Algunos profesores se han dedicado a recopilar antologías de los disparates que los alumnos dejan en sus exámenes. Últimamente no he visto ninguna nueva edición, tal vez porque como cada año baja el nivel de nuestra enseñanza gracias a las leyes educativas que priman la ignorancia y no quieren "perturbar" el desarrollo de los niños y adolescentes con un suspenso, lo que habría que hacer es una Antología de los aciertos. Sería más corta que la de los disparates.
Pero el relevo lo han tomado los políticos de forma brillante. Se esfuerzan mucho a ver quién hace o dice la mayor barbaridad. La alcaldesa de Barcelona -la misma que incumple la legalidad y la Constitución retirando primero el retrato del Rey del Salón de Plenos y, luego, obligada por una sentencia judicial, la burla y lo esconde en una pared lateral- ha decidido ahora quitar la calle que tenían los Reyes Católicos en esa ciudad. No se sabe si la quita porque son reyes, porque son católicos o porque financiaron el descubrimiento de América, posiblemente la mayor gesta de la historia universal. No es sólo incultura, es desprecio de la historia, porque fue en Barcelona donde los Reyes Católicos recibieron a Colón tras su descubrimiento. Ada Colau está empeñada en cambiar la historia.
Lo mismo podemos decir de Francina Armengol, presidenta de Baleares, que no solo está tratando de impedir el uso del castellano en la Administración pública balear sino que va a sancionar a los médicos que no atiendan a sus pacientes en catalán. ¿Beneficia eso en algo a los ciudadanos? No le preocupa la formación de sus médicos ni su ejercicio profesional sino que hablen en catalán. De Cataluña se han ido muchos jueces y los nuevos no quieren ir allí. En Baleares va a pasar lo mismo con los médicos. La incompetencia y la irresponsabilidad han sentado plaza.
Mientras, el ministro de Universidades, otro que tal baila, saca una Ley de Convivencia Universitaria que elimina, entre otras muchas cosas, como falta grave el copiar o sacar los apuntes en un examen. Este señor de la cuota de Podemos que ejerce el cargo de forma peculiar sostiene que la Universidad pública, que pagamos los contribuyentes, debería ser gratuita para todos, lo que socialmente es indefendible desde posiciones de la izquierda porque a quien más beneficia es a los más ricos. A la Universidad debe ir todo el que lo merezca, con becas o créditos, pero no todo el mundo. Tenemos millón y medio de estudiantes universitarios y casi la mitad de estudiantes de Formación Profesional, muchos de los cuales no tienen plaza para estudiar. La Ley Castells es mucho peor, y ya es decir, que la Ley Celaá. Juntas acabarán por hundir nuestra maltrecha educación.
Pero el mayor disparate, consciente y voluntario, es la no renovación del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional. NI el Gobierno quiere, ni el PP quiere, ni los propios vocales de ese órgano constitucional hacen nada por solucionarlo. Claro que se puede y que se debería hacer. Y, además, respetando la voluntad constitucional y los mandatos de Europa de reforzar la independencia judicial. Y retirando las manos de los políticos de esa elección. Muchos expertos han dado soluciones imaginativas que no solo pasan por la dimisión de todos los vocales, como ya sucedió hace años en similares circunstancias. Que un ministro, aparentemente responsable, diga que "los jueces no pueden elegir a los jueces como los políticos no pueden elegir a los políticos" no solo es un disparate sino una mentira.
Son los políticos -unos pocos, el aparato del partido y, si me apuran, el presidente o secretario general de cada bloque- los que hacen las listas y el que pone al que obedece y quita al que no se pliega. Y Ya saben lo que dijo Alfonso Guerra: el que se mueve, no sale en las listas. Posiblemente no hay institución menos democrática en su funcionamiento, al menos aquí y ahora, que los partidos políticos. Y no quieren que nadie les controle.