El Procurador del Común hizo pública una resolución el pasado 5 de julio en la que pide al Ayuntamiento de Valladolid que establezca la gratuidad del billete de autobús para los acompañantes de todas las personas con discapacidad que necesiten ser asistidas para utilizar este servicio. Un requerimiento que llega después de que el 13 de enero del año pasado se aprobara la Ordenanza Reguladora del Transporte Colectivo Urbano de Valladolid, que en su artículo cinco ya contempla la gratuidad para las personas que viajen acompañando a usuarios invidentes. Sin embargo, el Procurado del Común considera que limitar esa ventaja a este colectivo supone un "agravio" hacia el resto de personas con otras discapacidades que requieran asistencia.

La resolución señala que la "falta de previsión" del Ayuntamiento en este sentido "supone un gravamen añadido al que se ven obligadas a afrontar de forma cotidiana esas personas con discapacidad". Además, incide en que esta situación contraviene el artículo nueve de la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad, ratificada por España, y que exige "asegurar que esta población pueda vivir de forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida y, por tanto, su acceso, en igualdad de condiciones, al entorno físico y al transporte". Además, recuerda que el artículo 20 añade que se han de tomar "medidas efectivas para garantizar que puedan gozar de movilidad personal en la forma y en el momento que deseen a un costo asequible".

El Procurador recuerda que ya hay otras ciudades que han tomado esta medida, entre las que cita a Madrid, Barcelona, Sevilla, Vitoria, Bilbao y Córdoba. Y recuerda al Ayuntamiento de Valladolid que la movilidad es "un derecho esencial que debe ser garantizado por la Administración en condiciones de igualdad".

De este modo, insta al Ayuntamiento a "impulsar" la gratuidad para los acompañantes o asistentes de todas las personas con discapacidad (no solo los invidentes) que tengan necesidad de ir acompañados, "con las condiciones justificativas que al efecto se establezcan". Además, en un segundo punto pide que se valora la posibilidad de habilitar una tarjeta específica para este régimen tarifario que acredite ante el conductor el derecho a esa asistencia o acompañamiento gartuito, para evitar tener que presentar otro tipo de justificantes. Por último, reclama al Ayuntamiento que recoja en los pliegos o contratos de gestión de este servicio público, "como condición obligatoria", este régimen tarifario para los acompañantes.