El año 2011 fue especialmente convulso en la hostelería por la entrada en vigor de la prohibición de fumar en espacios públicos cerrados. Esta normativa, que en realidad era una modificación de la Ley de medidas sanitarias frente al tabaquismo que llevaba vigente desde 2006, implicaba cambios profundos en la sociedad española. Con ella se ponía fin al cigarrillo en la oficina. También se prohibió el consumo en bares y discotecas. Los españoles se tuvieron que empezar a acostumbrar a salir a la calle para disfrutar de su pitillo.
Lo que por entonces parecía una medida traumática, por el cambio cultural que implicaba, acabó asumiéndose con cierta normalidad. Pese a las críticas de muchos hosteleros, que vaticinaban el fin de sus negocios.
Hoy resulta impensable que alguien encienda un cigarrillo en la oficina, en la barra del bar o en la sala de espera del médico. Y, a juzgar por las sanciones impuestas, no existe una excesiva conflictividad en este sentido. Según los datos facilitados por la delegación provincial de la Junta de Castilla y León, la Consejería de Sanidad realizó el año pasado 446 inspecciones en Valladolid, 64 de ellas en establecimientos de hostelería y el resto, en centros y servicios sanitarios. Fruto de esta actividad, se incoaron 41 expedientes que incluyeron 30 sanciones, 20 de ellas por fumar en lugares prohibidas, ocho por permitir a terceras personas hacerlo y otras dos por otros motivos no especificados.
Son cinco sanciones más de las que se impusieron en el año 2022, pero hay que tener en cuenta que en 2023 también se hicieron un 31% más de inspecciones que en el ejercicio anterior. El motivo de que haya más expedientes que sanciones es porque algunos de ellos solo recogen meras recomendaciones o advertencias.
Las estadísticas también ponen de manifiesto una importante caída de la actividad inspectora. En 2019, último año antes de la pandemia, se hicieron 848 en Valladolid, prácticamente el doble de las del año pasado, y se impusieron 50 multas.
La gran novedad de la modificación de esta ley en 2011 fue la prohibición de fumar en «espacios de uso público: lugares accesibles al público en general o lugares de uso colectivo, con independencia de su titularidad pública o privada». Las sanciones por incumplir están catalogadas como leves, con multas de entre 30 a 600 euros; graves, de 601 a 10.000 euros, y muy graves, de 10.001 a 600.000 euros. Entre los incumplimientos leves están, por ejemplo, fumar en sitios prohibidos y no tener puesto un cartel que especifique la prohibición de vender tabaco a menores donde corresponda. La lista de irrgularidades graves es la más larga, y va desde permitir fumar en sitios prohibidos, la entrega de muestras de tabaco, hacer descuentos en estos productos o vender a menores cualquier producto que imite las formas del tabaco. Por ejemplo, los antiguos cigarrillos de chocolate. Por otro lado, se considera infracción muy grave «la publicidad, promoción y patrocinio de los productos del tabaco».
Clubes de fumadores
El endurecimiento de la normativa hace más de una década también provocó que los defensores de la libertad para fumar pusiesen en marcha clubes específicos para poder hacerlo sin restricciones. Según los datos de la Junta de Castilla y León, Valladolid tiene cinco registrados legalmente: Club de Fumadores Cava Las Francesas, Club de Fumadores Cepo 52, Club de Fumadores de Castilla y León, Club de Fumadores Santa Ana y Club de Fumadores Vallisoletanos. Son los mismos que había hace una década, pero este periódico ha podido comprobar que algunos de ellos no tienen ninguna actividad. Ni siquiera tienen presencia destacada en Internet.
Más allá de la normativa nacional, las administraciones locales también han impulsado iniciativas para hacer todavía más estrecho el cerco al tabaco. Por ejemplo, en julio de 2022 el Ayuntamiento de Valladolid declaró el Campo Grande como el primer espacio libre de humo de la ciudad, uniéndose así a una iniciativa que la Asociación Española Contra el Cáncer había desarrollado en otros municipios de la provincia. Un trabajo que continuó con una reunión el pasado mes de septiembre entre el concejal de Salud Pública y Seguridad Ciudadana, Alberto Cuadrado, y el presidente de la AECC en Valladolid, Artemio Domínguez. En el citado encuentro se acordó trabajar en tres líneas de actuación: el proyecto Espacios sin Humo, con más zonas que se sumen al Campo Grande, y los programas 'En Marcha- Iniciativas Saludables en Centros Educativos' y 'Rutas Saludables'. Este encuentro se produjo días después de la polémica por el reparto por parte del Ayuntamiento de 7.500 ceniceros portátiles en colaboración con la Mesa del Tabaco.
Según la AECC, el tabaco mata cada año a unas 50.000 personas en España y más de siete millones en todo el mundo.