Dos años después de su suspensión y más de una década desde que comenzara su instrucción, el juicio del 'caso Perla Negra', que sentó a la excúpula de la Consejería de Economía de la Junta, quedó visto para sentencia. Desde febrero hasta mayo, fueron casi 30 las jornadas celebradas en las que comparecieron 90 testigos y peritos, entre los que se encontraron el expresidente de la Junta Juan Vicente Herrera, y la exconsejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo.

En la vista se juzgaron los delitos relacionados con la compra del Centro de Soluciones Empresariales de Arroyo de la Encomienda y de los terrenos para el fallido polígono industrial de Portillo, ambos en Valladolid. En total son doce las personas imputadas, entre ellos los exviceconsejeros Rafael Delgado y Begoña Hernández, para los que el fiscal solicita penas que suman once años por un delitos de prevaricación, revelación de secretos y malversación. La sentencia está previsto que sea notificada a las partes será el próximo día 8 de enero.

Pero si más de siete meses después de la finalización de la vista, el 'caso Perla Negra' continúa sin sentencia, más retraso acumula el juicio seguido en la Audiencia Provincial de León contra la dirección de la Hullera Vasco Leonesa por el accidente que en octubre de 2013 le costó la vida a seis mineros en el pozo Emilio del Valle, ya que esta vista finalizó hace un año y nueve meses.

En el ámbito político, la sentencia que se conoció fue la del 'caso Meseta Ski', que condenó al  alcalde de Olmedo, Alfonso Centeno, a nueve años de inhabilitación. La Audiencia Provincial de  Valladolid consideró probado que el entonces presidente de la Sociedad Provincial de Desarrollo (Sodeva), entidad dependiente de la Diputación Provincia, cometió un delito continuado de prevaricación en el proyecto de ski seco que se pretendía instalar en una pedanía de Tordesillas. Tras conocerse el fallo, Centeno presentó su dimisión como alcalde.

En la sentencia, en la que se aplicó un atenuante por dilaciones indebidas, también se condenó a siete años y tres meses por un delito de prevaricación al que era vicepresidente de Sodeva, Pedro Pariente, mientras que son absueltos el arquitecto Valentín González y el jefe de Urbanismo de la Diputación, Luis Torroglosa.

Además, la Audiencia de León condenó al exconcejal de Ponferrada Pedro Muñoz a penas que suman 16 años y 11 meses de cárcel por un delito de maltrato habitual en el ámbito familiar, otros tres de maltrato en el ámbito familiar y uno por lesiones agravadas, con los agravantes de parentesco y discriminación por razón de género contra su exmujer, Raquel Díaz.

Santovenia

Mientras tanto, la Audiencia Provincial de Valladolid ha condenó a 42 años y medio de cárcel a Pablo Antonio Santamaría, alías 'El Chiqui', autor de dos crímenes cometidos en Santovenia de Pisuerga el 1 julio de 2022. El magistrado, conforme al veredicto de culpabilidad emitido por el tribunal popular, le impuso una pena de 16 años y medio de cárcel por el asesinato, con atenuante de estado pasional, de Dionisio Alonso, el vecino de su expareja, a los que sumó 18 años de prisión por el homicidio del jefe de la Unidad Especial de Intervención, el teniente coronel Pedro Alfonso Casado, delito al que también se aplicó uno de atentado.

El peso de la ley también cayó sobre el autor del crimen de Santa Marta de Tormes (Salamanca), un hombre de 41 años que acabó con la vida de una mujer de  46. Fue condenado a 25 años de cárcel, la pena máxima exigida, tras haber sido declarado culpable por un jurado popular por un delito consumado de asesinato con alevosía y ensañamiento con agravante de desprecio de género.

Los hechos ocurrieron en la noche del 4 de enero de 2023. El asesino contactó a la víctima para un servicio de prostitución, como había hecho en anteriores ocasiones, y tras consumir alcohol y drogas la ató a una mesa, en un principio, con su consentimiento para un supuesto juego sexual. Sin embargo, hacia las 2,30 horas de la madrugada comenzó a golpearla sin posibilidad de defenderse, una paliza que se prolongó durante unos 45 minutos.

