La presidenta de Perú, Dina Boluarte, ofreció dialogar a los manifestantes que se reunieron en Lima para exigir su renuncia y se congregaron en vigilias en el centro de la ciudad.

Boluarte extendió una "amplia invitación de diálogo a todos y todas" para que "podamos llegar a ese diálogo natural como personas que nos respetamos", al comentar la movilización del miércoles, durante un acto oficial en Palacio de Gobierno.

La jefa de Estado agregó que mediante "el diálogo sincero" se puede "llegar a buenos consensos".

No obstante, uno de los integrantes de las agrupaciones convocantes de la marcha, el Comando Nacional Unitario de Lucha, Jorge Pizarro, declaró a EFE que la invitación de Boluarte al diálogo es "una maniobra dilatoria, es algo que no es sincero".

"No tenemos que rechazar nada porque es una simple maniobra", agregó el también integrante de la Comisión Técnica de la Asamblea Nacional de los Pueblos (ANP).

Por su parte, la activista ambiental de Puno, Maruja Inquilla Sucasaca, dijo a EFE que no pueden "hablar con una asesina" y destacó que lo que quieren "es que renuncie".

Inquilla forma parte de las delegaciones de manifestantes de Puno y otras regiones surandinas que han llegado a Lima para reanudar las protestas contra Boluarte y reclamar justicia por los 49 muertos en enfrentamientos directos con las fuerzas del orden en las manifestaciones realizadas entre diciembre y febrero pasados.

Los manifestantes exigen que Boluarte renuncie, el cierre del Congreso, la convocatoria a una asamblea constituyente y el adelanto de las elecciones generales.

En la última jornada, decenas de personas se congregaron en el centro histórico de Lima para participar en una vigilia en los exteriores del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en apoyo a su titular que ha recibido amenazas de muerte y en defensa de la democracia.

El presidente del JNE, Jorge Luis Salas Arenas, ha recibido amenazas de muerte desde las elecciones generales de 2021, en las que fue elegido Pedro Castillo como presidente de la República, y a raíz de esa situación la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó medidas cautelares.

El expresidente Castillo intentó dar un autogolpe de Estado, cuando era investigado por delitos de corrupción, y fue destituido y recluido en la prisión de Barbadillo por los presuntos delitos de rebelión y conspiración.

Precisamente, este jueves, la CIDH solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que otorgue medidas provisionales de protección para Salas Arenas "para proteger sus derechos a la vida y la integridad personal" de la familia del presidente del JNE.

La comisión dijo haber observado que, "en el desempeño de sus funciones", ha sido objeto "de campañas de acoso, estigmatización y cuestionamientos por parte de sectores políticos y sociales y de actos de intimidación, 'doxing' (publicación de información personal), hostigamiento y amenazas de muerte", y que las medidas de protección otorgadas por Perú han sido insuficientes.