El presidente del Consejo Económico y Social, Antón Costas, propuso ayer aprovechar el talento de los profesionales que a los 65 años o antes se ven expulsados de la sanidad pública, así como las oportunidades que ofrece la enfermería y otros actores como la farmacia para atajar la crisis de recursos humanos del sistema nacional de salud. También cuestionó los 'numeros clausus' en las facultades de la universidad pública, que envían a la privada a los que optan por estos estudios de ciencias de la salud.

La sede del CES de Castilla León en Valladolid acogió la jornada 'El sistema sanitario: situación actual y perspectivas de futuro', moderada por la directora general de Planificación Sanitaria, Investigación e Innovación de la Junta, Sonia Martín. Previamente, Costas abogó por introducir transformaciones en la organización del sistema, de forma que el fenómeno «positivo» de la longevidad permita sacar mayor rendimiento al talento existente.

En ese sentido, el presidente del CES señaló que el informe alude en sus soluciones a las farmacias, que pueden prestar más servicios o la enfermería y consideró que la apertura de nuevas facultades de Medicina previstas en León y Burgos es «una vía a explorar» para atajar la falta de recursos humanos, ya que señaló en los últimos años la contratación de profesionales ha sido «importante, pero no suficiente».

Precisamente, Antón Costas situó al sistema sanitario en una «encrucijada» en la que debe escoger un camino para el futuro, puesto que se están encendiendo a su juicio «señales de alarma», que comparó con las luces amarillas de un «semáforo». Se trata, a su juicio, del aumento de las listas de espera, los obstáculos en el acceso, la enfermedad mental y la crisis de gobernanza y la necesidad de más profesionales, que insistió exige planificación a largo plazo.

De esta forma, Costas advirtió que las listas de espera en la Atención Primaria pueden provocar una «huida» del sistema público, lo que con el tiempo puede generar un «problema muy importante» al convertirlo en asistencialista y no universal. También denunció la existencia de cuatro sesgos que impiden el acceso al sistema público, vinculados al edadismo, el género, de clase -vinculado a la obesidad- y geográfico, entre el ámbito urbano y rural, según informa Ical.

También, aludió al crecimiento «casi dramático» de la enfermedad mental, que señaló no es una consecuencia sólo de la covid, si bien apuntó que lo ha acentuado. Indicó que su coste económico directo ya es muy considerable, puesto que en 2023 se estimaba en el 4,5% del Producto Interior Bruto, a lo que sumó el aumento de horas de trabajo perdidas y las bajas, desde las 250.000 a las 650.000.

Por todo ello, el presidente del CES explicó que el informe plantea soluciones ante las «cicatrices» que dejó la anterior crisis económica y la pandemia, el aumento de la esperanza de vida o los efectos del cambio climático. Además, recordó la importancia de la salud en la economía de mercado y el papel de la política social en un estado de derecho.