Los golpes fueron de tal violencia que se escucharon perfectamente por parte de algunas vecinas, tal y como declararon en la vista. Uno de ellos fue una patada frontal que fracturó el cráneo de la víctima. El asesino la trasladó aún con vida a la bañera dónde la asfixió. Posteriormente, contactó con varios amigos para que le ayudaran a deshacerse del cadáver, pero ninguno acudió. Además, hizo fotografías y vídeos del cadáver. Finalmente, limpió la casa, trató de deshacerse de varias pruebas en un contenedor y se desplazó al centro de salud de Santa Marta de Tormes donde declaró que tenía en casa a una mujer que se había dado un golpe en la bañera. Esperó en la puerta a los sanitarios y, poco después, a la llegada de los efectivos policiales y de Guardia Civil, resultó detenido y trasladado al centro penitenciario donde permaneció en prisión preventiva hasta la celebración del juicio.

También a 25 años de prisión fue condenado por la Audiencia de León Ángel M.B. el asesino de su casera en 2020, por los delitos de asesinato con alevosía y ensañamiento y robo con violencia en casa habitada. El acusado asestó a su casera 52 puñaladas en el interior de su domicilio de León en 2020, cuando se cumplían las primeras semanas de confinamiento por COVID-19.

Asesinato de Paloma e India

Mientras tanto, a falta de conocer la sentencia del juez, el diciembre se celebró el juicio por el doble crimen de Paloma y su hija India en enero de 2023. El único acusado, David Maroto, fue declarado por un jurado popular culpable de ambos asesinatos. Además, también se consideró probado que actuó sin tener sus condiciones mentales afectadas por el consumo de drogas o alcohol, así como que para acabar con la vida de las víctimas actuó con alevosía y ensañamiento.

En base a este veredicto, tanto el Ministerio Fiscal, como las acusaciones de la familia de Paloma, del padre de India, de la Junta y la popular ejercida por la asociación Clara Campoamor, reclamaron una pena de 25 años por el asesinato de Paloma, dado que además de los agravantes de alevosía y ensañamiento también concurren los de parentesco y violencia de género, mientras que por el asesinato de la pequeña India, que en el momento de muerte tenía ocho años, pidieron la prisión permanente revisable.

Esther López

En el caso de Esther López, la joven la joven de Traspinedo (Valladolid) desaparecida el 13 enero de 2022 y cuyo cadáver fue encontrado 23 días más tarde, la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Valladolid dictó en octubre un auto de imputación contra el principal sospecho y el único investigado en la causa, Óscar S.M., que se sentará en el banquillo, en un juicio con jurado, por un delito de homicidio o asesinato y otro de omisión del deber de socorro.

Artefactos explosivos

Mientras tanto, la Audiencia Nacional condenó a 18 años de cárcel al jubilado burgalés Pompeyo González, acusado de enviar seis sobres con artefactos explosivos, en noviembre de 2022, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; a la ministra de Defensa, Margarita Robles; a los directores del Centro de Satélites de la UE en Torrejón de Ardoz y de la empresa de armamento Instalaza en Zaragoza, así como a los embajadores de Estados Unidos y Ucrania en España, artefactos que fueron desactivados salvo este último, que hirió a un empleado de seguridad. En su sentencia los magistrados condenaron a diez años de prisión a Pompeyo González por un delito terrorismo y a ocho años por delito de fabricación, tenencia, colocación y empleo de aparatos explosivos, inflamables o incendiarios con finalidad terrorista.

Alcalde de Vita

Por último, el juzgado de Instrucción nº3 de Ávila abrió diligencias contra el alcalde de la localidad de Vita, Antonio Martín Hernández por entonar en un escenario una canción que hablaba de abusar de una niña. El juez considera que los pueden constituir un delito de corrupción de menores. La apertura de diligencias se produjo tras la querella interpuesta por la Fundación Española de Abogados Cristianos y las denuncias también presentadas por Manos Limpias, la Asociación Liberum, Izquierda Unida de Castilla y León y Hazte Oír.

Los hechos se remontan al verano cuando el querellado se subió a un escenario en las fiestas del municipio y cantó una canción con el siguiente estribillo: "La metí en mi camita, le subí la faldita, le bajé la braguita. Le eché el primer caliqueño. Le eché el segundo caliqueño. En el tercero ya no quedaba leche".

Antonio Martín, que fue expulsado del grupo popular en el Ayuntamiento de Vita, continúa de alcalde con el apoyo del otro edil que también abandonó las filas del PP frente al único logrado por Por Ávila.