El comisario de Justicia de la Unión Europea, Didier Reynders, ha aceptado finalmente ser él quien realice las funciones de mediador, relator, facilitador o intermediario para que, por fin, PSOE y PP se pongan de acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuyos vocales llevan más de cinco años con el mandato caducado, y como consecuencia de una ley ad hoc sin poder realizar una de sus principales funciones, el nombramiento de jueces para los altos tribunales provinciales, autonómicos y del Estado.
Reynders no lo va a tener nada fácil porque nada más conocerse que ha convocado a los negociadores de ambas partes, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y el vicepresidente de relaciones institucionales del PP, Esteban González Pons, el próximo miércoles en Bruselas, ambas partes, tras las palabras de satisfacción por el encuentro, han reiterado sus posiciones de máximos que el comisario tendrá que conciliar. Así, donde Bolaños manifestaba su contento porque Reynders ha repetido lo que lleva varios años diciendo, que lo primordial es la renovación del órgano de gobierno de los jueces y luego cambiar la ley para la elección de los vocales con una mayor participación los jueces, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha insistido en que renovación y cambio de modelo se ha de realizar "simultáneamente". El choque de trenes está garantizado desde el primer momento.
La idea de la mediación europea fue una sorpresa que le tenía reservada Feijóo a Sánchez en el último encuentro que mantuvieron y que el presidente del Gobierno no dudó en aceptar. No porque hubiera hecho lo mismo al dar luz verde a la presencia de un relator en los encuentros del Gobierno con Junts, sino porque cualquier mediador lo primero que va a exigir es que las partes se sometan a la legislación vigente y que luego adecuen las normas a los acuerdos alcanzados. Pero primero cumplir con la ley.
En el plazo de dos meses establecido por Reynders las dos partes han de llegar a un acuerdo. En el PP consideran que Reynders está de su parte por su adscripción ideológica y porque no se ha mostrado beligerante con los ninguneos a los que ha sido sometido por el PP. Pero ahora la negociación se va a realizar a la vista de todo el mundo y las partes han de ser muy cuidadosas en el manejo de los argumentos. Según la parte gubernamental las excusas esgrimidas por el PP para impedir la renovación superan la treintena a lo largo de estos cinco años. Para los populares el CGPJ es la última institución que queda por ser colonizada por Pedro Sánchez y la salvaguarda del Estado de derecho, pese a la flagrante vulneración del mandato constitucional.
La consecuencia previsible de la mediación de Reynders es que dentro de dos meses haya renovación del CGPJ y que los vocales progresistas sean mayoría durante los próximos cinco años, por lo que, si la legislatura llega a término y gana las próximas generales, el PP tendrá que convivir al menos un año con un órgano de gobierno de los jueces que puede jugar en contra del gobierno, como hace el actual. O un periodo más largo si el PSOE, como ha hecho el PP, se niega a renovar en tiempo y forma, con las consecuencias conocidas.