Lleva pocas semanas en el cargo, pero es uno de los concejales que más experiencia política tiene. Alberto Gutiérrez Alberca ya fue concejal de Cultura y  de Urbanismo en la época de León de laRiva. Y ahora Carnero ha confiado en él para el cambio que quiere aplicar a la movilidad y por eso le ha puesto a la tarea desde el primer día.

¿Cómo lleva pasar, casi sin tiempo para ubicarse, de la oposición a gestionar un área tan compleja?

Los asuntos relacionados con la movilidad son en los que más trabajamos en los últimos cuatro años en la oposición, pero también cuando se conformó la candidatura de Carnero y en el programa electoral. Tenemos identificados los problemas y las modificaciones necesarias para favorecer los distintos tipos de movilidad. Y desde ese punto de vista ha sido sencillo, pero como en cualquier labor administrativa los pasos que son necesarios hacer generan una burocracia que no es muy efectiva, marcada por los plazos.

Desde que se anunció la derogación de la ordenanza para dos carriles bici y el de bus se generó la duda de si basta con anularla o deben aprobar otra nueva. 

Daremos la mayor garantía jurídica a las actuaciones que hagamos. Se tramitará una nueva porque las sentencias que hay en este sentido, no solo en Valladolid, hacen que busquemos la mayor seguridad jurídica en esta tramitación. Las dudas son si en ese proceso podemos acometer algunas de las actuaciones que hemos venido anunciando.

Como alternativa al carril de Isabel la Católica ya han presentado un  nuevo carril, paralelo al que se recupera para el tráfico.

Se habilitará un nuevo carril bici contiguo a la calzada, que discurrirá paralelo a una acera que se construirá en lo que ahora son zonas ajardinadas de La Rosaleda y el parque de las Moreras, lo que permitirá recuperar para el tráfico los dos carriles en sentido plaza de Zorrilla. Ya se ha licitado el proyecto, que cuenta con un presupuesto de 1,6 millones. La intención es adjudicarla en septiembre y con un plazo de ejecución de entre siete y ocho meses.

En el caso de la avenida de Gijón, ¿es más fácil la alternativa?

Es más fácil revertir la situación actual, aunque interfieren un poco las marquesinas de los buses. Es más compleja la solución, pero técnicamente es posible.

En el caso del carril bus, ¿se revertirá todo el trayecto o solo una parte?

Pensamos que hay que eliminar los carriles de uso exclusivo de bus y taxi que no estaban cumpliendo su cometido, y que están generando dificultades en la movilidad de otros sistemas de transporte. Siempre nos referimos a los lugares donde no había posibilidad de generar otro carril, y en este caso es el puente del Poniente y López Gómez.

 ¿Solo se eliminan esos dos tramos y el resto sigue igual?

Sí, solo esos dos. El resto sigue igual, por ejemplo, Fray Luis de León mantendrá su uso actual.

¿Cuándo funcione la zona de bajas emisiones volverá  a operar  el carril bus en López Gómez?

Hay una obra prevista en esa calle y en ese momento se tomarán las decisiones oportunas. Hay que hacer una reurbanización general, modificar la canalización del abastecimiento y el saneamiento. En estos momentos nuestra intención es revertir esos carriles porque han generado muchos conflictos en la movilidad.

La movilidad se regula con varias ordenanzas. El anterior equipo iba a unificarlas. ¿Mantendrán esa idea de agruparlas?

No vamos a empezar de cero porque de lo que se trata es de hacer un texto refundido con las normas jurídicas existentes. Hay un reglamento de circulación, que también afecta a otros vehículos como son los de movilidad personal,... Vamos a realizar un texto refundido y también hacer un nuevo Pimussva, es decir un nuevo plan integral de la movilidad sostenible. El que hay se basa en encuestas que están totalmente obsoletas, entre otras cosas por los cambios derivados del teletrabajo, de la configuración metropolitana, de las modificaciones en los hábitos de desplazamiento, del envejecimiento y la pérdida de población. 

¿Es una medida urgente?

