La venta ambulante da trabajo a más de 300 familias en la capital, la mayoría de etnia gitana, aunque garantiza la subsistencia de unas 1.200 personas. Estos vendedores instalan habitualmente sus puestos en los cuatro mercadillos semanales que hay en la capital (Pajarillos, Delicias, Hospital y estadio José Zorrilla).

Esta actividad está regulada por el Ayuntamiento de Valladolid, que es quien fija las zonas de emplazamiento, así como el control de la actividad, con las autorizaciones pertinentes. Aunque desde 2019 este colectivo estaba «en precario», es decir que habían caducado los permisos, no se había alcanzado un acuerdo para renovarlos y no se podían dar nuevas altas o transmitir autorizaciones. 

A esta parálisis se llegó, otras razones, por las discrepancias con los responsables municipales por las condiciones que se debían exigir para acceder a una de estas licencias para vender en mercadillos.

Mercadillo de la calle Salud. - Foto: Jonathan Tajes

Un fantasma que ahora se vuelve a hacer presente y que amenaza con generar un conflicto con el colectivo. El nuevo equipo de Gobierno acaba de publicar los pliegos para optar a estas autorizaciones y, de nuevo, determinadas exigencias han soliviantado a la mayoría de los vendedores.

Entre los requisitos municipales más cuestionados están los que se fijan para la figura del ayudante del titular del puesto. «Deberá cumplir los requisitos legalmente establecidos en relación con la normativa laboral, de seguridad social y para poder ejercer la venta en la vía pública (estar al corriente de pago de deudas y exacciones municipales)», se puede leer en los pliegos.

De hecho, esta condición ya motivó en 2021 la rescisión en cadena de autorizaciones por incomparecencia de los titulares del mercadillo de Las Moreras, el más nuevo de la capital, que solo duró cuatro años, y donde ya se introdujo este requisito por la actualización de la legislación.

Ahora, los vendedores se resisten a esta demanda porque argumentan que los ayudantes solo suplen «puntualmente» a los titulares y reiteran que la mayoría no puede asumir el coste económico de darles de alta en la Seguridad Social. «Las ventas han bajado entre un 60 y un 70%. No podemos pagar esto a mayores. Además, mi mujer o mis hijos solo están en el puesto  si necesito irme un rato por algo concreto. Ellos no trabajan aquí», recalca Enrique, uno de los vendedores que los martes acude a la calle Salud.

Un argumento que suscriben casi todos sus compañeros y que ya han trasladado los representantes de las cooperativas que los representan al concejal de Comercio, Víctor Martín. «Nos ha dicho que buscarían solucionar este punto», explica Alfonso Duval, de la cooperativa Fresas y Nata. Aunque el edil reconoce que la cuestión no es fácil porque los pliegos y están publicados y es una exigencia legal. «No se puede ir por encima de la ley. El pliego es el que es, pero veremos cómo podemos ser flexibles», apunta.

Deudas

Otro punto que preocupa mucho es que los que quieran optar a renovar su permiso no pueden tener ninguna deuda con la administración municipal. Algunas se han creado por el impago de las tasas de ocupación de espacio público. «Antes los policías municipales nos cobraban uno por uno la tasa, pero ahora han dejado de hacerlo y envían la comunicación a casa. A veces no llega o no se puede ir al banco», comenta otro vendedor. Y ahora, el pliego exige el certificado de estar al corriente de estos pagos, lo que dejaría fuera a  muchos de los vendedores.

Por eso, las cooperativas se han dirigido al concejal de Hacienda, Francisco Blanco, para analizar la posibilidad de aplazar los pagos, que incluyen los intereses de demora. En algunos casos la cantidad es de varios miles de euros. «Necesitamos que flexibilicen los pagos porque la mayoría no puede afrontar el pago ahora de estas cantidades», pide otro vendedor. De momento, las cooperativas se han comprometido a entregar a Blanco una relación con todas las deudas para ver si se pueden aplicar «aplazamientos» personalizados.

En este caso, el edil de Comercio acepta que si se llega a un acuerdo con Hacienda, y esta área lo certifica, sí que sería suficiente para poder tramitar la nueva autorización.  «En el Ayuntamiento existe la opción de un plan de pago y se podría aceptar como válido», reitera. En este sentido, subraya la «buena» predisposición municipal para cerrar este proceso con éxito. «Es una salida ocupacional para este colectivo y también se trata de  resolver una situación de interinidad en la que sus derechos no estaban garantizados», concluye.

Alfonso Duval, cooperativa Fresas y Nata

Los mercadillos ya no son lo que eran. Este es el lamento de Alfonso Duval, pero también del resto de compañeros. Duval, que es la cabeza de la cooperativa Fresas y Nata, que agrupa a más de cien vendedores, certifica que «están a la baja». El único que se salva del descenso de ventas es el del domingo, junto al estadio José Zorrilla. Y precisamente aprovechando ese tirón han propuesto al concejal de Comercio, Víctor Martín, ampliar el horario el próximo día 5 de enero hasta las 18 horas.  La apuesta de los vendedores es ofrecer un horario extensivo, como hacen muchos comercios, para facilitar las compras antes de la Noche de Reyes. Además, también han previsto ofrecer distintas atracciones, con pajes reales y actuaciones musicales. Una propuesta que se está estudiando en el Ayuntamiento, aunque ya se anuncia que es «complejo» porque implica la coordinación con los servicios de Limpieza. Duval remarca que el comercio electrónico está machacando a los mercadillos. «Llevamos funcionando más de 40 años, pero ahora la situación es muy compleja», lamenta. Algo que confirma su esposa Olvido, que es la titular de un puesto de ropa. «En lo que va de mañana (son las 11:30 horas) solo he vendido una prenda de 15 euros», certifica. Por eso ambos piden al Ayuntamiento flexibilidad con el proceso de renovación de permisos. «No queremos que nadie se quede atrás», subraya Duval. Y explica que es muy importante para el colectivo que esta apuesta funcione porque es «nuestra forma de vida». «Nos hemos ido adaptando a todas las exigencias que nos hacían para integrarnos, pero necesitamos trabajar y no tenemos muchas más opciones que la venta ambulante». En este sentido, comenta que el colectivo tiene «deficiencias económicas» y que muchos compatibilizan la venta ambulante con alguna ayuda pública. «Si nos siguen subiendo la carga impositiva o nos imponen incompatibilidad con las ayudas muchos tendrán problemas», advierte.