El Centro Regional Zambrana, dependiente de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta, cuenta desde el pasado 1 de junio con un refuerzo de su servicio de vigilancia y seguridad para sobrellevar el aumento de la conflictividad que se viene produciendo allí sobre todo desde el año pasado, con un serial de agresiones por parte de los internos (jóvenes infractores que cumplen medidas de internamiento por orden de Juzgados de Menores) y bajas que afectan especialmente a los educadores. Un colectivo que reconoce tal mejora pero que, por otro lado, advierte que no resuelve su situación por contar con una plantilla que, igual que la de vigilantes, también considera infradimensionada y con vacantes sin cubrir; de ahí la concentración de protesta del pasado martes, el paro de una hora previsto para el próximo miércoles 19 y la amenaza de terminar convocando una huelga de jornada completa.

El refuerzo consiste en la incorporación de un turno adicional de vigilante, de lunes a viernes, en horarios de mañana y noche; y los fines de semana en turnos de mañana, tarde y noche, con un incremento de la inversión en seguridad que ronda los 180.000 euros (179.029,37) para mantener el servicio en las nuevas condiciones, de momento, hasta el 31 de mayo de 2025, al ser esta última la fecha de vencimiento del contrato que se firmó con la empresa Vasbe y entró en vigor el 1 de junio de 2022, cuando el Zambrana tenía poco más de la mitad de internos que ahora. Entonces el contrato se formalizó por tres años con un coste de más de 3,6 millones de euros que ahora pasa a superar los 3,8 (de 3.656.933,95 a 3.835.963,32).

El proceso administrativo para abordar este refuerzo se inició el pasado 14 de febrero con la emisión de un informe-propuesta del Servicio de Prevención y Reinserción Social cuyo contenido, consultado por El Día de Valladolid, justifica la medida adoptada. De hecho, ya en primer lugar cita «el aumento del número de menores en el área de reforma y de la conflictividad de estos», así como «la proliferación de nuevas formas de violencia juvenil, con especial consideración a la presencia en el centro de menores vinculados a bandas latinas». Alude además a «los desórdenes colectivos que hacen necesaria la actuación inmediata de los vigilantes»; y «como consecuencia», considera que «se hace necesario el incremento» de registros, cacheos y requisas «para garantizar la seguridad del centro», así como del número de espacios a vigilar en el centro y la «supervisión constante» a través de la red de cámaras de videovigilancia (CCTV).

La documentación también incluye un informe del director del Zambrana en el que reconoce que el incremento del número de internos que se produjo durante el año pasado «ha adquirido carácter estructural», y aporta datos que ponen negro sobre blanco lo infradimensionado que podía estar el servicio cuando se configuró años antes para atender a menos internos. A 31 de diciembre de 2022, concretamente, en el área de Reforma había 38 personas cumpliendo medidas de internamiento a disposición de los juzgados de Menores, y en esa misma fecha de 2023 la cifra ascendía a 70, después de que a lo largo de ese último año se produjeran hasta 118 nuevos ingresos, amortiguados en parte por otros jóvenes que salieron. 

El informe ya no aporta datos oficiales más recientes, si bien los representantes de los trabajadores advertían el pasado martes que seguían en máximos. El secretario provincial de Enseñanza de CCOO, Pablo Redondo, habló de 57, pero aparte también «14 que no están», de tal modo que «si los que están fugados volvieran, la situación sería mucho más grave».

Las sanciones disciplinarias se duplican hasta superar las 300 en un año

Retomando el informe del director, tras reseñar los 70 internos que había al término de 2023, expone que «este aumento tan significativo -con respecto a los 38 que se contabilizaban a finales de 2022- se ha visto acompañado de un incremento significativo también de la conflictividad que se traduce no sólo en un mayor número de intervenciones del personal de seguridad del centro, sino en intervenciones que requiere de una coordinación de un mayor número de profesionales durante la gestión de los incidentes, debido al carácter violento de los mismos». En ese sentido, apunta que en 2022 se adoptaron 151 sanciones disciplinarias contra los internos, mientras que en 2023 se incrementaron hasta 333.

Por todo ello, el director concluye que «la modificación del contrato resulta imprescindible para reforzar la plantilla diaria de personal de seguridad, lo que permitirá reducir los tiempos de respuesta en la gestión de los incidentes de carácter violento, a la vez que dotar a la plantilla de mejores condiciones de trabajo para garantizar su propia seguridad».

Por otro lado, la Junta ya informaba en mayo de la instalación de un nuevo sistema de pulsadores SOS o botones antipánico y la mejora del equipamiento del personal de seguridad, con la dotación de pinganillos para transmitir información de manera rápida, segura y confidencial o la adquisición de chalecos antitrauma o antipinchazos. Y en paralelo iniciaba la tramitación del concurso para la adjudicación de la siguiente contrata de gestión del centro con nuevas condiciones que incluyen «más educadores y personal de seguridad, sustituciones a tiempo completo y un coordinador que refuerce la organización interna». 

Justo este jueves confirmaba la Junta que la nueva empresa, Meridianos, sustituirá a Grupo 5 (empresa perteneciente a Clariane, que la representa a su vez como marca corporativa) a partir del próximo 1 de julio. Los educadores dudan de que así acaben sus problemas, al criticar que se prevea compensar su déficit de personal con «integradores» que describen como «auxiliares de educadores»; pero al menos la nueva gestión se regirá por un pliego de condiciones que la Consejería ha elaborado con posterioridad al aumento «estructural» del número de internos advertido por el propio director del centro.