Desde que se instaló en La Moncloa, Pedro Sánchez ha demostrado una proverbial habilidad para abrir cismas con todos los estamentos de la Justicia. No hay categoría ni jurisdicción que se le resista en este ámbito, que no se haya mostrado discrepancias más o menos severas con las decisiones o con la falta de las mismas por parte del Ejecutivo.

Desde los altos tribunales, a la judicatura, pasando por los funcionarios de Justicia o los abogados del turno de oficio, al Gobierno se le vienen acumulando las rebeliones con una frecuencia que resulta ya muy preocupante.

En medio de los enfrentamientos abiertos y de la incapacidad para llevar a buen puerto la renovación del Consejo General del Poder Judicial, bloqueada desde hace ya cinco años, a Sánchez no dejan de abrírsele frentes. El último, con el recurso presentado por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ante el Tribunal Supremo contra la designación de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado. Argumenta la organización profesional que el modelo fiscal que pretende el Gobierno es «justo el contrario del que diseñó el constituyente», una reflexión con la que hacen referencia a la parcialidad de García Ortiz, «por su apoyo al Gobierno», entre otras cuestiones.

El recurso de esta asociación viene a sumarse a otras reprobaciones que pesan sobre el fiscal general del Estado, desde su nombramiento como sucesor de la exministra Dolores Delgado. Precisamente, el ascenso de Delgado a la categoría de fiscal de Sala le ha valido la amonestación del Tribunal Supremo, que consideró «una desviación de poder» esta promoción a la máxima categoría de la Carrera Fiscal. A García Ortiz se le reprocha, en definitiva, una actuación de parte que resulta muy alejada de la misión de imparcialidad que corresponde al Ministerio Público. Su ratificación en plena polémica por esa desviación de poder, por parte del ministro de Justicia, Félix Bolaños, no hizo sino reforzar los argumentos que se esgrimen en su contra y que el propio protagonista se ha encargado de ratificar con sus actos.

En particular, ha llamado la atención que sea el fiscal general del Estado la única voz judicial que no ha condenado la acusación del independentismo por la supuesta guerra judicial en su contra.

Con estos precedentes, el recurso de una de las asociaciones profesionales de fiscales pone de manifiesto el malestar del estamento en su conjunto por la parcialidad de quien está obligado a demostrar justamente lo contrario, para garantizar la buena salud de uno de los soportes del poder judicial.

Un desencuentro más, que no hace si no agrandar la ya enorme brecha abierta entre el Gobierno de Sánchez y todo el estamento judicial en su conjunto.