La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, prevé rehabilitar en un plazo de unos dos años al menos 22 viejas viviendas en desuso localizadas en pequeños pueblos de Valladolid para destinarlas a alquiler social. Acogerán a colectivos catalogados como 'de especial protección' en la Ley de Vivienda de la Comunidad, sobre todo jóvenes, que podrán acceder por rentas muy inferiores a las que pagarían en el mercado libre, y aportarán su granito de arena para hacer frente a la despoblación del medio rural. Será a través del programa denominado Rehabitare, que ya cuenta con un listado de 49 inmuebles repartidos por 39 municipios de la provincia, todos de menos de 5.000 habitantes.

Actualmente hay 30 viviendas alquiladas y 2 en espera de adjudicar su alquiler, así como 15 en licitación o en fase de rehabilitación. 

La inversión regional ya realizada en esta provincia (por lo destinado a presupuestos de adjudicación de reformas) asciende a unos 2,6 millones de euros, y lo que queda pendiente de aquí a 2026 rondará los dos millones más para acometer 22 intervenciones, 14 al 100% por la Junta y 8 al 50% con la Diputación. Asimismo, a nivel regional van 513 viviendas rehabilitadas y 26,8 millones invertidos, y el Ejecutivo autonómico cuenta con llegar al final de la legislatura a 660 y 39,5, respectivamente. 

Rehabitare comenzó como un proyecto piloto en Palencia en 2009, año en el que se rehabilitaron 17 viviendas de cinco pueblos de dicha provincia con una inversión total de casi un millón de euros (985.342), y no fue hasta 2016 cuando se extendió al resto de la Comunidad, incluida Valladolid, tras el parón que causó la crisis. Arrancó con idea de reaprovechar viviendas que fueran propiedad de los ayuntamientos y estas siguen siendo la gran mayoría pero, dada la acogida que tuvo el programa desde el principio, también se adhirieron varios obispados de Castilla y León (para poner en alquiler social las casas de los curas), además de las nueve diputaciones.

El proceso es sencillo: tras la cesión del inmueble, la Dirección General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo de la Junta contrata las obras de rehabilitación necesarias para, una vez finalizadas, devolverlo a la institución titular, que lo ofrece en régimen de alquiler social a familias u otros colectivos de especial protección previstos en la ya citada Ley 9/2010. Ahí se reseñan las familias, «y en particular las numerosas, monoparentales con hijos menores de edad a cargo, o bien con hijos mayores de edad en situación de dependencia»; las personas dependientes o con discapacidad, junto a sus familias; mayores de 65 años, también junto a sus familias; jóvenes menores de 35 años; víctimas de violencia de género y de terrorismo; o unidades familiares o de convivencia en riesgo de exclusión social.

El coste de rehabilitación de cada vivienda con cargo a la Junta se fijó en 40.000 euros más IVA en un principio, pero el encarecimiento de los materiales del los últimos años y de la mano de obra han elevado tal cifra a 80.000 más IVA, y la institución titular del inmueble puede asumir el compromiso de financiar por su cuenta el exceso, si se produce.

Así, a la vez que amplía el parque público de alquiler social y palía la despoblación, Rehabitare optimiza recursos municipales, restaura inmuebles valiosos patrimonialmente y revitaliza espacios tradicionales del entramado urbano municipal. Y ya de paso, se configura como un instrumento de reactivación económica y creación de empleo en el medio rural, gracias a la implicación de las empresas locales en las obras de rehabilitación que se acometen.

Nuevos vecinos que salvan servicios para los pueblos

Los primeros pueblos de Valladolid que aprovecharon la oportunidad de Rehabitare (2016) fueron Matapozuelos, Alaejos, Villalón de Campos, Campaspero y Valbuena de Duero, si bien este último destaca también entre los que se han beneficiado de manera muy especial recientemente. No en vano, hace sólo unos meses que su Ayuntamiento volvió a alquilar la vivienda que reformó con cargo a este programa, readjudicada por concurso a finales de la pasada primavera. Un caso paradigmático de lo que se busca con tal iniciativa.

De hecho, con un total de 49 viviendas incluidas en el listado Rehabitare (a la espera de la veintena que se incorpore en estos próximos años), aunque ya estuvieran todas disponibles, difícilmente serán más de 150 o 200 las personas que se beneficien de tales alquileres a bajo precio, cifra que bien puede considerarse pequeña y sin embargo importante al mismo tiempo, según desde qué punto de vista se valore. Porque ciertamente son pocos destinatarios desde la perspectiva de una gran urbe en la que un par de edificios ya pueden dar para que residan en ellos una cantidad semejante de personas pero, desde la cruda realidad del medio rural, es otra historia.

Valbuena, sin ir más lejos, salvaba con aquel alquiler la continuidad de su colegio y su centro médico gracias a la llegada de tres nuevos vecinos, un hombre de 35 años y sus dos hijos, de 7 y 4. Un perfil claro de familia joven y monoparental que así se ha podido alojar en una casa de dos plantas y 86 metros cuadrados útiles por sólo 150 euros al mes.

Dentro de las condiciones del programa, además, se establece que la renta a abonar por el arrendatario de una de estas viviendas no puede exceder de una tercera parte de sus ingresos ni de 2 euros por metro cuadrado útil.

Después de las cinco primeras viviendas en 2016, de 2017 a 2020 el programa siguió creciendo en Valladolid a un ritmo de entre cuatro y cinco más por año, hasta que aceleró en 2021 con otras doce.

El valor patrimonial añadido de este programa tiene un ejemplo en Quintanilla de Trigueros, uno de los municipios que se incorporó en 2021 con la aportación del edificio que durante años acogió su propio Ayuntamiento y que, segúnCatastro, data nada más y nada menos que de 1880. Cuenta con dos plantas y la primera ya se dedicaba a una vivienda de alquiler, de modo que la reforma se abordó para separar una nueva de la ya existente, con un presupuesto de 47.384 euros que se adjudicó a una empresa de la zona, Obras y Servicios Trigueros del Valle.

Otras viviendas no son tan antiguas, pero sí manifiestamente inhabitables, tal y como sucedía con una adosada de Brahojos de Medina que se construyó en 1950 y que, como la de Quintanilla de Trigueros, entró en el programa en 2021. Su vieja distribución no cumplía con las superficies mínimas de habitabilidad y tras la reforma pasó de tener tres dormitorios de siete metros cuadrados cada uno a sólo dos, pero de 12 y 13 m2. La reforma salió por 48.363 euros y recibió el encargo otra empresa local, José Manuel Sanz Jiménez.

Esa obra se acabó en mayo de 2022, año en el que se incorporaron diez viviendas más. Otra media docena en 2023 y en los dos próximos años, al menos 19 más que completarán la previsión de alcanzar 68 con una inversión global de más de 4,5 millones de euros.