualquier otro tipo de sustancia. Pero es tarea de toda la sociedad, incluyendo los hosteleros, que siempre se sienten perjudicados cuando se habla de restringir el uso en sus instalaciones, bien sean cerradas o al aire libre.

Por supuesto que toda regulación y cualquier medida que se adopte requiere diálogo entre los diversos colectivos afectados, pero debemos recordar que en este caso somos todos los perjudicados por el humo, también en lugares al aire libre, y por ello se requiere valentía para velar por la salud colectiva y por la de cada uno de nosotros. Además de las muertes anuales debido al tabaquismo, el gasto sanitario que produce entre los fumadores es inmenso, por lo que también hay que tener en cuenta ciertas prioridades sociales. Desde luego, es preferible que todo el mundo entienda, comprenda y comparta las nuevas restricciones que puedan venir, pero también deben tener claro que hay decisiones que no pueden esperar. El bien común debe ser la prioridad de nuestros responsables políticos y sanitarios.