Ruperto Sánchez Casares es un vallisoletano de 54 años (en un mes cumplirá 55) que ha pasado los siete últimos encarcelado en Venezuela. Es uno de los 323 presos políticos, considerados como tales por Foro Penal, organización no gubernamental venezolana de derechos humanos, del país presidido por Nicolás Maduro. Y es uno de los 125 militares que están entre esos tres centenares de encarcelados.

Pero Ruperto no es uno más. Es vallisoletano. Y el único español de nacimiento considerado preso político. El resto es de tercera generación, es decir de padre, madre o abuelos españoles. Ruperto nació en el Hospital Provincial de Valladolid, que hoy es uno de los edificios de la Diputación, el 20 de mayo de 1966, fue bautizado en la iglesia Santa María Magdalena en junio de ese año y muy pequeño viajó junto a sus progenitores, el venezolano Ali Sánchez (que se graduó en Medicina en la Universidad de Salamanca) y la cántabra Aurora Casares, al país de origen de su padre. Allí creció, se casó, tuvo dos hijos y desarrolló su carrera como militar durante 25 años, llegando a ser teniente coronel de Aviación, recibiendo numerosas condecoraciones por el camino, como la Orden al Mérito Aeronáutico Teniente Carlos Meyer Baldó, que recompensa los servicios distinguidos prestados en la Fuerza Aérea. Pero nada de eso le ha servido desde que fuese detenido el 15 de mayo de 2014 por instigación a la rebelión en la denominada ‘Operación Jericó’, un supuesto intento de golpe de estado, en que estuvieron implicados otros ocho compañeros.

«Todos los testigos de la Fiscalía dijeron que no fueron instigados por Ruperto. No hubo revuelta militar en 2014, no hubo ni instigación ni rebelión. Y eso le convierte en un preso político», señala desde Venezuela su mujer, Kerling Rodríguez de Sánchez, que no ha dejado de pedir su libertad desde entonces. Ruperto fue detenido en Caracas, aunque residía en Maracay. Pasó tres meses retenido en los sótanos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Un año más tarde, en mayo de 2015, y pese a que no hubo esos indicios, como señala su mujer, fue condenado a 7 años y 3 meses. «El día de la sentencia ya llevaba un año preso en Ramo Verde (al sur del Área Metropolitana de Caracas), pero le mandaron a una cárcel a 800 kilómetros de la ciudad donde vivimos, a La Pica, en el estado de Monagas. El castigo así fue para toda la familia», añade Kerling.

El día de su bautizo (26 de junio de 1966) en Santa María Magdalena, junto a su padre, el venezolano Ali Sánchez y su madre, la cántabra Aurora Casares.Con dos hijos, de 9 y 15 años entonces, la vida de Ruperto y Kerling cambió radicalmente. Es verdad que el vallisoletano ya había sido detenido en 2008 por el mismo delito, pero salió en libertad con régimen de presentación (tenía que presentarse cada mes en la Comandancia General de la Fuerza Area y en la Corte Marcial). Y eso le hizo estar cinco años sin cargo militar, lo que conlleva la baja o retirada de la carrera. Ésta le llegó el 1 de mayo de 2014, justo un par de semana antes de ser detenido: «Llevaba años pidiendo su expediente sin conseguirlo. Ese 1 de mayo, tras mucha insistencia, se lo dieron y comprobó que nunca hubo nada en su contra y que llevaba presentándose más de tres años de más».

Dos semanas después fue detenido en el aparcamiento de la Corte Marcial, los tribunales militares en Venezuela: «Le enseñaron un papel que apenas pudo leer». Luego llegaría la condena. «Cuando dijeron 7 años y 3 meses pensé que nunca se iba a cumplir, porque era una injusticia pero el tiempo ha pasado y lo que más me importa es que salga en libertad», pone el énfasis ahora Kerling. «Un día que está en prisión es un día en condiciones de insalubridad, hacinamiento y de riesgo de su propia vida. Por eso no dejo de luchar», añade. 

En julio del pasado 2020, el militar vallisoletano fue trasladado de La Pica de nuevo a Ramo Verde. Y según su mujer ya debería haber sido puesto en libertad: «Con las redenciones debería estar libre desde agosto. Las redenciones no son un beneficio procesal, es un derecho contemplado en las leyes y en la jurisprudencia del país. Él estudio varios cursos e hizo horas de trabajo, de mantenimiento en las áreas de la prisión, que le dan esas redenciones. Pero no llega la libertad. Por eso alzo mi voz y no me canso».

«Primero luché porque era inocente y ahora me toca luchar por su libertad. Lo hago con la misma vehemencia porque esto duele y es una herida que se abre a cada momento», vuelve a decir Kerling, con temor de no verle en la calle. Porque asegura que ya hay precedentes de militares presos políticos que, aun habiendo cumplido la condena completa, no han salido en libertad. «Uno quiere que haya justicia. Es inocente del delito. Sin esas redenciones, Ruperto debería salir en agosto de este año. Pero, ¿quién me lo asegura?», se pregunta en alto.

A todo ello se le añade que llevaba más de un año sin poder visitar a su marido por la pandemia. Desde el inicio de ésta no lo había hecho hasta hace unos días: «El pasado 16 de abril le vi. A través de una reja, a 1,5 metros de distancia, con tapabocas. Le vi muy muy delgado (ya lo estaba cuando estaba en La Pica, en Monagas). Le vi más delgado. Pero le vi fuerte. Es un hombre con valentía y fortaleza en su espíritu. Somos muy católicos y esa fuerza le viene de Dios. Es fuerte y valiente y me dijo que tranquila, que falta menos». Sus hijos estuvieron 15 meses sin verle. 

Kerling lleva años luchando por su libertad. Su madre, Aurora, vive en Venezuela y lleva los mismos años rezando por ver a su hijo.