Las últimas revelaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) sobre el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, dan la puntilla a la credibilidad del titular de una institución clave en la defensa del Estado de derecho. Los agentes detallan que borró 1.502 chats de WhatsApp con 5.877 mensajes en dos ocasiones el 16 de octubre de 2024, mismo día en que el Tribunal Supremo abrió causa contra él por presunta revelación de secretos vinculados a la filtración de información confidencial sobre Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. Además, eliminó deliberadamente su cuenta de Gmail personal, donde supuestamente recibió documentos sensibles del caso. La UCO pone el acento en la profesionalidad y lo exhaustivo de la destrucción de datos. Quien lo hizo sabía lo que hacía, da a entender en sus conclusiones.
La intencionalidad desmonta su argumento de que lo hizo por «protocolo». Se evidencia la eliminación masiva de pruebas y que el borrado coincidiese con el inicio de su procesamiento alimenta las ya de por sí persistentes sospechas de obstrucción. La noche en que se filtró el correo del abogado de González Amador, el teléfono de García Ortiz registró 20 llamadas en cuatro horas, todas dentro de la Fiscalía. Cierto es que la Guardia Civil acredita que no habló por teléfono con ningún periodista ni con nadie ajeno a la Fiscalía, pero pudo hablar por WhatsApp. Pero todos los mensajes los borró el día que el Supremo lo encausó.
Ni protocolos ni ánimo de preservar información sensible, pocas excusas creíbles quedan a un fiscal imputado, con la credibilidad por los suelos y con una indeleble mancha de sospecha a sus espaldas. Nada esconde, quien nada teme. Su situación es insostenible a todas luces, menos a las del Gobierno, que sigue obstinado en empujar a la Fiscalía a las penumbras y parece preferir desvendar los ojos de la Justicia, mientras se tapa la nariz. Pedro Sánchez y sus ministros siguen en sus trece con que se está persiguiendo a quien persigue delitos, obviando la terquedad de las pruebas.
Las acciones de García Ortiz, aunque pudieran ser legalmente defendibles, han erosionado la confianza en una institución que debe ser ejemplar. La Fiscalía no puede permitirse operar bajo sombras de opacidad, especialmente cuando investiga casos que involucran a figuras políticas. Aunque se insista en su inocencia, la presunción en cargos públicos exige más que argumentos técnicos. Como señala la UCO, la eliminación «intencionada» de mensajes socava la posibilidad de esclarecer si hubo filtración desde la Fiscalía. Y si su máximo representante es sospechoso de intentar obstruir una investigación en su contra, ¿cuál es el mensaje que se envía a la sociedad sobre la justicia y la rendición de cuentas? La justicia aplicada según la conveniencia política o personal no es justicia.