El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) confirmó la sentencia emitida en agosto pasado por la Audiencia Provincial de Valladolid en la que condena a 27 meses de cárcel, por un delito de estafa continuada y otro de falsedad en documento oficial, a la exconcejala de Bobadilla del Campo Inés María Fernández-Salinero, que también tendrá que hacer frente al pago de una multa de 1.080 euros y a una indemnización a las víctimas de más de 10.300 euros. La acusada había recurrido el auto con el "único motivo de impugnación por error sobre la apreciación de las circunstancias que determinaron su condena".
Tras una relación de confianza entre la víctima y la que fuera concejala del PP en la guardería a la que asistían sus hijos en Medina del Campo, la víctima comentó a la acusada que su madre y otros familiares habían heredado un piso que querían vender, pero no podían efectuarlo al existir sobre él un embargo de Hacienda por importe de 10.041 euros, a causa de una deuda que tenía su madre.
Según se argumenta en la sentencia, la acusada, guiada por su ánimo de enriquecerse y "faltando a la verdad", comentó a la víctima que trabajaba en un depósito fiscal y que contactaría con un "alto funcionario" para que su madre pudiera pagar fraccionadamente esa deuda. Siguiendo la estafadora con su fingido plan, dijo a la víctima que habían autorizado que fuera pagada fraccionada y mensualmente, para lo cual le facilitó una cuenta bancaria, haciéndole creer que era de Hacienda, pero siendo en realidad titular única la condena. De esta manera y también a través de pagos en mano, la víctima entregó hasta 1.350 euros.
Al no alzarse el embargo, a pesar de efectuar esos pagos fraccionados, y habiendo una persona interesada en la adquisición del inmueble libre de cargas, la víctima contactó a través de correo electrónico con el de ese figurado "alto funcionario", siendo en realidad la acusada quien se hacía pasar por él. De esta forma, la convenció para pagar el total de la deuda a través de tres ingresos en dicha cuenta e inferiores todos ellos a los 3.000 euros, que fueron abonados por la pareja de la madre.
Satisfecho el total de la deuda y convencidas de que los trámites se agilizarían para consumar la venta del inmueble, la acusada les comentó que los trámites llevarían alrededor de uno a dos meses, remitiendo poco después a la madre de la víctima una supuesta certificación de la Agencia Tributaria fechada en noviembre de 2011, en la que comunicaba que la deudora se encontraba al corriente de sus obligaciones tributarias.
En esa misma fecha la acusada acudió al domicilio de la víctima y le hizo entrega de una aparente nota simple del Registro de la Propiedad en la que se hacía constar que ese inmueble ya estaba libre de cargas. Cuando la "fingida" nota simple llegó a la inmobiliaria que gestionaba la venta, el trabajador sospechó de su autenticidad y acudió al Registro de la Propiedad, donde le confirmaron que estaba modificada, por lo que procedió a interponer una denuncia el 9 de noviembre de 2020. La acusada fue detenida el 13 de diciembre de ese año, cuando aún era concejala del Ayuntamiento de Bobadilla del Campo.