El sector primario de Castilla y León culmina un 2024 convulso que comenzó y termina con la salida de agricultores y ganaderos a las calles y carreteras de la Comunidad para exigir menos burocratización, precios justos para sus productos, una disminución de los costes y un giro en la actual Política Agraria Común (PAC) que reduzca las exigencias medioambientales y se centre en garantizar la soberanía alimentaria de Europa, en riesgo, según las organizaciones profesionales agrarias, con el nuevo acuerdo que la UE pretende sellar con Mercosur.

Ese acuerdo es el que está centrando las últimas protestas de las opas, que pretenden seguir con su calendario de movilizaciones en 2025 "si las circunstancias no cambian", y que mantienen su exigencia de que las autoridades tomen medidas para buscar un alza de los precios, toda vez que las exigencias medioambientales de la PAC se mitigaron con el acuerdo tomado por el Parlamento Europeo antes de las elecciones comunitarias de junio, mes previo a la salida de Vox de los gobiernos autonómicos que, para el campo de Castilla y León, supuso un cambio en el titular de la Consejería: de Gerardo Dueñas a María González Corral.

Con los coletazos de la sequía en el cereal y la incidencia de la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica en la cabaña ganadera de 2023 aún presentes, el año para el campo comenzó con un malestar creciente por los altos precios y la entrada en vigor, tras un año de moratoria, de las condiciones medioambientales para recibir las ayudas de la PAC. El estallido, sin embargo, llegó casi con el cambio de enero a febrero, cuando manifestaciones esporádicas convocadas por redes sociales en las carreteras de provincias como León o Zamora desembocaron en una masiva tractorada que colapsó vías principales de ciudades como Salamanca y Valladolid y llegaron a afectar al tráfico de varias carreteras, entre ellas la N-122, la A-62, la A-52 o la A-6, y a varios polígonos de las provincias castellanas y leonesas.

Las organizaciones profesionales agrarias, conscientes del descontento, llamaron a la unidad de acción con concentraciones organizadas en distintos días y provincias que, aunque secundadas, no evitaron que, durante los primeros días de febrero, las tractoradas espontáneas siguieran provocando el corte de vías principales y accesos a las ciudades en todas las provincias de Castilla y León. El pico se alcanzó el 26 de febrero, cuando más de 20.000 agricultores, la mayoría de ellos con sus tractores, colapsaron el centro de Madrid para exigir al Ministerio de Agricultura la flexibilización de las normas de la PAC, precios justos, costes asequibles y una reducción de la burocracia que, según las opas, "ahoga al sector primario".

Tras un mes de movilizaciones prácticamente diarias, la previsión de una situación meteorológica mejor que la del año anterior devolvió a los profesionales a sus explotaciones, aunque con una siembra que apenas superaba los 1,6 millones de hectáreas, lejos de los dos habituales.

La unidad de acción entre opas y agricultores independientes, que habían convocado las primeras manifestaciones de finales de enero, marcó los últimos estertores de un invierno reivindicativo que terminó en abril con el acuerdo de mínimos alcanzado entre UPA y UCCL con el Ministerio de Agricultura, cuestionado por Asaja y COAG, y que anticipaba un cambio en la Política Agraria Común (PAC) tras las elecciones europeas de junio, en las que el campo quiso ser protagonista con sus protestas, y que se confirmó con las líneas marcadas por el Consejo de la UE en diciembre de cara a la nueva PAC: menos burocracia, precios justos y más mujeres en el campo.

Relevo en la Consejería

Si la primera mitad del año comenzó en conflicto y terminó en acuerdo, incluida la reelección de Jesús Manuel González Palacín como coordinador autonómico de UCCL para los próximos cinco años, la segunda parte del 2024 también se inició con un 'terremoto' en la política nacional que repercutió en el sector primario de Castilla y León: Vox decidió salir de los gobiernos autonómicos de los que formaba parte. Y eso, en la comunidad castellana y leonesa, significaba un relevo en la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.

Tras poco más de dos años al frente, Gerardo Dueñas pasaba la cartera a María González Corral, una antigua directora general de la casa que, tras su ascenso a consejera en el departamento de Movilidad, regresaba a Agricultura con el reto de lograr una mayor interlocución con las organizaciones profesionales agrarias, continuar con la modernización y construcción de nuevos regadíos, siguiendo el legado de las casi 12.000 hectáreas puestas en marcha en 2023, y reactivar promesas estancadas para el sector como el Plan de la Industria Agroalimentaria.

Un programa que fue finalmente presentado por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en noviembre en Salamanca y en el que cifró en 312 millones la inversión del Gobierno autonómico para la modernización del sector agroalimentario de la Comunidad hasta 2028. No obstante, se trata de un campo "estratégico" para Castilla y León que según los datos del clúster autonómico Vitartis, supera ya los 14.300 millones de euros de cifra de negocio y las 50.000 personas ocupadas.

La Junta también anunció una inversión de casi cien millones de euros para que los 44 Grupos de Acción Local de la Comunidad realicen proyectos de desarrollo rural en el territorio durante los próximos cuatro años, merced a los fondos procedentes del Plan Estratégico de Política Agraria Común (PEPAC).

Buena cosecha, malos precios

Las cifras también destacaron en una cosecha de cereal que volvió a superar, tras dos años de sequía, los seis millones de toneladas de producción, tras crecer casi el doble con respecto a las cifras del año previo. La viticultura, por su parte, mantuvo la producción media de los últimos cinco años con 274 millones de kilos de uva "de muy buena calidad" en las bodegas.

Sin embargo, los bajos precios obtenidos por los agricultores de cereal, unidos al acuerdo recién firmado por la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, con los países del Mercosur, y que deberá ser ratificado aún por el Parlamento y el Consejo de la Unión Europea, están volviendo a movilizar en el otoño al campo por la entrada de una competencia directa que, además, califican como "desleal" si no se implementan las cláusulas espejo que obliguen a esos productos a cumplir con los condicionantes medioambientales y sanitarios que deben tener las producciones europeas. El sector primario, por tanto, culmina el 2024 de la misma forma que empezó: en las calles.