El veredicto del jurado popular en el caso del tiroteo de Santovenia de Pisuerga, donde fallecieron a manos de Pablo Antonio S.H. ('Chiqui) un vecino y el jefe de la Unidad Especial de Intervención (UEI), Pedro Alfonso Casado, ha sido recibido este jueves con pesar por la Asociación Pro Guardia Civil (APROGC), personada en representación de la viuda e hijas del agente, al no apreciarse esta última muerte como asesinato.
El jurado ha hallado a 'Chiqui' culpable del asesinato de su vecino Dionisio A.P. ('Dioni'), además de tentativa de homicidio y tenencia ilícita de armas, mientras que en el caso del guardia civil, respecto del cual la fiscal del caso y resto de acusadores entendían como otro asesinato, el veredicto ha sido de homicidio doloso, algo que el letrado de APROG, en declaraciones recogidas por Europa Press, entiende que "deja desprotegido a todo el Cuerpo que, diariamente, vela por la protección y seguridad de todos los ciudadanos, y debilita, aún más, a una familia rota por el desgarrador fallecimiento de su ser querido".
Por ello, la asociación recuerda la necesidad de que sea reconocida como profesión de riesgo la de guardia civil, así como poder contar con el material necesario que minimice los riesgos a los que se enfrentan diariamente.
Fran Peláez, como representante de la acusación particular en nombre de la viuda e hijas del teniente coronel, confiesa que esperaba un veredicto "que pusiese de relieve la valentía y dedicación de los agentes de la Guardia Civil, así como la necesidad de responder de forma ejemplar y firme ante actos de extrema violencia".
En palabras del abogado, "el papel de este y cualquier otro tribunal del jurado ha sido, es y será muy complejo. No obstante, descartar el delito de asesinato por la muerte del teniente coronel deja desprotegido a todo el Cuerpo", ha reiterado.
Satisfacción a medias
Por su parte, letrado Jorge Piedrafita, de la Asociación Víctimas, personada ésta en el proceso como acción popular, entiende que si bien el veredicto no estima la totalidad de la petición acusatoria, sí recoge la principal y mayor parte, declarando acreditado que el acusado provocó de forma voluntaria la muerte de los dos fallecidos, especialmente intencionada en el caso del teniente coronel y en la agresión hacia los guardias civiles, al tiempo que trató la de un tercero con un arma de guerra ilegal modificada.
Así, la acción popular, que ha expresado su reconocimiento al trabajo del jurado, ve en el veredicto "coherente, debatido y motivado" un paso importante para la sociedad, en la que se garantiza que los hechos violentos tienen sus consecuencias y las desavenencias no pueden acabar a tiros, salvaguardándose el derecho a la integridad de las personas, especialmente de los guardias civiles que garantizan la seguridad ciudadana y aún siguen sin ser reconocidos por su profesión de riesgo.
Además, ante el previsible recurso que presentará la defensa, el acusador popular anuncia ya que se opondrá por entender "equilibrada y argumentada la decisión del jurado, que es quien tiene la última palabra".