Los integrantes del Centro Social La Molinera, que okupan la antigua fábrica de harinas La Perla desde junio de 2018, han acusado al alcalde de Valladolid, Óscar Puente, de ordenar un desalojo "ilegal", "totalmente alegal" y "poco reglado" del edificio al no haberse comunicado "en tiempo y forma" el lanzamiento. De esta manera, han criticado que agentes de la Policía Municipal se personaran a las 9.00 horas para proceder al desalojo de La Molinera, por lo que han hecho responsable, "en última instancia", a Puente. "Es un ataque absolutamente despreciable y vergonzoso para los que entiendan que los vecinos autoorganizados construyen la ciudad", ha asegurado uno de los portavoces del colectivo Javier Lázaro.  

Ha dicho que, en ningún momento, se les había comunicado el proceso ya que los agentes solo presentaron un escrito para proceder al desalojo a la antigua propiedad del hotel. "La Molinera no ha sido desalojada por que han sido desalojados los antiguos propietarios de La Perla, que abandonó a los trabajadores ni pagaron las deudas a los proveedores. Nosotros seguimos aquí, desarrollando nuestra actividad normal", ha subrayado. 

Lo cierto es que La Molinera se enfrenta a la amenaza del desalojo, después de que la empresa Kelona Invest haya adquirido el crédito de la deuda hipotecaria, tras subasta pública, y haberse hecho con la titularidad de la propiedad del inmueble. "Su intención es absolutamente ilegítima por que se ha hecho con el edificio sin hacerse cargo de las deudas de los proveedores y los trabajadores del hotel. La Molinera era del pueblo, es del pueblo y seguirá siendo del pueblo por que los dueños son los vecinos de Valladolid autoorganizados, que han ocupado un espacio que se desgradaba por la pasividad de las instituciones como la Junta, el Ministerio de Cultura y el Ayuntamiento de Valladolid", ha añadido. Es por ello que los colectivos, organizaciones, agrupaciones y personas que apoyan el proyecto social y cultural de La Molinera han animado a la ciudadanía a concentrarse hoy a las 19.00 horas como muestra de apoyo.  

Otro de los portavoces de La Molinera Jorge Lebrero ha considerado, según la Agencia Ical, "increíble" que el Ayuntamiento actúe por el desalojo del proyecto social y cultural existente desde hace más de tres años en el inmueble de la avenida de Salamanca, después de que fuera ocupado por el hotel de cinco estrellas Marqués de la Ensenada cuando hay un problema de "narcopisos" en la ciudad y no se acomete con la "misma diligencia". Han criticado que la Policía Municipal haya "saqueado, con actitud chulesca" hoy el edificio, retirando cartelería, simbología y banderas que representa al colectivo.  En la actualidad, según comentó hay decenas de personas en el interior de La Molinera, que han vuelto a ocupar el edificio una vez que ha partido la Policía Local y la puerta ha quedado sin vigilancia. De ellas, algunas viven de forma continuada en el edificio.  

Lebrero ha precisado que se trata de un "ataque más del capitalismo en crisis y actitud especulativa del régimen de 1978 que viene a desposeer a la juventud y al resto de colectivos del tejido asociativo de sus herramientas para que los vecinos se organicen", añadió. Contrastó el modelo de La Molinera, con la juventud organizada y los  movimientos populares y sociales frente a una economía "criminal" de los fondos buitre. "Tenemos la firme convicción de prevalecer aquí y defender, por la vía legal pero también la vía social, política e ideológica este espacio  y el derecho de la juventud y los movimientos a morar, ocupar y dar vida a edificios que, si no, se utilizarán para economía especulativa", ha añadido. En todo caso, una vez que se les notifique el lanzamiento, deberán estudiarlo con el equipo jurídico.  

Posicionamiento de la CHD

Además, este portavoz consideró que una institución como la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) debería tener voz respecto a la propiedad del edificio. No en vano, recordó que la cúpula de Urbanismo del Partido Popular fue condenada, y ratifacada por el Tribunal Supremo, por modificar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y permitir que una antigua fábrica de harinas, que es Bien de Interés Cultural (BIC), se convirtiera en un hotel de cinco estrellas. "Existe otra administración que está llamada a decir algo por que todas las dependencias relacionadas con el Canal de Castilla deben ser protegidas por la CHD", ha señalado.