La Junta de Castilla y León presentará el recurso contra la Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña en la mitad del mes de septiembre y sin agotar el plazo disponible de tres meses desde su aprobación por el Congreso de los Diputados una vez que ya tiene el aval del preceptivo informe del Consejo Consultivo de la Comunidad.
Así lo manifestó el portavoz y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, en la rueda de prensa tras la celebración del primer Consejo de Gobierno a la vuelta de las vacaciones estivales y con el que se abre el nuevo curso político, después de que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, anunciara el recurso contra la norma de la amnistía a políticos del procés catalán.
Fernández Carriedo recordó que los Servicios Jurídicos de la Junta trabajan en el encaje de lo dicho por el Consultivo que ha considerado que existen "fundamentos jurídicos suficientes" para la presentación de un recurso de inconstitucionalidad por parte de la Comunidad de Castilla y León. "Tengan por seguro que se presentará en plazo y antes de agotar el plazo", precisó el portavoz.
Respecto del también anunciado recurso por el acuerdo de una financiación singular para Cataluña que ha facilitado la investidura de Salvador Illa, el portavoz de la Junta criticó que el Gobierno central se sienta "obligado" a su cumplimiento, en referencia a las declaraciones de la vicepresidenta primera, María José Montero, pero recordó que en este momento no existe una norma aprobada que pueda ser recurrida, aunque sí expresó la voluntad de impugnarle cuando exista el acto jurídico o administrativo, según informa Ical.
Fernández Carriedo lamentó que se camine hacia "la agenda separatista" a la que no se llegó con el denominado procés y, en tal sentido, se refirió a declaraciones contrarias a este pacto del PSC con ERC, como las realizadas por Felipe González o José Borrell relativas a la ruptura del principio de igualdad y de solidaridad.
En tal sentido, rechazó entrar en un debate nominalista de sí es concierto o no, como afirmó ayer Montero, para centrarse en que se trata de un pacto que el Gobierno se siente "obligado a cumplir", cuando la financiación afecta a todas las comunidades y se debe acordar de manera multilateral.
Al respecto, insistió en que la ruptura de los principios básicos no es algo que diga la Junta o él mismo como consejero de la materia de Hacienda, sino que subrayó que existen informes en esa línea de Fedea y opiniones de inspectores y expertos. "No tiene el apoyo de la Junta", zanjó, para expresar el deseo de que los grupos de la oposición en las Cortes también mostraran su rechazo a ese acuerdo.
Por último, enmarcó el acuerdo en la investidura de un "presidente" de la Generalitat de Cataluña y en mantener "unos meses más a un presidente del Gobierno", en referencia al pacto con los socios de ERC en el Congreso.