Hace tres meses y medio, tres encapuchados entraron en una joyería de la calle Mantería, rociaron a las dependientas con gas pimienta y se llevaron parte de la mercancía tras romper las vitrinas en las que estaba expuesta. Unas semanas antes, dos joyeros de Valladolid fueron asaltados en una carretera de Las Rozas por unas personas que se hicieron pasar por agentes de la Guardia Civil para obligarles a detenerse. La hemeroteca da para más, pero no hace falta recurrir a ella para poner de manifiesto que estos negocios son uno de los principales objetivos de los ladrones. Y, por eso, las inversiones en seguridad son tan importantes.

Y aunque casi siempre se hacen por voluntad de los propios empresarios, un cambio de normativa está obligando en las últimas semanas a hacer importantes desembolsos en este sentido. Después de varias moratorias, el 31 de diciembre finalizará el plazo fijado en la orden INT/826/2020 para la adecuación de las medidas de seguridad física, electrónica y sistemas de alarma de los negocios que están obligados a tenerla. Desde 2011, están divididos en cuatro grupos, en función del riesgo de robo que tengan. Van desde el grupo uno (riesgo bajo) al cuatro (riesgo alto), en el que están integradas, por ejemplo, las centrales nucleares y las instalaciones militares.

Las joyerías forman parte del grupo tres (riesgo medio-alto), de modo que todas tendrán que tener adaptado su sistema de seguridad a esta categoría antes del 1 de enero. Unas medidas que están recogidas en otras tres órdenes y que fijan, por ejemplo, los niveles de blindaje de las cámaras acorazadas, de las puertas y los cristales, así como el límite del valor que pueden tener en su muestrario: no más de 450.000 euros.

Varias capas de vidrio en la cristalera de una joyería. - Foto: Jonathan Tajes

Evidentemente, esto implica, en muchos casos, hacer inversiones para actualizar unos sistemas que ya están desfasados. Cada caso es un mundo, pero desde el Gremio de Joyeros de Valladolid sostienen que el desembolso medio ronda los 20.000 euros, aunque hay algunos empresarios que se tendrán que ir casi a los 30.000. El sector es conscientes de que es una inversión en su seguridad, pero esta medida no está exenta de críticas. «Se ha estado dilatando en el tiempo para que nos adaptáramos y todo lo que sea prevenir está bien, pero parece claro que no es lo mismo una joyería que esté en la calle Serrano de Madrid que una pequeñita de una ciudad de provincias», explica el presidente del Gremio, Antonio Zúñiga, quien se queja de que las exigencias son iguales para unas y para otras. Según él, hay negocios «pequeños» a los que les costará asumir esta inversión. «De hecho, hay algunos compañeros que han decidido adelantar la jubilación para evitar pagar esos 20.000 o 30.000 euros», añade.

Estas órdenes incluyen obligaciones tan concretas como que las puertas de las cámaras acorazadas cuenten con un dispositivo de bloqueo y sistema de apertura retardada de, como mínimo, diez minutos, que las cajas fuerte estén ancladas, si pesan menos de 2.000 kilos, y tener pulsadores antiatraco u otros medios de accionamiento del sistema de alarma, «que estarán instalados en lugares estratégicos».
Zúñiga sostiene que la mayor parte de las joyerías de la ciudad está inmersa en este proceso de renovación. No en vano, alguna de las órdenes que ahora van a entrar en vigor se aprobó hace más de una década, pero las moratorias se han ido sucediendo para dejar margen al sector, ya sea por las crisis económicas, o por la pandemia sufrida recientemente. Eso sí, los profesionales del sector hubieran preferido un cambio normativo que no aplicase una 'tabla rasa' y que tuviera en cuenta las características de determinados negocios, sobre todo los más pequeños y los que más dificultades económicas están atravesando. «Hay cosas que están hechas sin consultarnos», asegura Zúñiga, quien también reconoce la importancia de avanzar en seguridad ante el avance de los hurtos al descuido de los últimos meses. Pese a ello, reconoce que Valladolid es una ciudad tranquila.

Las joyerías afrontan en esta época uno de los momentos de mayor facturación del año, pero eso no esconde una situación «difícil», que no escapa el estado general de salud del comercio de proximidad. «Ahora la gente gasta mucho más en ocio, viajes y hostelería, y las compras por Internet también nos están haciendo daño», dice el representante de los joyeros. Según él, este producto no está asociado a compras por impulso, pero reconoce que la exposición en los escaparates es muy importante para que los potenciales clientes vean la pieza, se «encaprichen» con ella y acaben comprándola. «Pero si la gente cada vez sale menos a la calle...».

Multas de hasta cien mil euros para las infracciones más graves

La Ley de Seguridad Privada contempla varios rangos de sanciones en función del incumplimiento y del tipo de empresa que se trate. Para los usuarios de seguridad privada, entre los que se engloban las joyerías, se establecen tres rangos de incumplimientos: leves, graves y muy graves. Los primeros pueden conllevar un apercibimiento y sanciones de entre 300 y 3.000 euros. En los segundos, las multas pueden ir de 3.001 a 20.000 euros. En el caso de las infracciones muy graves, de 20.001 a cien mil euros, además de la clausura del local de seis meses a dos años. Un ejemplo de infracción leve es «el anormal funcionamiento de las medidas de seguridad que se tengan instaladas». Entre las graves se encuentra «la utilización de aparatos de alarma u otros dispositivos de seguridad no homologados» y entre las muy graves, «la falta de adopción o instalación de las medidas de seguridad que resulten obligatorias».