Es inexcusable hacer un nuevo Pimussva, con los textos refundidos, que garanticen una seguridad jurídica. Esperamos que sea consensuado como intentamos con el anterior equipo de Gobierno en la época de pandemia, cuando generamos la mesa para la recuperación pospandemia  de la ciudad. Allí se consensuaron muchas propuestas, pero nunca se plantearon los cambios en movilidad. Fue posteriormente y tendimos la mano para aprobar el plan Valladolid Verde con tres modificaciones: el carril bus de Poniente y los carriles bici de Isabel la Católica y de la avenida de Gijón. El empecinamiento hizo que se recurriera la decisión y evitó que se hiciera de una manera pacífica, incluido los propios errores que han reconocido y corregido después. 

¿La movilidad será otra vez el punto de fricción?

No debería de ser un caballo de batalla ideológico. Hay gente que ya sabemos que está con las teorías de que los postulados de izquierda se tienen que centran en aspectos como la ecología y el feminismo, pero no debería ser. Todos coincidimos en que las directivas europeas hay que cumplirlas, en que hay que reducir la contaminación en las ciudades, que eso pasa por mejorar la eficiencia energética,… Hay que actuar en todos los campos, no vale tocar solo una de las partes.

¿Incluirán en esta nueva ordenanza la regulación de los patinetes eléctricos?

Sí, es importante dar seguridad al transporte en los vehículos de movilidad personal (VMP), incluidos los patinetes, porque van a ir a más. Ahora mismo en la mayoría de los carriles hay más que bicis porque hay un sector de edad que lo utiliza como su modo de transporte.

¿Y el vacío de regulación?

Hay que mejorar la regulación, sobre todo por seguridad. No son la mayor parte de los atropellos que se producen, pero cuando los hay son más graves que los de las bicicletas por la velocidad y el peso que llevan.

¿Permitirán la llegada de empresas de préstamo gratuito de VMP?

No me consta que haya peticiones para instalarse en Valladolid. Y aquí hay un problema para los sistemas de compartir vehículos y es el mercado. Ya existe alguna empresa pequeña y solo hay que preguntarles. ¿Dónde funcionan mucho este tipo de empresas? Donde hay mucho turismo, que lo utiliza para sus desplazamientos ocasionales y donde se produce una imagen de ciudad. No es el principal problema de la ciudad. Es anecdótico realmente.

¿Van a seguir con la instalación de las estaciones de Biki?

Tenemos que cumplir con los fondos europeos y, en principio, sí que las vamos a implantar. Vamos a extremar las ubicaciones. En la época en la que fui concejal de Urbanismo se tenía mucho cuidado y se hacían reuniones de coordinación de todos los servicios para que las ubicaciones no generaran efectos perversos. No tiene sentido que se eliminen de forma generalizada plazas de estacionamiento y no hay por qué, se pueden ubicar en otros lugares. Y también queremos que tengan el mayor uso posible. Las cifras no son tan elevadas como inicialmente estaba previsto y hay que ir acompasando la instalación a esto.

¿Ya tiene un sustituto para el gerente de Auvasa?

Hemos anunciado varias medidas relacionadas con Auvasa, entre las que está la realización de una auditoria, la negociación del convenio  colectivo y la mejora del equilibrio económico-financiero de la sociedad. En este sentido, hay unos magníficos profesionales en Auvasa, pero hay que reforzar la administración general y presupuestaria. 

Son retos importantes los que deben afrontar.

Es un reto, pero también es bonito. Lo del convenio es un gran debe de la Corporación anterior. Específicamente en Auvasa hubo tres cuestiones que no tienen justificación. Una es no haber cerrado el convenio;  otra es no haber actualizado los salarios cuando todas las sociedades públicas municipales sí que lo hicieron y eso es un trato discriminatorio y la tercera es que no se les tuvo en cuenta en el homenaje a los servidores públicos durante la pandemia. Esto ha generado un caldo de cultivo social muy lejano de lo que se denomina paz social. 

¿En esa auditoría esperan encontrar irregularidades?

Esto no es una auditoría de investigación, es de toma de conciencia, de saber cuál es la situación. Auvasa tiene una excesiva dependencia económico-financiera del Ayuntamiento, algo que se pone de relieve en las auditorías de las cuentas generales. Hay que intentar que esa dependencia no sea tan exclusiva y excesiva.

