Aunque la diferencia entre el empleo directo del sector público y del privado sigue siendo muy amplia (37.443 frente a 192.753 afiliados en Valladolid, con datos actualizados a mayo de 2024), lo cierto es que la cantidad de personas cuya nómina depende de las administraciones ya prácticamente iguala la de las empresas si se tienen en cuenta no sólo los empleados, sino también pensionistas y perceptores de otras prestaciones básicas, ya sean por paro o por otras circunstancias de vulnerabilidad social. En ese caso ya son 169.488 los 'dependientes' de lo público, siempre según recuento oficial hasta mayo de 2024, así que la proporción se sitúa, redondeando, en un 47-53%.
El colectivo más amplio que depende del sector público es el de los pensionistas, también en máximos con 113.150 en Valladolid; nada nuevo lo del récord, por otra parte, dado que ya van 22 meses seguidos con variaciones al alza, y contando además con que, cuando se ha producido alguna reducción, ha sido anecdótica y puntual salvo al inicio de la pandemia. En el trágico mayo de 2020, concretamente, la actualización de la estadística de la Seguridad Social arrojó un descenso neto de 512 pensionistas respecto a abril, después de que en las dos variaciones mensuales anteriores ya se hubieran registrado también 67 y 50 menos. Pero las variaciones interanuales siempre han derivado en notables aumentos, con casi 1.200 pensionistas más de media cada año en la última década, sumando así en mayo de 2024 11.892 más que en ese mes de 2014 (101.158) y un alza del 11,75%.
Tampoco pueden olvidarse las prestaciones del Ingreso Mínimo Vital, una ayuda del Estado que antes de junio de 2020 no existía y que, de nuevo según datos del último mayo, cobraban entonces 5.351 personas en esta provincia. Claro que también antes había más perceptores de una ayuda similar que impulsó la Junta en 2010, la Renta Garantizada de Ciudadanía, que se ha ido reduciendo en paralelo y que este año, en el acumulado de enero a abril, 'sólo' han cobrado 542 vallisoletanos, incluyendo 114 ya contabilizados en la nómina del IMV que también ingresan una parte de la RGC como complemento.
Pero la nómina que se reduce claramente es la de parados con prestaciones, con 13.644 en el recuento de abril, 1.809 menos que en el último mes previo a la pandemia (15.453 en febrero de 2020), paliando así en parte un aumento de dependientes del sector público espoleado, sobre todo, por el envejecimiento de la población.