Hace casi un año que el edificio ubicado en el número 4 de la calle Olmedo, en Las Delicias, fue okupado y posteriormente desalojado voluntariamente por los inquilinos después de la mediación del Ayuntamiento. Por entonces, el concejal de Urbanismo, Ignacio Zarandona, ya anticipó que la intención de su área era derribar un edificio que estaba en unas pésimas condiciones, que tenía problemas de salubridad y que estaba generando daños a los inmuebles colindantes.

Han pasado once meses desde entonces y el edificio sigue en pie. Las gestiones para derribarlo no están siendo fáciles, porque muchos de los propietarios no se hacen cargo de la situación del edificio, ya que allí no vive nadie. En teoría, son ellos los que tendría que costear ese derribo, pero, dado que es improbable que lo hagan, el Ayuntamiento quiere ejecutar la obra subsidiariamente para después intentar repercutir el coste a los dueños.

Y en mitad de este desierto burocrático, una de las viviendas se ha puesto a la venta en el portal inmobiliario Idealista. Se trata de un piso de la primera planta, la que estuvo okupada, con una habitación, sin ascensor y 40 metros cuadrados útiles, comercializado por Solvia. El precio: 34.000 euros. «Se ubica en el barrio de Las Delicias, rodeado por viviendas de similares características en una zona tranquila. Cerca de la vivienda se encuentran colegios, supermercados y parques infantiles», reza el anuncio, que no hace ninguna referencia a la orden de derribo aprobada.

Anuncio publicado en el portal inmobiliario Idealista.

Solvia vende este edificio a través de una franquicia de la marca. Una franquicia que, según confirma a El Día de Valladolid, es consciente de la situación del edificio, aunque está publicado porque es una venta enviada «desde la central». «Llevamos tiempo contactando con ellos para que eliminen el anuncio porque nos llama mucha gente interesándose, pero aún no lo hemos conseguido», explica la responsable, que precisa que la vivienda es propiedad de un fondo de inversión.

Aunque el Ayuntamiento tiene aprobado el proyecto de demolición y emitida la orden de derribo, el proceso se ha demorado más de lo previsto porque uno de los propietarios se ha presentado voluntario para hacer él mismo este trabajo. Una solicitud que el Ayuntamiento está obligado a estudiar, toda vez que la ejecución subsidiaria siempre es la última opción y solo se puede recurrir a ella si se han descartado el resto de alternativas. Ahora el área de Urbanismo ha dado un plazo a este particular para que concrete su proyecto y, de no hacerlo, retomará el derribo.