La mala situación del Centro de Transferencia de Residuos (CTR) y del vertedero de nuestra ciudad es un asunto crónico. Se mantiene a pesar del comienzo de las obras, que, obviamente, se han retrasado en demasía. Las actuaciones administrativas previas a la ampliación del vertedero no han finalizado mientras que el vertedero está prácticamente colmatado. Los malos olores que llegan a la ciudad en cuanto empieza el calor se mantienen como una constante. Las bolsas de basura que llegan al CTR acaban en las tierras de los alrededores y la basura que se deposita en el vertedero sigue sin empacarse. Las condiciones de trabajo de los operarios de la planta son malas y el comienzo de las obras dificulta su trabajo. 

Esta precaria situación podría ser muy diferente si se hubiese optado por la remunicipalización de la planta. El Ayuntamiento de Valladolid podía haber iniciado hace muchos años la aprobación de un proyecto que hubiese contado con todos los permisos pertinentes para el momento de finalización de la vieja concesión del Centro y podía haber realizado las inversiones de mejora correspondientes en plazos razonables.

Al no haber optado por esa dinámica se ha producido un grave deterioro de la situación que se manifiesta en la relación entre los datos de «entradas totales de residuos al CTR» y las «salidas posteriores al vertedero» que se recogen anualmente en los Informes Anuales de Condicionado Ambiental de la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos y Vertedero de Valladolid. En 2016 dicha relación era un 74% pero a partir de 2020 superó el 20%, para acabar, en los últimos años, alrededor del 83%.

Los datos hablan por sí solos. Todo el esfuerzo de separación de residuos de las personas y todo el proceso de recogida de residuos sólidos urbanos termina (más de un 80%), en el vertedero sin ningún tipo de reciclaje.

Esta posición desfavorable requiere de un cambio estructural que permita avanzar hacia el cumplimiento de los objetivos normativos y la orientación hacia las prioridades marcadas en la jerarquía de residuos (prevención, reutilización y reciclado, por ese orden), tal y como señala el Informe de la AIREF Estudio Gestión de residuos municipales de julio de 2023.

En el mismo se defiende «el sistema de pago por generación» para los residuos orgánicos del que se dice que «ha resultado un instrumento útil en el diseño de las tasas municipales de recogida y tratamiento (cada hogar paga en función de los residuos que genera, es decir, según el uso del servicio, al igual que otros servicios municipales como el agua o el estacionamiento regulado)». «La evidencia muestra cómo ese sistema aumenta sus efectos si viene acompañado de bonificaciones que incentiven conductas favorables como una mejor separación».

El estudio también analiza «la responsabilidad ampliada del productor (RAP), instrumento que traslada al productor el coste de gestión de los residuos» y destaca que «es abundante la evidencia empírica que destaca cómo el SDRR (sistema de depósito, devolución y retorno, con implicación de productores, grandes usuarios de envases y centros comerciales), es de los más eficaces en la gestión de residuos y se percibe como útil por la ciudadanía». El problema parece ser que ese tipo de sistemas acabarían con el dañino monopolio de Ecoembes.

Por estas razones, desde Ecologistas en Acción, pedimos, al Ayuntamiento de Valladolid y al conjunto de administraciones implicadas, la puesta en marcha de un programa piloto de SDDR; medidas de apoyo a la ciudadanía para la recogida separada de la fracción orgánica; y el diseño de campañas de concienciación con enfoque estratégico y evaluación de su impacto. Sólo medidas de este tipo, con mayor participación ciudadana y con mayor participación de los municipios y comarcas de la provincia, permitirán que los residuos orgánicos viajen lo menos posible y vuelvan a la tierra allí donde se generan.