La Consejería de la Presidencia estrenó este año subvenciones para mantener locales de ocio, de convivencia y evitar la soledad no deseada en pequeños pueblos de Castilla y León como su medida estrella, además de su destino para mantener la población en estos núcleos rurales. En su resumen de este 2024, figuran la aprobación de la nueva ley del juego, de la Agenda Exterior y la presentación del anteproyecto de ley de Función Pública y del IV Plan de la Ciudadanía en el Exterior.

Un total de 734 pequeños pueblos, con 70.000 personas censadas (145.000 si se suman itinerantes), son los primeros beneficiarios de esta ayuda individual de 3.000 euros destinada a financiar los gastos de mantenimiento de sus locales de ocio y bares donde se reúnen los vecinos. "Cuando se cierra un bar, muere un pueblo", dicen en la Junta.

La orden de Presidencia para la concesión de subvenciones a los municipios con población inferior o igual a 200 habitantes para el mantenimiento de los centros de ocio y convivencia se publicó en el Bocyl el 18 de junio, con una dotación de 3.035.116, que se podía incrementar en otros 500.000 en función de la demanda.

Fue en octubre cuando salió el listado de los núcleos beneficiarios de esta subvención -2,2 millones que no agotan la partida inicial- con la que podrán pagar el agua, luz, gas y otros combustibles para calefacción y agua caliente de sus centros de ocio, así como la factura de abono de internet, televisión o plataformas audiovisuales. Su aceptación se considera un éxito en el departamento del consejero Luis Miguel González Gago.

Otra medida que contribuye a fijar población es la bolsa de secretarios de ayuntamientos. A finales de noviembre, según los datos facilitados por Presidencia, eran 203 los nombramientos (93 de secretario de ayuntamiento y 110 secretario de agrupaciones de ayuntamiento). La bolsa cubre un 23 por ciento de las 1.611 plazas, con 13 días de media entre la petición municipal hasta que se cubre la plaza.

Leyes del Juego y de Función Pública

Una ley retrasada se aprobó finalmente por las Cortes de Castilla y León en marzo. Se trata del proyecto de ley por la que se modifica la Ley de 1998 reguladora del Juego y de las Apuestas de Castilla y León. Sin embargo, no concitó consenso ya que solo obtuvo los síes de PP y Vox, socios en ese momento. Para la oposición no protege de forma suficiente a menores y personas con adicción. La norma deja en 150 metros la distancia mínima entre un centro de juego o casa de apuestas y un colegio.

González Gago presentó en el Consejo de Gobierno, el pasado mes de octubre, el anteproyecto de ley de Función Pública, que recoge como novedad el nuevo permiso retribuido para las empleadas públicas a partir de las 37 semanas de embarazo y hasta el parto, que se amplía a las 35 en caso de embarazos múltiples, en lo que se estima un coste asociado de un millón de euros por la Junta.

Este anteproyecto, comprometido por el presidente de la Junta en su investidura, ya fue presentado en la pasada legislatura por el entonces consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez. Con el adelanto electoral de febrero de 2022, decayó. El actual consejero retoma ahora el texto, cuyo objetivo es tener una ley más moderna y adaptada a la realidad de la administración autonómica.

Acción exterior

El Consejo de Gobierno dio luz verde a la Agenda de Acción Exterior para el período 2024-2027, cuyos objetivos son acercar Europa y las oportunidades que ofrece a los ciudadanos y empresas castellanas y leonesas, promover la participación de la Comunidad en la toma de decisiones de los gobiernos de España y Portugal en el ámbito de la cooperación transfronteriza o fortalecer las redes con las regiones Centro y Norte de Portugal para la mejora de los territorios en la Raya.

También, pasó por el Gobierno Abierto el IV Plan Estratégico de la Ciudadanía Castellana y Leonesa en el Exterior 2025-2028. Como novedad, contempla un tratamiento diferenciado en las líneas de ayudas en materia de empleo orientadas a la contratación indefinida o temporal y al autoempleo, para quienes retornen a Castilla y León y acrediten su condición de retornado.

El plan se centra en la atención y el apoyo a los 1.130.308 castellanos y leoneses no residentes en Castilla y León, en concreto 942.825 empadronados en otras comunidades y 187.483 residentes en el extranjero e inscritos en el Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE), que se enfoca en el fomento de su regreso a la Comunidad.

Polémica Fundación

Una de las decisiones más polémicas de este departamento es la creación de la Fundación para la Promoción de los Valores y la Identidad de Castilla y León, que tiene, entre su cometido, diseñar un programa de actividades para la conmemoración en el año 2030 del 800 aniversario de la unión de los viejos Reinos de León y de Castilla, acontecida en el año 1230, germen histórico de la actual Comunidad Autónoma.

Sin embargo, todos los grupos de la oposición dejaron solo al PP -Vox se abstuvo- al apoyar en las Cortes la propuesta de UPL para su supresión, ya que para los leonesistas es "un chiringuito con dinero público", aunque la Junta ya ha manifestado que no va a cumplir este mandato, dado que no es vinculante y solo expresa una posición política.

En un debate que cuestionó la existencia de una identidad autonómica, el exvicepresidente de la Junta Francisco Igea (Grupo Mixto) pidió que se consulte a los ciudadanos sobre la existencia de esta Comunidad. El leonesista Luis Mariano Santos incorporó la propuesta a su iniciativa.

Por otro lado, la Junta, en cumplimiento de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, aprobó el decreto relativo a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión Europea, con dos objetivos: proteger a los informantes y establecer las normas mínimas de los canales de información.

Como es habitual, en la recta final del año dio a conocer la oferta de empleo público para 2024. Son 2.795 plazas, de ellas, 2.517 de nuevo ingreso y turno libre, 246 para el turno de promoción interna en la Administración General, y las 32 restantes corresponden al cuerpo de Inspectores de Educación. Los agentes sociales la ven insuficiente.