El presidente de Asaja Valladolid entre 1990 y 2015, Lino Rodríguez, volverá a sentarse en el banquillo a finales del presente mes de abril para responder de un delito de estafa y otro societario presuntamente cometidos en relación con el polémico contrato que, supuestamente, obtuvo a espaldas de la organización y a través de Derco, una de sus sectoriales.

Si el exlíder agrario está a la espera de que la Audiencia de Valladolid emita sentencia respecto del largo proceso judicial celebrado entre febrero y marzo por la denominada 'Operación Cebada', en la que se juzgan los supuestos desmanes económicos registrados en el seno de la organización, de los que también se acusa a su esposa y los que fueran gerente y presidente, Ana de la Fuente, Fernando Redondo y Gerardo Rico, respectivamente, está previsto que los próximos días 22 y 29 de abril Lino Rodríguez vuelva al banquillo, en este caso del Juzgado de lo Penal número 2, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

El nuevo proceso se dirige contra él y también contra Gerardo Rico, con peticiones de pena para ambos por parte de la Fiscalía de tres años de cárcel y el pago de una indemnización de 8.785 euros por un delito de estafa en concurso con otro de administración desleal.

Por su parte, Asaja, personada como acusación particular, imputa por estafa y un delito societario y eleva la solicitud a un total de cinco años y cuatro meses de privación de libertad, multa de 2.160 euros, la misma responsabilidad civil pedida por la acusación pública y, a mayores, la nulidad de la conciliación laboral fraudulenta por la que la organización agraria se comprometió abonar a Lino 29.863 euros.

Los hechos se circunscriben precisamente al contrato de trabajo que Lino Rodríguez se firmó, presuntamente, por cuenta de Derco, una de las sectoriales de Asaja que carecía de actividad, en el que se atribuyó la condición de ingeniero agrícola y sin realizar prestación laboral alguna, materia que es objeto de la sentencia próxima de la Audiencia Provincial.

En el presente caso, las acusaciones sostienen que cuando el presidente de Derco, Félix Sacristán, tuvo conocimiento del contrato fraudulento dio la orden de dejar de pagar las nóminas que regularmente percibía Lino, lo que llevó a este último, en su condición de presidente de Asaja, a arreglárselas para que las mensualidades comenzara a pagárselas la organización agraria a través de una subrogación de dicho contrato.

Para ello, siempre según las acusaciones, el exlíder agrario presentó demanda de conciliación laboral contra Asaja y cuando la misma llegó a sus oficinas se hizo con ella y la ocultó al resto de la Junta Directiva, tras lo cual se personó en dependencias de la Delegación de Trabajo acompañado por el vicepresidente, Gerardo Rico, para conseguir así que el sindicato se comprometiera a abonar a Lino un total de 29.863 euros en concepto de las nóminas no abonadas del contrato que Derco había optado por dejar sin efecto.

Se da la circunstancia de que gracias a este presunto ardid, Lino Rodríguez logró que Asaja asumiera el pago de las nóminas de un contrato que la propia Seguridad Social ya consideró en su día fraudulento.

CUMPLE CONDENA ACTUALMENTE

En la actualidad, al margen de este procedimiento previsto para finales de mes y del otro pendiente de fallo judicial, el exdirigente agrario cumple condena de dos años y ocho meses de prisión por un delito continuado de falsedad en documento mercantil y de otros dos de fraude en el cobro de subvenciones a la Junta de Castilla y León en sendos expedientes tramitados a través de la mercantil Campo de Peñafiel S.L. por importe global de más de un millón de euros.

Así, amén de los dos años y ocho meses de privación de libertad, la sentencia del Juzgado de lo Penal 4, confirmada luego por la Audiencia Provincial, incluía el pago de una multa de 1.567.007,74 euros y, en concepto de responsabilidad civil, el abono a la Junta de 727.568,23 euros más intereses, con responsabilidad civil subsidiaria la mercantil Campo de Peñafiel, S.L.

Además, se le condenó a la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un periodo de cuatro años y medio.

Por contra, en el fallo quedó absuelto de la tentativa de fraude de la que venía siendo acusado por la otra subvención, por 252.000 euros, que no llegó a cobrar al percatarse la Junta de la irregular tramitación seguida.