Estamos desesperados. Tengo una hija menor y al final me voy a tener que marchar de mi pueblo y de mi casa». Así de contundente se muestra una de las vecinas de la calle San Juan Bautista de Fresno el Viejo ante la «desesperada» situación a la que se enfrenta a partir del 1 de enero. Es una de las ocho familias que ha recibido la comunicación de desahucio por parte de la Junta de Castilla y León en el caso de que no compren las viviendas de alquiler social en la que se encuentran en la actualidad. 

Estas familias firmaron hace ocho años un contrato de alquiler social, con la obligatoriedad de adquirir las viviendas en una promoción a las afueras de la localidad. Pasaron los cinco primeros años y la Junta concedió prórrogas por tres más. Ahora, llega el momento de comprar y el Gobierno regional ya ha comunicado a los inquilinos que, o bien realizan la adquisición, o tienen que abandonar sus hogares. 

El director general de Infraestructuras de la Junta, José Manuel Jiménez, indicó que estos vecinos ya conocían las condiciones una vez que firmaron sus contratos y reconoció que siete de los afectados están buscando los préstamos hipotecarios necesarios para su adquisición. Asimismo, la Junta ha dejado de girar los recibos de las mensualidades desde el mes de octubre, lo que abre una puerta a que el desahucio se pueda realizar por falta de cobro. 

Jiménez indicó que en el caso de que los vecinos sean desahuciados, las viviendas volverían a salir a la venta para compradores que cumplan los requisitos. «Ellos ya sabían lo que firmaban. Si las casas no se venden en el plazo de dos años, ya veríamos qué podemos hacer». 

El valor de los inmuebles es de 73.000 euros, tienen tres habitaciones y dos baños, salón y cocina. 

La opinión de los vecinos es bien distinta a la que mantiene la Junta y alguno de ellos asegura directamente que ya está buscando casas en otras localidades para abandonar la localidad debido a la situación.  

Inma Jiménez García reside en una de estas casas con su marido y su hija menor de diez años. Han solicitado una hipoteca, sí, pero no tienen demasiadas esperanzas de que vaya a ser concedida por la entidad financiera. «Si no nos la dan, no tendremos más remedio que irnos y dónde vamos a ir». Lamenta su situación, en especial por su hija menor. «Ya no me pasan los recibos y no estoy pagando nada ahora mismo», lamenta. 

Laura del Pozo también convive con su marido y su hija de 16 años. Tiene claro que no va a comprar la vivienda, «que al final se situaría por unos cien mil euros», sino que se marchará a Medina del Campo. «Luego dirán que los pueblos se quedan sin gente. Estoy destrozada», comenta entre lágrimas. Tanto ella como su pareja trabajan en el pueblo y tienen contratos fijos, pero han decidido marcharse ante la situación. 

A Salamanca

Los vecinos lamentan también que la Junta comunicara el desahucio a «una persona mayor con cáncer terminal» que desafortunadamente ya ha fallecido. «Se ha muerto, estaba enfermo terminal y lo querían echar de todas formas. Ahora ya se ha muerto, ahí tienen la casa», matizan. 

De la misma forma, una familia con dos hijos pequeños, procedentes de Marruecos, también han decidido abandonar la casa, según relatan los vecinos. «Se han ido a Salamanca. Han sacado a los niños del colegio. Lo que están haciendo es que la gente no quiera vivir en los pueblos pequeños».