Fiscalía de Valladolid solicita una pena de ocho años y seis meses de prisión y una multa de un millón de euros para D.R.E.M. por un delito contra la salud pública tras ser pillado con cerca de tres kilos de cocaína.
El acusado se encuentra en prisión provisional por los hechos que se le imputan desde el pasado mes de marzo y se sentará en el banquillo de la Audiencia Provincial el próximo jueves, 25 de julio, según señala el informe de calificaciones previas al que ha tenido acceso Europa Press en fuentes jurídicas.
Todo se remonta al pasado 14 de marzo, cuando el encausado salía de su domicilio, ubicado en la zona del Cuatro de Marzo, sobre las 11.15 horas con un patinete eléctrico con el que intentó huir al percatarse de la presencia de varios agentes de paisano del Cuerpo Nacional de Policía que montaban vigilancia ante los indicios de que el varón podría dedicarse al tráfico de drogas.
Los policías lograron interceptar al presunto narco al que, después de identificar, cachearon para encontrar en uno de los bolsillos de su chaqueta "un bloque de sustancia pulverulenta de color blanco" que, tras ser analizada, resultó ser cocaína con un peso de 250,89 gramos y otros cuatro envoltorios de plástico anudados que también contenían 1,86 gramos de la misma sustancia.
A la vista de lo incautado, los agentes solicitaron autorización judicial para entrar y registrar el domicilio del acusado, que fue concedida por el Juzgado de Instrucción número 3 de Valladolid, por que los agentes subieron al domicilio del acusado sobre las 14.30 horas.
Durante el mismo, los policías hallaron, en diferentes estancias, casi tres kilos de cocaína y utensilios y sustancias destinadas a la venta de la misma, además de una carabina de aire comprimido un comprobante de una transferencia de 1.000 euros y 990 en efectivos en diferentes billetes.
"El dinero incautado al acusado procedía de la actividad por él desarrollada de venta a terceras personas de droga", remite el escrito de calificaciones que indica que lo intervenido, y según las tablas elaboradas por la Oficina Central Nacional de Estupefacientes, tendría un valor en el mercado ilícito de 286.581,38 euros.
La acusación pública entiende que los hechos relatados constituyen un delito contra la salud pública en su modalidad de sustancias que causan graven daño a la salud, por lo que solicita la citada pena privativa de libertad durante ocho años y seis meses, con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena, la referida multa de un millón de euros y la imposición de las costas.