¿Cómo se puede corregir si por esencia es deficitaria? ¿De dónde se pueden sacar réditos?

El transporte público es deficitario, pero ahora con una reducción del 50% del billete se va a unos márgenes no sostenibles. Las aportaciones extraordinarias que hay que hacer, y que siempre habrá que hacer porque es un servicio público y así se va a mantener, deben estar en los márgenes razonables y que no nos lleven a una situación casi de quiebra. Con los resultados de las tres últimas cuentas anuales, en un periodo en que el estuvieran en vigor las reglas fiscales, Auvasa tendría que haberse disuelto al tener durante dos años continuados pérdidas. 

Habrá que estudiar si parte de las inversiones necesarias para amortizar la flota se pueden periodificar a lo largo de los años porque si no se tienen que realizar todas en el momento. Hay que filtrar los gastos que tengamos en el futuro. 

Auvasa iba a ejecutar el nuevo parking de Isabel la Católica. ¿Qué previsiones tienen? 

No hay ni proyecto. Se hizo un estudio previo, con la oferta y la demanda. Hay que hacer antes otras cuestiones como es el establecimiento de la zona de bajas emisiones (ZBE) y los perímetros en los que operará. Hoy no veo que la prioridad inversora directa del Ayuntamiento, no concesionaria, sea la ejecución de un aparcamiento subterráneo. Hay que ver los índices de ocupación que tiene el que ya existe en la misma zona. 

Hoy no lo veo porque sería un coste económico enorme, que tardaríamos bastantes años en recuperar. Con esto de los aparcamientos se ha hecho un poquito de trampa porque Auvasa ha recibido un activo del Ayuntamiento, un aparcamiento que había finalizado su concesión. Si tu tienes que construir un aparcamiento nuevo, tienes que adelantar la financiación. 

Menciona la ZBE. ¿Empezarán de cero con la ordenanza que la regulará? ¿Estará para final de año?

Sí, empezaremos de cero, aunque tenemos unos elementos muy importantes para esa definición como es el Pimussva y el plan de control de la calidad atmosférica, que ya tenía el anterior equipo de Gobierno. Ellos tomaron una decisión puramente política: ante unas alegaciones al plan de control atmosférico decidieron duplicar la ZBE, sin exposición pública y  recogiendo unas enmiendas de una serie de colectivos. Los instrumentos para fijar el área ya existían. Vamos a tramitar una ordenanza porque es obligatorio y hay que dar la mayor solvencia y garantía jurídica a todos los pasos que se den. 

¿El cambio de la ZBE afecta a los contratos ya licitados, como el de las cámaras de control de acceso? ¿Afectará a los fondos europeos?

En principio cumpliríamos plazos y  no habría problemas. Hay un contrato de compra de cámaras, otra cosa es dónde se ubican. 

El ex alcalde dice que se pueden perder fondos, ¿está en disposición de asegurar que no?

Lo que dijo se asemeja a lo de esta gente que se dedica a difundir bulos de que hay gente con tres cabezas. Como ciudad tenemos firmado un pacto por la descarbonización y la emergencia climática en el que nos comprometemos en que en 2035, con una serie de inversiones, seremos climáticamente neutros. Él habla de los costes generales de no haberlo conseguido, no perdemos una línea de subvención concreta. 

¿Habrá más peatonalizaciones?

Se valorará en los estudios de movilidad que realizaremos. 

¿Hay algún proyecto inminente que le preocupe su desarrollo?

Nos preocupa la liquidación de los proyectos de los ascensores de Parquesol y algunos problemas que podemos tener para cumplir con los proveedores de la flota de autobuses eléctricos. Queremos marcar nuestra impronta y en estas semanas se verá claramente los proyectos por los que vamos a apostar. La movilidad no solo son restricciones, también son infraestructuras. Ahora tenemos dificultades con el paso elevado de la calle Daniel del Olmo y también con el de Arco de Ladrillo. Son puntos críticos y sus reparaciones tienen unos costes económicos muy grandes. Y está pendiente el paso inferior en la N-601, a la altura del colegio de San Agustín, además de otras nuevas infraestructuras para mejorar la movilidad.